Abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, indicó que sus representados están evaluando diversos cursos de acción una vez que el predio en Calicheros sea recuperado.
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La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado en Concón el año 2020 tras denunciar la usurpación de su terreno en Quilpué-, se refirió al futuro del terreno del sector Calicheros tomado, el cual tendrá que comenzar a ser desalojado y demolido a contar del lunes 29 de septiembre.
En ese sentido, indicó que como parte de las medidas preventivas, la familia Correa evalúa invertir en un cierre perimetral para evitar nuevas ocupaciones. Además, no descartó entregar el predio de la Ciudad del Sol en comodato temporal a la Municipalidad, ya sea para fines sociales o incluso para la instalar un cuartel policial.
De igual forma, cuestionó duramente el rol del Estado frente a la ocupación y el inminente proceso de demolición de las viviendas levantadas en el lugar.
En entrevista con Radio Cooperativa, Bruna afirmó que “el Estado no tiene programa, está en deuda desde hace mucho tiempo con protocolos para prevenir tomas y para desalojarlas desde el inicio. Se ha transformado en un Estado fallido en materia de usurpación de terrenos y construcción de ciudades, porque ha tomado palco".
Tras más de cinco años de espera, esta semana se adjudicó finalmente a la empresa Río Grande la ejecución de la demolición del terreno en Quilpué. El contrato ya fue firmado y, según lo programado, la entrega del predio podría concretarse el próximo lunes 29 de septiembre, informó la abogada Bruna.
Respecto a la controversia sobre si se trata de un “desalojo” o una “demolición”, la jurista precisó que la resolución emitida por la Seremi de Vivienda en 2021 establece una demolición con fuerza pública, lo que implica el retiro de las familias que aún permanecen en el lugar. “Es una sanción administrativa mucho más gravosa que un simple desalojo”, recalcó.
En paralelo, Bruna solicitó una audiencia con el fiscal nacional -a través de la Ley de Lobby- con el objetivo de que se designe un persecutor exclusivo o se instruya a Carabineros para aplicar la Ley de Usurpaciones en caso de resistencia por parte de las cerca de 120 familias identificadas. “No queremos enfrentamientos, pero sí que se cumpla la ley. El delito de flagrancia está configurado si las personas se quedan”, sostuvo.
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