Habitantes de Puchuncaví aseguran haber seguido camiones aljibe que trasladaban residuos hasta la planta de tratamiento en Concón. El hecho revive la controversia por el rechazo al eventual transporte de RILES desde una planta de jibia hacia esa misma comuna.
Hace apenas unas semanas, la posibilidad de trasladar residuos líquidos industriales (RILES) desde la proyectada planta procesadora de jibia en Puchuncaví a la unidad de tratamiento de Esval en Concón generó una fuerte controversia. La iniciativa motivó el abierto rechazo del alcalde Freddy Ramírez, quien advirtió sobre los riesgos ambientales y sanitarios asociados al transporte de estos residuos a su comuna.
Ahora, una nueva situación vuelve a poner el foco sobre el traslado de líquidos residuales hacia Concón. Esta vez no se trata de un proyecto en evaluación ambiental, sino de una denuncia realizada por vecinos de la localidad de Horcón, en la comuna de Puchuncaví, quienes aseguran haber constatado el transporte de aguas servidas desde la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ubicada en el camino Los Pescadores, hasta la planta de tratamiento de Esval, emplazada en Concón.
La denuncia cobra especial relevancia considerando que dicha planta fue objeto de un reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó que la instalación permaneció operando ocho años sin la autorización sanitaria correspondiente.

Asimismo, el órgano contralor estableció que entre los años 2021 y 2025 la Municipalidad de Puchuncaví destinó más de $959 millones a labores de operación, mantención, reparación y mejoramiento de la planta, pese a no existir un plan técnico integral y validado que respaldara dichas inversiones. Por este motivo, instruyó a la casa edilicia adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación, mientras se investigan las eventuales responsabilidades administrativas.
Fue precisamente en ese contexto que vecinos del sector comenzaron a advertir un inusual movimiento de camiones aljibe ingresando y saliendo desde la planta.
Un vecino del sector señaló que "lo que nos llamó la atención fue el movimiento constante de camiones aljibe. Fuimos a preguntarle a uno de los conductores qué estaba pasando y nos dijo que el destino de las aguas servidas era Concón. Ahí empezamos a registrar los vehículos y a seguir su recorrido para entender qué estaba ocurriendo realmente".
De acuerdo con el mismo testimonio, durante la jornada anterior se habrían retirado cerca de 60 mil litros de aguas servidas desde la planta, mediante seis viajes efectuados por camiones aljibe con capacidades de 4.000 y 6.000 litros.
Según los registros audiovisuales recopilados por la propia comunidad, los vehículos salieron desde las inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Horcón, continuaron por el Camino Viejo hasta empalmar con la ruta F-30-E y luego ingresaron a la planta de tratamiento de Esval, ubicada en Concón.

La situación reabrió inmediatamente el debate sobre los criterios con que se fiscalizan distintos proyectos e instalaciones en la zona. Y es que mientras el eventual traslado de RILES desde la futura planta de jibia hacia Concón generó una amplia discusión pública y un férreo rechazo de autoridades comunales antes incluso de concretarse, ahora son los propios vecinos quienes advierten que aguas servidas provenientes de una planta observada por Contraloría estarían siendo trasladadas a la misma comuna.
En ese sentido, los residentes manifestaron que "como vecinos nos llama mucho la atención esta situación. Nos cuesta entender que una planta pueda funcionar durante años sin los permisos correspondientes y que recién ahora se conozca todo esto. Y hoy, además, aparecen estos traslados hacia Concón, pero no vemos la misma preocupación de las autoridades. Al final, pareciera que para algunos proyectos hay un estándar y para otros, otro completamente distinto”.
De esta manera, la denuncia vuelve a instalar en el debate público la discusión sobre el destino de residuos líquidos en la zona y sobre los criterios aplicados por las autoridades para fiscalizar iniciativas que involucran potenciales impactos ambientales, especialmente cuando el punto de destino vuelve a ser la planta de tratamiento de Esval ubicada en Concón, protagonista también de la reciente controversia generada por el proyecto de la planta de jibia de los pescadores de Puchuncaví.
PURANOTICIA