La medida ha generado tensión entre los gendarmes del CCP de San Felipe, que denuncian que la inhabitabilidad se decretó solo mediante una inspección visual, que no les han dado mayor información y que las condiciones a las que llegan los reclusos son mucho más precarias.
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Bajo un clima de total incertidumbre se encuentran los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe, luego de que el recinto fuera declarado inhabitable tras una serie de obras mal ejecutadas. Y es que esta polémica decisión obligó al traslado de los casi 400 internos que cumplían condena en el penal aconcagüino, proceso que comenzó esta semana y que contempla su derivación hacia las cárceles de San Antonio, Casablanca, Los Andes y Valparaíso.
El cierre de la unidad penal se gatilló tras el inicio de trabajos de mejoramiento en los baños de cuatro dormitorios comunes, de un total de 15 existentes. Las obras habían sido adjudicadas a la empresa externa Constructora y Servicios Berroeta SpA mediante licitación, con el objetivo de renovar instalaciones que presentaban deterioro.
Sin embargo, una vez iniciadas las faenas, la empresa provocó daños estructurales que afectaron parte de los muros de los dormitorios N°3 y N°9, generando un nivel de afectación que encendió las alarmas dentro del recinto penitenciario. Tras esta grave equivocación, la constructora abandonó la obra sin entregar explicaciones ni iniciar reparaciones, profundizando la preocupación entre los trabajadores del lugar.
Posteriormente, un equipo técnico de la Dirección Nacional de Gendarmería acudió al lugar, donde un ingeniero civil elaboró un informe –de características reservadas– que determinó la inhabitabilidad del establecimiento penal. Según se ha señalado, el documento fue elaborado sólo mediante una inspección visual, que consideró únicamente los cuatro dormitorios intervenidos, sin evaluar los otros 11 existentes y sin incluir estudios de resistencia ni análisis estructurales especializados.
La declaración de inhabitabilidad derivó de manera casi inmediata en el traslado masivo de la población penal aconcagüina, una medida que, si bien, busca resguardar la seguridad de los reclusos, abre un nuevo foco de preocupación entre los gendarmes de la cárcel de San Felipe. Esto, porque el movimiento de los privados de libertad implica también el traslado de los funcionarios encargados de su custodia.
Para los trabajadores, la situación representa un golpe significativo a su estabilidad laboral y familiar, considerando que la mayoría reside en San Felipe y vería alterada su vida cotidiana si son destinados a penales ubicados en otras comunas. Este complejo escenario que enfrentan los trabajadores fue abordado en Puranoticia.cl por el dirigente provincial de la Asociación de Gendarmes de Chile, Francisco Soto.
"Tenemos incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con el personal. También es incertidumbre para los mismos internos, que van a ser trasladados a otras unidades penales. Muchos de ellos tienen medidas de seguridad y algunos tienen problemas del mundo delictual. Entonces acarreamos problemas para ellos y sus familia, pero también para nosotros y nuestras familias. Hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos si hay un proyecto de mejoras, no sabemos si la cárcel se cierra definitivamente. También queremos que esto sea transparente, queremos saber bajo qué norma administrativa se decretó el cierre, si es un cierre preventivo, si es un cierre temporal", denunció el gendarme sanfelipeño.
Estas palabras las complementó diciendo que "esto nos afecta porque la gran mayoría ya está radicado en la zona, con colegios, jardines, universidades, han comprado viviendas y ahora serán trasladados a diferentes penales de la región".
Asimismo, detalló que a mediados de este 2025 la población penal bordeaba los 450 internos en San Felipe, pero que al iniciar las obras de mejoramiento se redujo a alrededor 350 reclusos. No obstante a aquello, Soto aseguró a este medio que "la población penal ideal para esta unidad penal es de 234 personas".
En cuanto al traslado, el dirigente de los funcionarios de Gendarmería relató que "ya comenzó este proceso con los internos. En lo que corresponde al traslado, se llevó a cabo este miércoles y jueves el traslado de 94 internos. Al día de hoy nos quedan 302 internos. Acá alcanzamos a tener hace un mes o dos meses atrás alrededor de 460 internos, teniendo una sobrepoblación de un 100% de hacinamiento".
Cabe hacer presente que la información que le llega a los trabajadores de la cárcel de San Felipe la entrega directamente la Dirección Regional de Gendarmería, que les indica qué día se va a realizar el procedimiento y a cuántos internos involucra.
Por último, el dirigente Francisco Soto abordó otro factor que deja la medida: la sobrepoblación en otros recintos penales de la región: "Vamos a sobrepoblar unidades que ya están hacinadas. Son 350 internos que van a tener que llegar a otras unidades penales ya hacinadas. Nosotros siempre exigimos, incluso a la señorita Seremi de Justicia, era qué pasaba con ese informe de ingeniería, si existe y dónde está".
En este escenario, los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe aseguran que permanecerán a la espera de definiciones claras por parte de la autoridad penitenciaria y del Ministerio de Justicia, mientras continúa el traslado de reclusos y se profundiza la presión sobre penales ya sobrecargados.
PURANOTICIA
