Tensión entre diputado Olivares y alcalde Jil escala a Fiscalía tras denuncia por presuntas irregularidades en contratos de Olmué

Una nueva arista se suma a la ya tensa relación entre el diputado Javier Olivares (PDG) y el alcalde de Olmué, Jorge Jil (Independiente), luego de que el parlamentario por el Distrito 6 de Valparaíso acudiera a la Fiscalía de Limache para presentar una denuncia criminal que solicita investigar un eventual uso irregular de recursos municipales y una serie de situaciones vinculadas a contratos de obras menores de la comuna.

Olivares llegó hasta el Ministerio Público acompañado por la concejala de Olmué, Beatriz Apablaza (UDI), haciendo entrega de antecedentes proporcionados por el contratista Patricio Solís, quien se presenta como víctima directa de los hechos denunciados. La presentación apunta contra el alcalde Jorge Jil y otros cinco funcionarios municipales, además de todos quienes eventualmente resulten responsables en la causa.

De acuerdo con el documento al que accedió Puranoticia.cl, los hechos podrían ser constitutivos –preliminarmente– de los delitos de cohecho, negociación incompatible, fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, además de solicitarse investigar una eventual asociación ilícita.

El eje de la denuncia presentada está puesto en una serie de transferencias, depósitos y pagos que, según el contratista, habrían sido solicitados durante los años 2024 y 2025 por un funcionario municipal y que posteriormente habrían sido restituidos mediante órdenes de compra y contratos suscritos con el municipio.

MÁS DE $131 MILLONES

Según los antecedentes entregados a la Fiscalía, Patricio Solís mantiene una relación contractual con la Municipalidad de Olmué desde administraciones anteriores y durante 2024 suscribió un contrato para la reparación, mantención y construcción de obras menores de la comuna, con un techo presupuestario de $90 millones.

La denuncia sostiene que durante ese período el funcionario Daniel Pinilla habría comenzado a solicitarle reiteradamente dinero al contratista, bajo el argumento de solventar gastos y necesidades de la municipalidad. Según el relato incorporado en la presentación ante Fiscalía, esos recursos posteriormente serían devueltos mediante órdenes de compra emitidas en el marco del contrato que Solís ejecutaba.

El documento presentado incorpora un detalle de las transferencias y los depósitos realizados durante 2024, cuyo monto total asciende a $47.381.771.

La presentación sostiene además que el supuesto mecanismo habría continuado durante 2025, año en que el contratista volvió a adjudicarse el contrato de obras menores de la Municipalidad de Olmué, en la administración de Jorge Jil.

Entre los antecedentes aportados figura un documento fechado el 19 de octubre de 2025, firmado, con RUT y timbre de la Dirección de Obras Municipales, que según la denuncia habría sido suscrito por Daniel Pinilla y que reconoce una "deuda vigente sin pagar y sin ganancias ni intereses" por trabajos realizados y dineros entregados.

A ello se suman otros pagos que, de acuerdo con el denunciante, se habrían efectuado mediante transferencias, depósitos y dinero en efectivo.

Conforme a la revisión financiera y documental realizada por el denunciante, los montos tratados ascenderían a $131.516.998, cifra que correspondería a recursos acreditados mediante comprobantes bancarios o instrumentos firmados por el propio funcionario.

LICITACIONES DE 2024, 2025 Y 2026

Otro de los puntos que se solicita investigar corresponde a los procesos de licitación de obras menores realizados durante los años 2024, 2025 y 2026, todos adjudicados sucesivamente al mismo contratista.

La denuncia plantea que estos procesos podrían no haber obedecido a una competencia genuina y que eventualmente habrían sido utilizados como mecanismo para mantener el esquema descrito en la presentación.

En ese contexto, se solicita al Ministerio Público requerir a la Municipalidad de Olmué las bases administrativas y las actas de evaluación correspondientes a tres procesos, con el objetivo de determinar si existieron condiciones que hubieran restringido artificialmente la competencia.

La presentación también incorpora conversaciones de WhatsApp que, según el denunciante, sostuvo con Daniel Pinilla. En ellas, asegura, existirían instrucciones para realizar transferencias a cuentas bancarias del funcionario, de terceros y de empresas, además de referencias a supuestas necesidades municipales.

Asimismo, se solicita investigar mensajes en los que Pinilla habría indicado al contratista que tomara contacto con una persona identificada como "Humberto" para efectos de la licitación correspondiente al año 2026.

OLIVARES DESCARTA "VENDETTAS"

Al presentar los antecedentes ante la Fiscalía, el diputado Javier Olivares defendió la acción y descartó –a través de un punto de prensa realizado en el Congreso Nacional y en compañía de otros parlamentarios del Partido de la Gente– que ésta respondiera a una disputa personal con el alcalde de Olmué.

"Como lo dije al principio, somos un partido que más allá de las conexiones políticas, llegamos por la gente y vamos a representar siempre a la gente. Agradecemos siempre a las personas que se acercan a nuestras diferentes oficinas legislativas a entregarnos sus denuncias, porque para eso estamos acá: para fiscalizar. Son tres cosas importantes que tenemos que hacer los diputados, obviamente una de ellas es fiscalizar y estamos encima de todas las autoridades", señaló el parlamentario.

