Mientras el Gobierno avanza en las coordinaciones para materializar el operativo el lunes 29 de septiembre, algunas familias que residen en la toma Calicheros han asegurado que sólo hay orden de demolición, no de desalojo. "Entonces no me pueden sacar de mi casa", dicen.
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Una serie de reuniones de coordinación han mantenido autoridades de Gobierno y de Carabineros para llevar a cabo el desalojo y demolición de las viviendas levantadas de manera irregular en el sector Calicheros de la comuna de Quilpué, en una acción que promete sacar más algunas ronchas debido a la postura de algunos pobladores.
Cabe recordar que el paño tomado por alrededor de 130 familias pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, quien en mayo del año 2020 fue asesinado en la puerta de su casa a través de un crimen por encargo que se materializó luego de que la víctima denunciara el loteo ilegal de su predio ubicado en la Ciudad del Sol.
En ese contexto, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso dio a conocer que el procedimiento de desalojo y demolición se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, poniendo fin a la toma y regresándole el terreno a sus propietarios.
Esta medida se enmarca en la orden emitida en agosto pasado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ante la cual el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) llamó a los habitantes del sector Calicheros a acercarse a la Municipalidad de Quilpué para ser catastrados y tener un registro formal y actualizado de estas familias.
Lo expresado por el Serviu da pie a que tras el desalojo y demolición de la toma en Quilpué se puedan generar posibles soluciones habitacionales para el centenar de familias que actualmente residen en este espacio tomado de manera irregular.
En ese sentido, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, manifestó que "si bien, esto es materia de la Delegación Presidencial Regional, ya se han realizado las coordinaciones y hemos participados como Ministerio junto a Carabineros, para generar las coordinaciones para realizar esta demolición con la mayor celeridad posible y sin contratiempos, para que los dueños puedan tener su terreno".
Pero antes de materializar el procedimiento, se debe adjudicar la demolición a una empresa especializada en aquello, situación que se mantiene en curso.
Así lo dio a conocer a Puranoticia.cl la abogada que representa a la familia Correa, Jeanette Bruna, quien señaló que "ya tuvimos una reunión de coordinación, donde se nos dijo que la fecha exacta iba a ser el 29 de septiembre, en que se iba a entregar el terreno y hoy día se estaría adjudicando a una empresa que va a realizar la demolición. Además, hoy el Delegado Presidencial confirmó que todo sigue en pie".
Respecto a las sensaciones con las que queda la familia del empresario brutalmente asesinado en la puerta de su casa en Concón, la representante destacó que ese paso se trata de un avance, aunque reconoció que siguen mirándolo con cautela.
"Existen avances indudables. La adjudicación es lo que esperamos, pero seguimos con cautela hasta que no esté en proceso de ejecución", sostuvo Bruna.
Asimismo, indicó que espera que antes de materializar la demolición, las casi 130 familias que habitan la toma Calicheros de Quilpué salgan por su propia voluntad.
"Esperamos que se logre el retiro voluntario de los pobladores, pero eso depende mucho de sus asesores, que vayan a la Municipalidad de Quilpué a catastrarse para ver las ayudas sociales que se les puedan dar a quienes tengan derecho a ello", subrayó la abogada Jeanette Bruna en conversación con Puranoticia.cl.
Pero la situación que tendrá lugar el próximo lunes 29 de septiembre se anticipa como conflictiva, ya que algunos habitantes del lugar aseguran que se dará curso a la orden de demolición, pero que no existe una para desalojar las casas tomadas.
Jazmín Durán, una de las vecinas de Calicheros, señaló al matinal de Mega, «Mucho Gusto», que "acá la orden de demolición que emanó el Minvu el 2021 es la que quieren ejecutar, que es la que notificaron el año pasado, pero aquí no hay una orden de desalojo, sólo de demolición, y no es una orden judicial tampoco".
De igual forma, planteó que "conversamos con gente de Derechos Humanos y nos explicaban que con una orden de demolición pueden demoler mi casa, pero ¿si yo no quiero salir de mi casa? Porque Carabineros no me puede sacar de mi casa. Si no quiero, van a tener que demoler la casa encima mío porque no hay orden de desalojo entonces no me pueden sacar de mi casa. Estamos en un asunto legal".
La tensión crece a días de la fecha fijada para la demolición, en un escenario en que las autoridades buscan evitar un enfrentamiento y los pobladores exigen certezas legales antes de abandonar las viviendas levantadas. Mientras el Gobierno insiste en que el proceso cuenta con respaldo administrativo y que se ofrecerán alternativas habitacionales a quienes califiquen, el desenlace dependerá de la capacidad de diálogo y de que se logre un retiro voluntario que permita ejecutar la orden sin incidentes.
PURANOTICIA
