Denuncian ante Contraloría presuntas irregularidades en edificio de Concón donde intervino hermano del ministro Quiroz

Una controversia se abrió en torno al edificio Boulevard Montemar de Concón, luego de que la Fundación Defendamos la Ciudad solicitara a la Contraloría General de la República una fiscalización especial e integral respecto de una serie de presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas asociadas a este proyecto inmobiliario.

La presentación fue ingresada el pasado sábado 19 de septiembre y corresponde a una adhesión del abogado Patricio Herman, en representación de la organización ciudadana, a las denuncias que previamente había formulado la abogada Susan Escobar Gatica ante organismos públicos de la región de Valparaíso.

El escrito dirigido a la contralora Dorothy Pérez sostiene que las situaciones denunciadas han sido puestas en conocimiento de la Municipalidad de Concón, su Dirección de Obras Municipales, la Contraloría Regional y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otros organismos. Según los denunciantes, pese a fiscalizaciones, sanciones y resoluciones, algunas de las situaciones continuarían sin ser subsanadas.

Uno de los nombres que aparece expresamente mencionado en la presentación es el del arquitecto Víctor Quiroz, quien, junto a Raúl Puelma, es señalado como uno de los profesionales que habrían intervenido en la confección de planos posteriormente utilizados para modificar la configuración del condominio conconino.

La presentación sostiene que existirían antecedentes de que dichos planos no habrían sido aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón y que las modificaciones habrían afectado estacionamientos de visita y para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, circulaciones, terrazas, techumbre, azotea, escaleras y otros bienes comunes.

Por ello, uno de los requerimientos a Contraloría consiste precisamente en confrontar los planos oficialmente aprobados y archivados por la DOM con aquellos que posteriormente habrían sido utilizados para modificar el Reglamento de Copropiedad y asignar determinados sectores a unidades privadas.

OTRAS DENUNCIAS

El documento también apunta a la utilización comercial de sectores que, según los denunciantes, corresponderían a estacionamientos de visita, jardines y antejardines.

En particular, se solicita revisar la existencia de una patente municipal asociada a la explotación comercial de estacionamientos vinculados al Strip Center y determinar si dicha actividad resulta compatible con los permisos de edificación, planos aprobados y normativa urbanística.

Otro de los puntos dice relación con obras ejecutadas en los pisos 17 y 18. La presentación afirma que la propia DOM habría constatado obras ilegales y que estos antecedentes derivaron en actuaciones administrativas y judiciales, incluyendo las Resoluciones DOM N.º 158/2025, 175/2025 y 241/2025, además del Decreto Alcaldicio N.º 2105/2026, que habría ordenado la demolición de dichas obras.

El cuestionamiento planteado ante la Contraloría General de la República apunta a determinar por qué, pese a esa orden, las obras permanecerían en el lugar.

A ello se suma una denuncia respecto de nuevas instalaciones en el piso 18, específicamente en la oficina 1801, donde el documento señala que existirían antecedentes sobre infraestructura tecnológica asociada a un Data Center, pese a que ese sector estaría afectado por las infracciones urbanísticas y las medidas de demolición mencionadas.

La presentación incorpora además antecedentes relacionados con fiscalizaciones de la SEC por presuntas irregularidades eléctricas. Entre ellas menciona sellos vulnerados, modificaciones de conexiones y diferencias entre las instalaciones existentes y sus antecedentes técnicos.

Uno de los puntos que los denunciantes califican como especialmente relevante corresponde a la existencia de conductores vinculados al piso 18, oficina 1801, que —según el escrito— habrían sido derivados hacia un empalme correspondiente al piso 8, atravesando sectores comunes.

HERMANO DEL MINISTRO QUIROZ

La mención de Víctor Quiroz adquiere, además, una dimensión adicional debido a que el arquitecto es hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La relación familiar ha sido consignada públicamente en documentos de la Cámara de Diputadas y Diputados y en reportes periodísticos recientes.

Además, vale hacer presente que el nombre de Víctor Quiroz ya había aparecido durante las últimas semanas en la controversia relacionada con el proyecto inmobiliario Alto Santorini, también en Concón. De acuerdo con antecedentes difundidos por CiperChile y otros medios, Quiroz está vinculado a esa iniciativa inmobiliaria y participa en su diseño a través de la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos.

En agosto, además, se generó una controversia en torno a un registro de la Ley de Lobby relacionado con Alto Santorini. Inicialmente, la plataforma consignó a Víctor Quiroz entre los asistentes a una audiencia realizada el 8 de junio con representantes del proyecto y al delegado Manuel Millones. Posteriormente, la Delegación Presidencial modificó el registro y señaló que Quiroz no había participado de la reunión.

El proyecto Alto Santorini también ha estado en el centro de cuestionamientos políticos por su vinculación con el hermano del ministro de Hacienda y por el mecanismo impulsado desde esa cartera para acelerar la tramitación de proyectos de inversión. Jorge Quiroz ha descartado que exista un conflicto de interés y ha sostenido que Hacienda no interviene en la aprobación ambiental de los proyectos.

QUÉ DEBE REVISAR CONTRALORÍA

En el caso de Boulevard Montemar, la Fundación Defendamos la Ciudad no solicita únicamente revisar la existencia de las presuntas irregularidades, sino también determinar por qué situaciones que, según sostiene, ya habrían sido detectadas por organismos públicos continuarían produciendo efectos.

Entre sus peticiones se encuentra establecer eventuales responsabilidades administrativas derivadas de acciones u omisiones que hubieran permitido la persistencia de las situaciones denunciadas.

Asimismo, solicita que, si durante la fiscalización aparecieran antecedentes que pudieran revestir caracteres de delito, estos sean remitidos a los organismos competentes.

Cabe hacer presente que la presentación no establece por sí misma la existencia de las irregularidades denunciadas ni responsabilidades de las personas mencionadas. Lo que pide es que Contraloría confronte los antecedentes, revise las actuaciones de los organismos públicos involucrados y determine si se ajustaron a la normativa vigente.

PURANOTICIA