La diputada comunista por el Distrito 6 y exdelegada presidencial regional de Valparaíso abordó los cuestionamientos surgidos tras los informes de Contraloría, defendiendo su gestión en la emergencia de 2024 y subrayando que aún no ha sido citada por Fiscalía.
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En medio de la investigación que abrió el Ministerio Público por eventuales irregularidades en la gestión de recursos durante el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, la diputada Sofía González expresó en Puranoticia Matinal su “absoluta tranquilidad” respecto de su actuar como delegada presidencial en ese periodo y reiteró su plena disposición a colaborar con las diligencias.
La indagatoria surge tras los informes de la Contraloría General de la República, que detectaron millonarias inconsistencias en contratos de emergencia, incluyendo sobreprecios de hasta un 557%, pagos sin respaldo y servicios no acreditados. Estos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para determinar si existen delitos como fraude al fisco o malversación de caudales públicos.
En este contexto, el nombre de la militante del Partido Comunista (PC) —quien lideraba la Delegación Presidencial durante la catástrofe y actualmente diputada por el Distrito 6— ha quedado bajo escrutinio público, lo que incluso podría derivar en un eventual proceso de desafuero si la Fiscalía decide formalizarla.
Consultada directamente por la investigación, la parlamentaria enfatizó el contexto en que se tomaron las decisiones: “Aquí yo creo que es importante que contextualicemos, estamos hablando de actuaciones en una emergencia que no tenía precedentes en el país”.
El megaincendio de 2024 dejó 138 fallecidos, miles de damnificados y una de las mayores crisis en la historia reciente de la región de Valparaíso. En ese escenario, la Delegación Presidencial encabezó la coordinación de la respuesta estatal.
González defendió su gestión asegurando que las decisiones se adoptaron bajo presión extrema y con el objetivo de atender a las víctimas: “Tengo absoluta tranquilidad de todas las decisiones que se tomaron en ese marco, para poder atender una situación que era muy dolorosa”.
La diputada fue enfática en señalar que, hasta ahora, no ha sido requerida por el Ministerio Público. “Al momento no he sido convocada, y en esto estoy absolutamente disponible para colaborar”, afirmó.
En la misma línea, subrayó que su postura ha sido consistente desde el inicio de los cuestionamientos: “He planteado mi disposición a colaborar tanto en la investigación de la Contraloría como en eventuales investigaciones, y eso sigue así”.
Asimismo, recalcó que los servidores públicos tienen la obligación de transparentar sus actuaciones: “Los servidores públicos tenemos el deber de poder transparentar todas aquellas acciones que hemos llevado adelante”.
Frente a las críticas políticas y mediáticas, González pidió cautela mientras avanzan las investigaciones. “Creo que tenemos que ser muy responsables al momento de emitir juicios”, sostuvo, agregando que es clave permitir que las instituciones cumplan su rol.
“Justamente para eso existen las instituciones, y es la propia Contraloría la que está realizando esa revisión”, señaló, insistiendo en que se trata de procesos aún en curso.
El caso ha generado alta tensión política, no solo por el volumen de recursos involucrados, sino también por las posibles responsabilidades administrativas y penales en medio de una tragedia de gran magnitud.
En el plano judicial, la situación de la militante comunista adquiere especial relevancia por su calidad de diputada en ejercicio. Si la Fiscalía avanza hacia una formalización, deberá solicitar previamente su desafuero ante la Corte de Apelaciones, paso necesario para continuar con una eventual persecución penal.
Mientras tanto, la parlamentaria insiste en su postura: colaboración total, confianza en las instituciones y defensa de su gestión en uno de los momentos más críticos que ha enfrentado la región. “Mi disposición a colaborar está siempre, porque creo que es lo que corresponde”, concluyó.
PURANOTICIA
