Informe ordenó sumario en el recinto tras constatar que profesionales contratados para anestesiología no estaban registrados como especialistas ante la Superintendencia de Salud.
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La Contraloría General de la República detectó una grave irregularidad en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de concluir que 12 médicos que prestaron servicios de anestesiología durante el año 2024 no contaban con la especialidad registrada ante la Superintendencia de Salud; esto, a pesar de haber participado en 1.974 cirugías realizadas en el principal recinto asistencial de la Quinta Región.
Así quedó establecido en el Informe Final N° 873 de 2025, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, documento que investigó la contratación de horas médicas a través de la empresa Gestión de Servicios Médicos SpA, tras una denuncia reservada que advertía que parte de los profesionales contratados no cumplían con la acreditación exigida para ejercer como anestesiólogos en el sistema público.
La investigación determinó que el establecimiento de salud porteño desembolsó un total de $464.424.000 para contratar 9.832,5 horas médicas de anestesiología durante el año 2024, mediante tres tratos directos con la empresa proveedora, luego de que dos licitaciones públicas fueran declaradas desiertas por falta de oferentes.
Sin embargo, al revisar la nómina de 25 médicos que prestaron esos servicios, la Contraloría constató que 12 de ellos no figuraban en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud con la especialidad de anestesiología reconocida en Chile, incumpliendo la normativa sanitaria vigente y las propias exigencias establecidas en los contratos suscritos por el recinto hospitalario.
Pese a ello, estos profesionales de la salud participaron en 1.974 intervenciones quirúrgicas durante ese año, de las cuales 892 correspondieron a cirugías de urgencia y otras 1.082 a procedimientos no urgentes o programados.
El organismo fiscalizador advirtió además que, a pesar de este incumplimiento, el Hospital Carlos Van Buren pagó íntegramente los servicios prestados por la empresa y no aplicó multas, cobró garantías ni puso término anticipado a los contratos, pese a que dichas sanciones estaban expresamente contempladas en las cláusulas contractuales en caso de que se produjeran faltas graves.
Según la Contraloría, esta situación vulnera no solo la normativa del Ministerio de Salud respecto de la certificación de especialidades médicas, sino también el principio de probidad administrativa, al permitir que recursos públicos fueran destinados a prestaciones que no cumplían con los requisitos exigidos para la contratación.
En sus descargos, el hospital base porteño sostuvo que varios de los médicos cuestionados sí tenían formación en anestesiología obtenida en universidades extranjeras –principalmente de Venezuela y Cuba– o eran egresados de programas de especialidad en Chile, argumentando que ello era suficiente para desempeñar funciones clínicas. También defendió la contratación señalando que existía un déficit crítico de anestesiólogos y que la medida fue adoptada para asegurar la continuidad de cirugías y mantener operativos los pabellones.
No obstante, la Contraloría desestimó esa explicación y reafirmó que, para ejercer como especialista en un hospital público chileno, los profesionales deben contar con la certificación formal reconocida por la institucionalidad nacional, ya sea mediante el registro en la Superintendencia de Salud o la acreditación correspondiente.
Debido a estos antecedentes, el ente fiscalizador ordenó al Hospital Carlos Van Buren instruir un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades, además de revisar la aplicación de sanciones contractuales a la empresa contratista. El recinto deberá informar a Contraloría en un plazo de 15 días hábiles sobre el inicio de ese proceso disciplinario.
A través de un comunicado, el Hospital Carlos van Buren señaló que se vio en la necesidad de contratar servicios de anestesiología en el marco de la normativa vigente de compras públicas, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención en las unidades de emergencia y pabellones de urgencia. Acerca de los 12 profesionales observados en el informe, explicaron que todos contaban con estudios de anestesiología cursados en sus respectivos países de origen, aunque algunos no tenían la certificación validada ante la Superintendencia de Salud en nuestro país.
El caso abre un nuevo flanco para el principal hospital público de la región de Valparaíso, en medio de cuestionamientos por su gestión administrativa y por la compleja situación que enfrenta en materia de personal médico especializado, particularmente en áreas críticas para el funcionamiento quirúrgico del establecimiento.
PURANOTICIA
