Natalia Aguilar confirmó que nuevo informe del Idiem detectó incumplimientos en normativa antisísmica y resistencia al fuego en casas para damnificados del megaincendio,
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La crisis en torno al proyecto de reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo y delicado antecedente luego que la subsecretaria de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, confirmara que el segundo informe técnico elaborado por el Idiem detectó fallas estructurales más profundas en las viviendas en construcción destinadas a familias damnificadas.
La autoridad explicó que el documento, recibido este lunes 11 de mayo por la cartera del Minvu, ratifica y profundiza observaciones previas respecto a la calidad constructiva de las obras, advirtiendo incumplimientos en materias consideradas esenciales para la seguridad de los futuros residentes de este punto de la ciudad.
“Este lunes recibimos la segunda parte del informe del Idiem que indica que en materia de la constructividad de las obras de El Olivar hemos encontrado profundización de las fallas que habíamos visto anteriormente”, señaló la subsecretaria.
Según detalló, los nuevos antecedentes son especialmente preocupantes porque revelan que las viviendas no cumplen con exigencias mínimas establecidas por la normativa vigente. “Estas profundizaciones van en la línea de que no cumplen la normativa estructural antisísmica, tampoco resistencia al fuego, ni el sistema constructivo cuenta con el respaldo necesario”, sostuvo Aguilar en conferencia de prensa.
El proyecto habitacional en El Olivar ha sido una de las principales soluciones impulsadas en la reconstrucción para familias afectadas por el devastador incendio que en febrero de 2024 arrasó con amplios sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando a miles de personas sin hogar. En ese contexto, las observaciones detectadas han generado especial sensibilidad, considerando que las casas están destinadas precisamente a quienes perdieron sus viviendas en la tragedia.
La subsecretaria fue enfática en señalar que "nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no podemos permitir entregarle a damnificados una vivienda mal hecha, mal construida o que no cumpla con los estándares mínimos”.
Asimismo, agregó que la gravedad de las deficiencias detectadas va más allá de aspectos administrativos, ya que comprometerían directamente la seguridad de las familias, pues "hoy día las casas que están en construcción, como están, si hay un temblor o un terremoto, tenemos riesgo de que se caigan”.
A ello sumó una segunda preocupación vinculada al origen mismo de la tragedia que afectó a los beneficiarios del proyecto. “No puede ser que les entreguemos una casa que no cumpla lo mínimo en cuanto a resistencia al fuego, porque en caso de un segundo incendio, no cuentan con los tiempos suficientes para poder evacuar”, expresó.
Junto con dar cuenta de las falencias técnicas, Natalia Aguilar apuntó también a eventuales responsabilidades en el proceso de supervisión de las obras, indicando que estas irregularidades debieron haber sido detectadas previamente por los fiscalizadores técnicos. "Todas estas fallas que han sido identificadas debieron haber sido advertidas por los distintos FTO, que son los fiscalizadores técnicos de obra. Lamentablemente estas situaciones no fueron alertadas a tiempo por ellos”, manifestó.
A raíz de ello, la autoridad nacional recordó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició una serie de acciones internas para esclarecer responsabilidades administrativas, y que "estamos en un proceso de un sumario administrativo amplio y se están tomando las medidas, que las está llevando un fiscal”.
La subsecretaria indicó además que, "estamos altamente preocupados porque llevamos dos meses en el cargo y nos hemos encontrado frente a un sinnúmero de gestiones y de fallas administrativas o irregularidades”.
Aunque el informe del Idiem no se pronuncia respecto a la demolición de las viviendas, la autoridad remarcó que las conclusiones técnicas son suficientemente categóricas como para impedir cualquier entrega en las actuales condiciones, ya que "más allá de lo que el informe pueda decir derechamente de demoler o no demoler, nosotros estamos frente a una segunda parte del informe, que es categórico en tres materias principales”, indicó, reiterando que los puntos más graves son el incumplimiento en materia sísmica y la falta de resistencia al fuego.
Finalmente, la subsecretaria Aguilar insistió en que "las irregularidades que encontremos en distintas instancias las vamos a investigar, caiga quien caiga, porque la importancia acá es prevalecer de que las familias tienen que tener lo que corresponde y sus viviendas tienen que ser entregadas con las mejores condiciones”.
Tras las declaraciones de la subsecretaria Natalia Aguilar, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, abordó el escenario que enfrentan las viviendas de El Olivar y explicó que la cartera sí cuenta con herramientas legales para avanzar en una eventual demolición de las viviendas que presenten fallas estructurales. En ese sentido, precisó que “la legislación y la normativa urbana le dan a Serviu las atribuciones para poder impulsar la demolición”, agregando que este proceso se llevará a cabo con una empresa externa, pero con fondos de la misma cartera del Minvu.
La autoridad regional indicó que actualmente son 56 las viviendas identificadas con problemas y llamó a dimensionar el caso dentro de situaciones similares ocurridas en otros proyectos habitacionales del país, respaldando de paso la postura del nivel central, ante lo que enfatizó que “nosotros como ministerio no podemos normalizar la práctica de entregar casas falladas o parchadas a nuestros beneficiarios, solo porque están en condiciones de vulnerabilidad”, subrayando además que “la postventa hoy en día es sumamente importante para todos los chilenos”.
Ruiz también aseguró que "nosotros vamos a demoler con la celeridad que corresponda y vamos a reconstruir también con la celeridad que corresponda y a fines de este año vamos a estar entregando las primeras viviendas”. Junto a ello, la autoridad regional destacó el trabajo participativo desarrollado con los vecinos, indicando que “han podido obtener toda la información necesaria y donde además han podido seleccionar la tipología de vivienda nueva y la materialidad".
Por último, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, subrayó que "es súper importante que dejemos trabajar tranquilos al ministro y a la subsecretaria porque tenemos más de 300 viviendas por construir, de las cuales están en pugna o en debate 59, por informes fundados que dan cuenta que hay problemas de calidad en la maternidad. Pero aún así, esa demolición, dado los estudios técnicos que hizo el Minvu, refundado en informes posteriores, dan cuenta que hay un tema de calidad en la materialidad y que representa riesgo".
PURANOTICIA