En ese sentido, Olivares apuntó directamente a los antecedentes relacionados con los contratos municipales y sostuvo que "esto no tiene que ver en lo absoluto con vendettas personales ni vendettas políticas, mas simplemente que los alcaldes se pongan las pilas y hagan la pega porque para eso se les paga y muy buen billete".

El diputado también cuestionó las medidas que, según indicó, fueron adoptadas por el municipio después de que los antecedentes se hicieran públicos, planteando que "hemos conocido hace algunas horas que se han tomado ciertas medidas en aquella comuna, que se ha separado al trabajador. La pregunta es: bueno, si esto se conocía hace más de un año, ¿por qué se viene a hacer a última hora? Hemos sabido también que el fiscal que ha puesto el Municipio de Olmué es precisamente uno de los denunciados. Por tanto, ¿qué está pasando dentro del Municipio?".

ALCALDE ABRIÓ UN SUMARIO

Frente a la denuncia presentada por el diputado Olivares, el alcalde Jorge Jil aseguró en conversación con Puranoticia.cl que su administración tomó conocimiento de los antecedentes y que adoptó medidas administrativas ante la gravedad de ellos.

"Nosotros tomamos conocimiento de los hechos el día viernes, por lo que ante la gravedad de la denuncia tomamos todas las medidas: abrir un sumario y apartar de las funciones al funcionario que estaba siendo denunciado. Él administraba un contrato en la Municipalidad de Olmué respecto de un proveedor que tiene que ver con un contratista que hacía trabajos en la Municipalidad de Olmué y que el mismo contratista también se pronuncia en irregularidades", explicó el jefe comunal.

La autoridad también cuestionó que el contratista no hubiera recurrido directamente a él cuando, según su versión, habría tomado conocimiento de las eventuales irregularidades. Al respecto afirmó que "nos parece muy extraño porque si habían irregularidades y el contratista lo sabía, él tenía que haberse acercado inmediatamente a mi persona como Alcalde a decirme que había un funcionario que estaba haciendo mal uso de los recursos públicos del contrato. Y eso no fue así. Pero hemos tomado todas las medidas porque rechazamos todo acto de mal uso de los recursos públicos en Olmué porque somos una comuna con bajo presupuesto y tenemos que saber utilizar los recursos para el beneficio de la comuna de Olmué".

Jil también aseguró que "también solicitamos a la Contraloría que revise estos contratos de suministros para ver que se hayan ejecutado bien. Y de no ser así, quienes estén involucrados se les va a aplicar todo el rigor de la ley y las competencias que yo también tengo dentro de la administración pública para sancionar, porque lo que no vamos a hacer con esta administración, y por la confianza que tienen nuestros vecinos en esta administración, es cometer irregularidades con fondos públicos, porque para nosotros la probidad está ante todo".

JIL NIEGA INTERVENCIÓN

Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la eventual existencia de un direccionamiento de los procesos de contratación municipal, acusación que Jil rechazó categóricamente diciendo que "bajo ningún punto de vista yo voy a interferir, yo nunca interfiero en lo que tiene que ver con evaluaciones de licitaciones. A lo que a nosotros nos respecta, tenemos conocimiento que todo se ha apegado a los procedimientos administrativos".

De igual forma, el alcalde reiteró que "por lo mismo es que yo he solicitado a la Contraloría que también sea parte de la investigación de cómo se llevaron adelante estos contratos de suministros, porque nosotros queremos ante todo la claridad y la transparencia hacia nuestros vecinos porque nuestra administración rechaza y no avala ningún acto ilícito dentro de la administración pública".

Consultado específicamente respecto de si había sostenido reuniones con el contratista durante los procesos de licitación, Jil respondió que "no, bajo ningún punto de vista, yo siempre me abstengo de procesos que llevan adelante fondos públicos. Yo bajo ningún punto de vista me reúno con nadie que está en un proceso de adjudicación o un proceso de licitación, jamás nunca lo he hecho".

Por último, el jefe comunal aseguró que "estamos dispuestos a entregar todos los antecedentes porque no avalamos ningún hecho ilícito dentro de la administración pública. Estamos por la probidad, por el buen uso de los recursos públicos y es por lo mismo que hemos solicitado la Contraloría que se haga parte de la revisión de este contrato de suministro, porque nosotros, de haber involucrados con responsabilidad administrativa, que era la contraparte del ITO del contrato, si fuese así, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley que nos mandata al cargo".

De esta manera, la denuncia quedó en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si los antecedentes aportados permiten establecer la existencia de delitos y eventuales responsabilidades penales. Paralelamente, el Municipio de Olmué deberá enfrentar las revisiones administrativas derivadas del caso, mientras Contraloría deberá pronunciarse sobre los antecedentes sometidos a su consideración. Pero más allá de eso, la presentación realizada por el diputado Javier Olivares vuelve a tensionar la relación con el alcalde Jorge Jil, en un conflicto que ahora incorpora una investigación por eventuales irregularidades en contratos municipales y cuyas posibles consecuencias penales deberán ser esclarecidas por los organismos competentes.

PURANOTICIA