Social Arquitectura emplaza al CDE a no dilatar causa por viviendas de El Olivar: "Esto afecta a familias que viven un calvario"

Un nuevo retraso enfrentan las familias damnificadas del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, quienes esperan con ilusión la reanudación de las obras de reconstrucción en el sector de El Olivar, luego de que este miércoles 26 de agosto la Corte de Apelaciones de Valparaíso suspendiera la revisión de los recursos de protección presentados contra la paralización de los proyectos habitacionales.

La audiencia no pudo concretarse debido a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recusó a uno de los abogados integrantes de la sala, situación que obligó a fijar una nueva oportunidad para que el tribunal analice los antecedentes.

Ante ello, Érika Maira, abogada de Social Arquitectura, entidad patrocinante de los proyectos, cuestionó la nueva dilación y emplazó al organismo que representa al Fisco a considerar la situación que enfrentan las familias que siguen esperando sus viviendas.

"Mira, la verdad es que en la cotidianidad del ejercicio jurídico, la recusación de un abogado muchas veces se usa para postergar la vista de una causa, es decir, que no se vea en ese día determinado por alguna razón que solo conoce el abogado que presenta el escrito", señaló la profesional en conversación con Puranoticia.cl.

En esa línea, Maira manifestó su preocupación por el efecto que esta situación tiene tanto para la empresa como para las familias damnificadas, diciendo que "planteamos el pesar que esto nos causa porque esto dilata aún más la espera, tanto de Social Arquitectura, que tiene el legitimo derecho de que esto se resuelva, como de las familias que ya llevan cinco meses y tres días desde que se paralizaron ilegalmente las obras".

OBJETIVO DE RECURSOS

Los recursos de protección fueron presentados por Social Arquitectura y por distintas familias afectadas, quienes cuestionan la legalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Según explicó Érika Maira, la acción judicial busca que se deje sin efecto la Resolución N.º 245, mediante la cual se dispuso la paralización de las obras, y que se permita retomar el proceso de reconstrucción.

La abogada sostuvo que las familias alegan una vulneración de sus derechos constitucionales a la vida, integridad física y psíquica y propiedad, agregando que "Social Arquitectura planteó que a través de este acto del ministro Poduje se produjo un juzgamiento ilegal, es decir, una infracción al debido proceso de la empresa frente al cumplimiento contractual que estaba desarrollando, porque ahí se saltaron todas las reglas contractuales, legales y sectoriales que rigen los contratos de construcción".

De igual forma, añadió que "habían procedimientos contractuales que regían cualquier controversia que podía haber surgido en la ejecución del contrato. Habían autoridades, establecidas tanto por el DS49 como por el mismo contrato, que tenían la competencia para dirimir cualquier situación que se produjera, que eran los inspectores técnicos de obra (ITO). Nada de eso se respetó por el ministro".

DEMOLICIONES

Otro de los puntos planteados por Social Arquitectura ante el tribunal dice relación con el anuncio de demolición de las viviendas que se encontraban en construcción.

La profesional de las leyes aseguró que la decisión de Poduje excede las atribuciones que correspondían dentro del proceso contractual y sostuvo que los informes existentes, según la interpretación de la entidad, plantean que las viviendas no deben ser demolidas.

Por ello, explicó que "se le pide a la Corte que se pronuncie respecto de estos aspectos relevantes para la terminación y la reconstrucción de El Olivar, que ya lleva un retraso indesmentible".

De acuerdo con sus antecedentes, son 356 viviendas las que permanecen paralizadas, correspondientes a familias que esperaban recibir sus casas en distintas fechas durante este año.

APUNTAN AL CDE

La abogada también cuestionó la postura adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que representa los intereses del Fisco en esta causa y que defiende la facultad del ministro para adoptar las decisiones cuestionadas.

"El Consejo de Defensa del Estado, en este caso, está representando a los intereses del Fisco, en particular al ministro, y ellos tienen su postura de que el ministro sí tiene competencias para tomar las decisiones que tomó, lo que nos parece bastante sorprendente y bastante contrario a la normativa", indicó.

Para Maira, el punto central es que el Estado debe considerar que detrás de la disputa judicial existen familias que continúan esperando una solución habitacional: "Importante es la conciencia que tiene que tener el Estado respecto de que este es un conflicto que afecta al derecho de acceso a la vivienda a las familias", enfatizó.

En ese contexto, realizó un emplazamiento directo al organismo estatal, señalando que "por eso es que nos sorprende y llamamos al Consejo de Defensa el Estado a no dilatar más esta causa".

NUEVA FECHA

La suspensión de la audiencia no significa que los recursos hayan sido resueltos, sino que su revisión quedó pendiente de una nueva fecha que deberá determinar la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La jurista explicó que esperan conocer entre este viernes y sábado cuándo volverán a ser incorporados en tabla los recursos, con la expectativa de que puedan ser revisados durante la próxima semana.

Asimismo, insistió en que "no vamos a atribuir intenciones, pero sí los hechos son concretos. El día de ayer tenían que verse estos recursos. ¿Habían derechos de los otros litigantes de que no se vieran? Sí, estamos de acuerdo, pero la conciencia que tiene que tener el Estado es que esto afecta a familias que viven un calvario".

Según relató Maira, "si estas casas se podrían haber entregado para una cantidad importante de familias que tenían que haber recibido sus casas en abril, en julio y en distintas fechas que ya fueron. Y esas personas siguen de allegadas, siguen familias repartidas, familias que la mitad están en una casa y la mitad están en otra, familias que están cursando enfermedades, un estrés brutal por lo que han vivido".

¿A LA CORTE SUPREMA?

Finalmente, la representante de Social Arquitectura aseguró que recurrirán ante la Corte Suprema en caso de que la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sea desfavorable.

"Efectivamente, la Corte Suprema es la competente para conocer los recursos de apelación respecto a los recursos de protección y efectivamente es algo que vamos a hacer en el evento que esto no sea resuelto a nuestro favor", afirmó.

La disputa judicial, de esta manera, permanece pendiente mientras las familias damnificadas continúan esperando una definición sobre el futuro de las obras de reconstrucción en El Olivar, cuya paralización ya supera los cinco meses.

PURANOTICIA