Denuncia busca que se nombre a un veedor internacional para que revise las vulneraciones que se pudieron haber generado a los DD.HH. durante y después de la catástrofe.
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Familiares de 65 personas fallecidas durante el megaincendio que en febrero de 2024 arrasó con alrededor de 4.600 viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, presentaron una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por una “violación de derechos humanos".
La denuncia busca que se nombre a un veedor internacional para que revise las distintas vulneraciones que se podrían haber generado a los derechos humanos durante y después de la catástrofe vivida hace más de 19 meses atrás en la región de Valparaíso.
La ONU tendría un plazo de 30 días para realizar el nombramiento y se espera que el organismo internacional exija explicaciones formales al Estado de Chile, recomiende medidas inmediatas de reparación y monitoree el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materias de vivienda, salud e información.
"Existe un sentir de abandono entre las víctimas del megaincendio, que se suma al dolor de haber enfrentado una tragedia como ésta, sin que nadie se haga responsable de las negligencias que produjeron la muerte de 139 personas y la destrucción de un tercio de la ciudad", comentó a radio Biobío el abogado Felipe Olea.
El documento apunta al Estado chileno y sus organismos, tanto por su negligencia en el fallecimiento de 139 personas como por la falta de acciones posteriores, en cuanto a ayuda psicosocial y a la lenta reconstrucción de las casas destruidas.
Específicamente, el documento señala como responsables de la violación a los derechos humanos a la Conaf por “fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas”, al Senapred por “deficiencias en la coordinación y tardanza en emisión de alertas de evacuación”, y al Gobierno por “omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que mantiene a miles de familias en condiciones indignas a más de un año después del siniestro”.
“Estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en un sentido amplio, incluyendo al Gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades. Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y, es por ello, que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”, cerró el abogado.
PURANOTICIA
