Diputado Hotuiti Teao presentó ante la Cámara Baja un proyecto de resolución orientado a establecer auditorías externas independientes y obligatorias.
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Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detecta graves irregularidades financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante la administración del exalcalde Jorge Sharp, el diputado Hotuiti Teao recalcó la necesidad de avanzar desde la denuncia hacia soluciones estructurales.
En ese contexto, el parlamentario independiente (aunque cercano a la UDI) recordó el proyecto de resolución que presentó en la Cámara de Diputados, orientado a establecer auditorías externas independientes y obligatorias al término de cada periodo municipal, como una herramienta permanente de control, transparencia y prevención.
“Precisamente para evitar que situaciones como estas se repitan, presenté un proyecto de resolución que obliga a realizar auditorías externas independientes al término de cada periodo municipal. No se trata de desconfianza ideológica, pues corre para todos los municipios por igual, sino de estándares básicos de transparencia. El costo de una auditoría externa es marginal si se compara con las diferencias millonarias que suelen detectarse tiempo después. Gastar algunos millones en control preventivo es infinitamente más responsable que perder miles de millones por falta de fiscalización”, puntualizó Teao.
También señaló que “el informe de la Contraloría no se basa en apreciaciones políticas, sino en hechos objetivos y verificables. La ausencia de rendiciones por cerca de $17 mil millones, las conciliaciones bancarias realizadas mediante simples planillas Excel y la existencia de saldos cuya trazabilidad no pudo ser acreditada dan cuenta de una administración financiera claramente deficiente. Estos antecedentes, por sí solos, permiten sostener que, de confirmarse responsabilidades, podrían configurarse faltas graves a la probidad administrativa”.
Asimismo, añadió que “cuando un informe oficial advierte la existencia de deudas sin respaldo suficiente, cheques caducados, giros no contabilizados oportunamente y retrasos reiterados en controles básicos, lo que queda en duda no es solo la prolijidad administrativa, sino la capacidad real del municipio para resguardar recursos públicos. Si estas prácticas se consolidaron en el tiempo, corresponderá que los órganos competentes determinen eventuales responsabilidades administrativas o legales. Ese es el camino institucional correcto y es precisamente lo que se debe exigir con firmeza”.
Finalmente, Teao sostuvo que “resulta especialmente delicado que el informe consigne observaciones sobre eventuales usos de recursos municipales en contextos que podrían tener connotación política o electoral. Si estos hechos llegaran a comprobarse, estaríamos frente a una situación derechamente inaceptable desde cualquier estándar democrático. Por eso es correcto y necesario que los antecedentes hayan sido remitidos a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, para que todas las dudas se despejen con total independencia y sin interferencias”.
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