Subsecretario Luis Silva otorgó beneficio a condenado por abuso sexual antes del fallo de la Corte de Valparaíso

La controversia en torno al Ministerio de Justicia por los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos de connotación sexual suma nuevos antecedentes que complican la defensa del Ejecutivo. A los cuestionamientos contra el titular de la cartera, Fernando Rabat, por los decretos que firmó para rebajar las condenas de decenas de reos, se suma ahora la actuación del subsecretario Luis Silva, quien otorgó la libertad a un condenado por abuso sexual en la región de Valparaíso antes de que la Corte de Apelaciones resolviera un recurso de amparo que se encontraba en tramitación.

De acuerdo con los antecedentes dados a conocer por Reportajes Teletrece, el caso involucra al contratista del área de la construcción José Jaime Silva Olivares, de 64 años, quien cumplía una pena de cinco años y un día tras ser condenado el 8 de octubre de 2021 por el delito de abuso sexual cometido en Quillota. Aunque su condena original expiraba en octubre de 2026, el interno recurrió a la justicia mediante un amparo presentado el 15 de junio de ese año, con el objetivo de adelantar la aplicación del beneficio de reducción de condena por conducta sobresaliente, previamente validado por la comisión respectiva.

Mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso comenzaba a solicitar informes a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para resolver el requerimiento, la cartera optó por zanjar anticipadamente el asunto por la vía administrativa. El 24 de junio de 2026, solo nueve días después de la presentación del amparo, el subsecretario Luis Silva, en su calidad de ministro subrogante, firmó el decreto que concedió la libertad al condenado. La decisión se sustentó en la doctrina impulsada por la administración para evitar una supuesta "judicialización innecesaria", bajo el argumento de que el ministerio debía actuar en coherencia con los principios de eficiencia y eficacia. Asimismo, se sostuvo que la institución no estaba facultada para denegar el beneficio en función de la gravedad de los delitos.

La decisión administrativa permitió que el condenado recuperara la libertad sin esperar un pronunciamiento definitivo de la justicia. A raíz de ello, su defensa se desistió del recurso de amparo el 30 de junio, tres días después de la emisión del decreto desde el nivel central. Este nuevo episodio profundiza los cuestionamientos de parlamentarios del oficialismo y la oposición, así como de exautoridades del ministerio, quienes han insistido en que el Ejecutivo cometió un grave error al modificar el criterio y renunciar a la defensa institucional frente a la posibilidad de que agresores sexuales accedieran a la libertad anticipada.

La revelación se suma a los primeros casos dados a conocer durante el fin de semana por Reportajes Teletrece, entre ellos, los de un médico de Rancagua, un obrero que atacó a múltiples víctimas en la región de Valparaíso y otros dos condenados por delitos de la misma naturaleza en la ciudad de Los Andes.

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