Damnificados de esta tragedia acudieron al diputado Tomás Lagomarsino para solicitarle que oficie a la Fiscalía para exigirle que acelere las indagatorias en esta arista del caso.
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Preocupados se encuentran los damnificados y familiares de las víctimas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, pues a más de un año de la tragedia, denuncian que la investigación respecto de las eventuales responsabilidades de las autoridades sigue estancada, sin presentar avances significativos.
Por lo mismo, solicitaron al diputado Tomás Lagomarsino que oficie a la Fiscalía para exigir celeridad en esta arista, subrayando que, sin responsables identificados, la sensación de impunidad continúa profundizando el dolor de las familias.
El parlamentario del Partido Radical explicó que “la falta de servicio, el no haber iniciado oportunamente un proceso de evacuación cuando ya se tenía, con tanta anticipación, la información de que el fuego estaba próximo, eso es el delito. Eso es lo que configura el delito. Con esa información circunscrita, objetiva, clara y establecida, yo llegué a la convicción de que efectivamente existe un delito. Por eso me querellé contra quienes estaban en el Puesto de Mando Unificado: cerca de 28 personas que recibieron dos comunicaciones respecto al avance del fuego hacia sectores urbanos y que, aun así, no iniciaron un proceso de evacuación teniendo la oportunidad de hacerlo de manera preventiva”.
Por su parte, el abogado Felipe Olea, socio de la oficina de abogados que representa a familiares de más de 60 de víctimas del incendio y a más de 350 propietarios afectados, precisó que “la única manera en que las familias sientan que hay justicia, es que no se corte el cable por lo más delgado. Por eso se valora que se esté buscando la responsabilidad en los cargos más altos. Tenemos que identificar dónde se equivocaron los puestos de mando, dónde estuvieron las negligencias, y entender que esas personas no solo no pueden seguir desempeñando sus cargos, sino que incluso pueden enfrentar responsabilidades personales”.
La situación también se enmarca en graves denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos. Los afectados sostienen que, además de haber perdido a sus seres queridos y sus viviendas, han debido soportar condiciones indignas de habitabilidad y la incertidumbre de un plan de reconstrucción inexistente. Esta combinación de abandono estatal e impunidad en las investigaciones constituye, a juicio de las familias y de sus representantes legales, una revictimización que atenta contra derechos básicos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile
Carlos Orellana, quien perdió a la madre de sus hijos y a su hija Anastasia en el siniestro, precisó que “las autoridades que estuvieron en ese momento y que tenían la obligación de protegernos, porque así lo dicta la Constitución, no hicieron nada. ¿A dónde están los Derechos Humanos de tener una vivienda digna cuando la gente ya lleva más de un año y medio viviendo en unas verdaderas porquerías de casas que les han dado?”.
En tanto, Felipe Villablanca, representante del grupo Sin FIBE e Inhábiles, enfatizó que “queremos justicia penal, porque después de un año y siete meses, con toda la ineficiencia que hemos constatado por parte del Estado y sin que exista ningún responsable, finalmente esto socava la democracia. No sé qué tenemos que esperar, ¿que nos sigan victimizando?, ¿que nos sigan torturando? Porque esto claramente ha sido una tortura: además de perder a nuestros familiares, tenemos que vivir la incertidumbre de si entramos o no a un plan de reconstrucción que, en la práctica, no existe. Nunca existió un plan real de reconstrucción; lo que se ha ofrecido es simplemente una asignación de subsidio habitacional convencional, sin ningún tipo de prioridad ni adaptación a la emergencia”.
PURANOTICIA
