A través de un comunicado, la cartera encargada de vivienda indicó que rechazan "categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa".
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El Ministerio de Vivienda se refirió a la estafa presentada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio por el Movimiento de Pobladores Organizados, apuntando directamente a altas autoridades del Gobierno en el contexto del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.
La acción judicial va dirigida contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, a quienes se acusa de haber impulsado un proceso habitacional “unilateral e injustificado”, que habría vulnerado los acuerdos sostenidos con las comunidades.
A través de un comunicado, desde la cartera encargada de vivienda señalaron que “a la fecha ninguna querella ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas mencionadas en notas de prensa emitidas al respecto”.
Añadieron que “rechazamos categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa, delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se configuran en este caso”.
Asimismo, defendieron que “las actuaciones de las autoridades se han desarrollado dentro de la legalidad y con el objetivo de buscar soluciones habitacionales para las familias, sin que exista engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellas”.
Además, precisaron que “fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que de manera formal y a través de las vías regulares establecidas solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, con las características que son de público conocimiento”.
PURANOTICIA
