Abogado de la agrupación vecinal Forestal Seguro y Digno aseguró que, de haberse ejercido facultades fiscalizadoras previas por parte de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, la empresa de Reinaldo Sánchez no habría podido participar de la licitación.
Tras la acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para frenar la adjudicación de la unidad de servicio de Viña Bus en el transporte público del Gran Valparaíso, la Agrupación Vecinal Forestal Seguro y Digno apuntó directamente a la falta de fiscalización previa de las autoridades como la razón que permitió a la cuestionada empresa de Reinaldo Sánchez quedarse con el nuevo contrato.
En entrevista con Puranoticia.cl, Jenny Carreño, dirigenta de la organización, y el abogado Moisés Escobar, detallaron los argumentos legales y las duras vivencias diarias de los más de 50 mil habitantes de este sector de Viña del Mar, quienes aseguran quedar en completo aislamiento pasadas las ocho de la noche.
El núcleo de la crítica apunta a que el marco legal vigente entregaba las herramientas necesarias para haber dejado fuera de competencia a la empresa ligada al dirigente microbusero, mucho antes de que se visara la licitación el pasado 6 de marzo.
Según explicó el abogado Moisés Escobar, las bases teóricamente impedían beneficiar a operadores con fallas graves reiteradas, pero la autoridad correspondiente no actuó a tiempo.

Al respecto, el jurista explicó que "de haberse ejercitado las facultades legales que corresponden a la Seremi en términos de fiscalización, es decir, haber aplicado el artículo 3° de la ley 1696, en ese caso, claramente esta empresa no habría podido participar, porque se le habría excluido ya de antes".
El jurista detalló además que el recurso de protección busca que el tribunal "restablezca el imperio del derecho" ante la contradicción entre los informes técnicos locales y la Contraloría General. Mientras que la Contraloría Regional de Valparaíso ha emitido auditorías previas que advertían que la firma no debía continuar, el organismo central terminó visando el proceso.
Por su parte, Jenny Carreño enfatizó que la resistencia de la comunidad no responde a un capricho, sino a una década de negligencias sistematizadas que ya en 2020 obligaron a la Corte Suprema a dictar un fallo en favor del derecho a la vida y la integridad de los vecinos.
Carreño denunció el grave desamparo conectivo que sufren tras el horario laboral, diciendo que "después de las 8 de la noche ya es difícil encontrar locomoción colectiva y la gente lo único que tiene a su mano son los colectivos que se hacen absolutamente insuficientes y los piratas (...) los Uber no van a Forestal en la noche. No llega a estar considerado zona roja".

Asimismo, la dirigenta criticó el secretismo que rodeó el concurso público, revelando que el Consejo para la Transparencia respaldó la decisión de la autoridad de negarles el acceso a las bases de licitación bajo el argumento de que conocerlas "pondría en peligro la libertad de participación" de los oferentes.
Para los vecinos, el problema de fondo radica en el modelo económico del transporte mayor, que fomenta la agresividad en las calles y la discriminación de pasajeros.
"Cuando tú tienes esta precariedad tan alta del transporte público, todo el mundo busca soluciones particulares y la ciudad no da abasto para que todo el mundo tenga autos (...) Queremos un transporte donde el chofer trabajara con un sueldo fijo, con incentivos que no significaran comprometer su sueldo (...) No en que el chofer se juegue su salario preparando y subiendo gente al micro".
La líder comunitaria concluyó señalando que el actual sistema castiga directamente a los escolares y a los adultos mayores o personas con movilidad reducida, ya que para los conductores detenidos en la "carrera por el boleto", subirlos simplemente "no es rentable".
La agrupación vecinal se mantiene a la espera de que la Corte de Apelaciones se pronuncie respecto a las solicitudes de información y exhibición de las comunicaciones internas entre Viña Bus, la Seremi y la Contraloría para resolver el fondo de la controversia.
PURANOTICIA