Servicio de Vivienda y Urbanización indicó que, antes de proceder a la demolición, corresponde a los dueños solicitar y realizar el desalojo, al tratarse de un predio privado.
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La bancada de diputados de la UDI solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la actuación del Serviu de Valparaíso en relación con el caso de la toma de un terreno en Quilpué, propiedad de la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado por encargo en Concón durante el año 2020.
El terreno –que habría motivado el crimen– se encuentra ocupado desde hace años. Según determinó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar en 2022, Renato López contrató al colombiano Víctor Gutiérrez Londoño para asesinar al empresario debido a disputas vinculadas a estos lotes, donde se instalaron ocupantes que obstaculizaban un negocio del primero.
Durante esta semana, Valentina Correa, hija del empresario, denunció que está por cumplirse un año desde que la Corte de Apelaciones ordenó a la Seremi de Vivienda demoler las construcciones levantadas en el terreno, sin que ésta se haya ejecutado.
El Serviu respondió que, antes de proceder a la demolición, corresponde a los dueños solicitar y realizar el desalojo, al tratarse de un predio privado.
Ante esto, el presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), junto al diputado Hotuiti Teao (Ind.), acusaron que el Serviu “ha mostrado una conducta omisiva grave al negarse a cumplir un acto administrativo dictado por ellos mismos, sin que se hiciera referencia al presunto deber de los propietarios de realizar el desalojo”.
“Pareciera que el Serviu se olvidó de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya rechazó los mismos argumentos que hoy están esgrimiendo para negarse a cumplir con la propia resolución que ellos emitieron. En esa ocasión, el servicio nuevamente aludió —de manera absolutamente insólita, a nuestro entender— a que debía ser la familia Correa la que ejecutara el desalojo del terreno, lo que es francamente inentendible”, señalaron los parlamentarios.
Agregaron que “la misma resolución del Serviu establece la posibilidad de disponer el auxilio de la fuerza pública para concretar la demolición. Por lo tanto, nos parece que resulta fundamental que la Contraloría General de la República pueda emitir un pronunciamiento al respecto, porque estamos convencidos de que han actuado de manera omisiva al incumplir no sólo su propia resolución, sino que incluso un fallo judicial”.
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