Vecinos de Miraflores recurrieron a la CIDH tras cuestionar el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la inmobiliaria, resolución en la que participaron los ministros Diego Simpertigue —destituido del máximo tribunal— y Jean Pierre Matus –actualmente bajo investigación–.
visitas
Vecinos de Viña del Mar, agrupados en el Comité de Acción Ciudadana Contra el Proyecto Inmobiliario Miraflores (CACPIM), se manifestaron una vez más en contra del proyecto inmobiliario de cinco torres de edificios, de 15 pisos cada uno y alrededor 500 departamentos, que se busca materializar en la población Navarino.
Fue hace tres años cuando comenzó este conflicto, el cual llevaría al sector a más de 2.500 vecinos nuevos, lo que –a juicio de los residentes organizados– se traduciría en daños, perjuicios y riesgo a toda la comunidad y al sector de Miraflores.
Pero también apuntan a eventuales daños medioambientales con el desarrollo del proyecto, ya que se contempla intervenir un sector de área verde, donde existen dos quebradas vivas, una de las cuales ya fue intervenida por una inmobiliaria, situación que representaría un riesgo de remoción en masa y de posibles aluviones.
A esto se suma la presencia del colegio Ana María Janer, ubicado a los pies de una cantera donde se proyecta la edificación de una de estas grandes torres. Esto se suma a un posible colapso de los servicios de alcantarillado y de agua potable en este sector de Miraflores, los que ya registran serios problemas en la actualidad.
Javier Alvarado, presidente del Comité de Acción Ciudadano Miraflores, explicó a Puranoticia.cl que "lo más perjudicial para los sectores aledaños y superiores es el colapso de la avenida Lusitania, ya que se trata de una de las vías de evacuación de todo el sector, que se vería sobrecargada con esta cantidad de personas".
Ante todos estos problemas, los vecinos viñamarinos acudieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con un recurso que les fue favorable, ganando con contundencia y unanimidad. No obstante, la inmobiliaria llevó el caso a la Corte Suprema donde, pese a todos los antecedentes, fue desfavorable para los vecinos.
Pese a que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar declaró el proyecto como "inviable", y organismos técnicos como Sernageomin, DOH y DGA advirtieron riesgos críticos de aluviones, remociones en masa e incendios, la construcción continúa bajo el amparo del sistema judicial de nuestro país.
Esto llevó a los vecinos a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una serie de medidas cautelares urgentes para detener las obras y anular los permisos obtenidos al cierre de la administración Reginato y dias antes de la renuncia del exdirector de Obras Municipales, Julio Ventura.
"La CIDH en estos momentos está en estudio de los antecedentes que nosotros le hemos enviado. Positivamente hemos recibido la confirmación de que estos antecedentes han sido recepcionados y en estos próximos días debería ya confirmarse de que la Corte, en base a su reglamento interno, está en condiciones de poder estudiar nuestra situación", señaló el dirigente de los vecinos.
Finalmente, los vecinos de Miraflores señalaron que solicitud de su presentación ante la CIDH se debe, en parte a que cuestionan la legitimidad ética del fallo de la Corte Suprema (del 8 de agosto de 2025) que favoreció a la inmobiliaria, ya que la resolución fue redactada por el exministro Diego Simpertigue, quien fue destituido unánimemente por el Senado el 22 de diciembre pasado por "notable abandono de deberes" y falta de imparcialidad; pero también por el ministro Jean Pierre Matus, segundo integrante de la sala y hoy bajo investigación y autodenuncia por vínculos con el sistema de influencias del caso Hermosilla, además de pagos indirectos.
PURANOTICIA
