La Unión de Condominios Sociales acusa abandono por parte de las autoridades y denuncia que el plan nacional de la Subtel los deja fuera de la normativa "Chao Cables", pese a estar amparados por la ley tras una larga batalla legislativa que iniciaron en 2019.
Una profunda sensación de desplazamiento y abandono es la que vive la Asociación Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar (Ucoso). A pesar de haber luchado durante años para ser incorporados en la Ley 21.172, popularmente conocida como "Chao Cables", los vecinos denuncian que los nuevos planes gubernamentales de retiro de cableado los han dejado completamente al margen, priorizando únicamente la vía pública.
La problemática no es nueva. Desde la constitución de la asociación en el año 2019, los dirigentes han alertado sobre el progresivo deterioro de sus entornos habitacionales debido al despliegue desmedido de líneas aéreas y antenas.
"Nunca pensamos e imaginamos el daño que nos traería el despliegue de cablerío y antenas sobre las fachadas de nuestros edificios", explica Iván Mardones González, presidente de Ucoso.

Tras intensas gestiones que incluyeron exposiciones en el Congreso Nacional y el apoyo de parlamentarios en la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, la organización logró que el 18 de agosto de 2019 se aprobara la inclusión de los condominios sociales dentro de la legislación. Sin embargo, la burocracia estatal retrasó la publicación del reglamento del "Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones" por seis años.
A pesar de que el reglamento ya está vigente, las empresas de telecomunicaciones han hecho caso omiso a las normativas. Específicamente, los vecinos apuntan al Artículo 28 del Título III (Capítulo III), el cual estipula que, de no existir canalizaciones adecuadas para el cableado activo, las empresas deben construirlas previo acuerdo con los residentes.

"Las empresas continúan sin miramientos e irrumpen causando daños en las fachadas. (…) No quieren asumir los costos que significa solucionar esto", denuncia Mardones.
A este escenario se suma la irrupción de la empresa ON NET FIBRA, la cual —según acusan desde la dirigencia— mantiene un monopolio de la infraestructura de fibra óptica en la zona, realizando contratos directos con proveedores de servicios e instalando más líneas sobre las ya colapsadas fachadas, sin hacerse cargo del retiro de los materiales obsoletos.
La gota que rebasó el vaso para los pobladores de Viña del Mar fue el reciente anuncio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) respecto a un plan nacional para retirar las líneas aéreas inactivas. Al revisar los detalles, la sorpresa de los vecinos fue mayúscula al constatar que las zonas residenciales copropias y condominios sociales no figuran en las áreas de intervención.

"Nos enteramos recientemente del plan nacional de retiro de cables en desuso en vía pública que está promocionando Subtel, plan del cual no aparece por ninguna parte y no se mencionan los condominios sociales. Nosotros estamos en la ley, ¿por qué no se nos menciona? Se está pensando solamente en el retiro de cables en desuso en la vía pública; nos sentimos desplazados y ninguneados", fustiga con dureza el presidente de Ucoso.
A nivel local, la directiva sostuvo un encuentro el pasado 4 de mayo con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, a quien le expusieron la urgencia del caso, sin obtener respuestas concretas hasta la fecha. Ante el silencio regional,
la agrupación ha ingresado solicitudes formales mediante la Ley de Lobby para reunirse de forma urgente en Santiago con el ministro de la cartera, Louis de Grande, y la subsecretaria Romina Garrido.

Para los afectados, la situación ya escaló de un problema netamente estético a uno que impacta directamente en la plusvalía de sus hogares, la seguridad ante eventuales incendios o accidentes eléctricos, y el medio ambiente.
"Nosotros tenemos la solución, se lo planteamos al Seremi y a otras autoridades (...) Al parecer no cobran valor nuestras gestiones, pero sí que va a solucionar significativamente esta anomalía que implementaron e impusieron las empresas en muchos condominios sociales, no solo de Viña del Mar, sino que en todo Chile", concluye Iván Mardones, manteniendo la esperanza de que el gobierno central tome cartas en el asunto en favor de las miles de familias afectadas.

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