Sigue la polémica: Gore de Valparaíso acusa a la Delegación de no respetar criterios fijados para desvinculaciones del programa Pro-Empleo

La controversia por las masivas desvinculaciones de beneficiarios del Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), conocido como Pro-Empleo, continúa escalando en la región de Valparaíso. Luego que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, responsabilizara al Gobierno Regional por la reducción de cupos al afirmar que el recorte de $700 millones obligó a disminuir el número de beneficiarios, desde el Gobierno Regional emitieron una declaración pública en la que rechazaron dichos cuestionamientos, defendieron el financiamiento otorgado al programa y apuntaron a la forma en que la Delegación Presidencial ejecutó el proceso de desescalamiento.

A través de una declaración institucional, el Gore de Valparaíso sostuvo en primer lugar que la administración encabezada por el gobernador Rodrigo Mundaca, acompañado transversalmente por todo el Consejo Regional (Core), desde el año 2021 hasta la fecha, "han mantenido un compromiso irrestricto con el financiamiento del programa, pues sabemos que detrás de cada beneficiaria hay miles de familias de toda la región que dependen de ello para llegar a fin de mes".

En esa línea, la administración regional explicó que "ante el actual escenario de estrechez fiscal y el ajuste presupuestario impartido mediante el Oficio N°12 del Ministro de Hacienda, la disponibilidad de recursos regionales se encuentra seriamente afectada, por ello se solicitó en reiteradas ocasiones, mediante los ordinarios N°1086 del 7 de mayo de 2026 y N°1212 del 26 de mayo de 2026, al nivel central concurrir con recursos adicionales o complementarios para resguardar la continuidad de ambos programas durante el año 2026, ante lo que no obtuvimos respuestas satisfactorias".

Asimismo, precisó que "a pesar de ello, con fecha 18 de junio del presente, se aprobó por unanimidad, en sesión plenaria, mediante Acuerdo N°11992/06/26, dar continuidad, por un plazo de seis meses, a los Programas de Inversión en la Comunidad PIC 2 y PIC 4 (Mujeres Jefas de Hogar), los cuales benefician a un total de 367 y 832 personas, respectivamente, por un monto total de $4.191.904.651".

Respecto de las críticas formuladas por Millones sobre la aplicación de los criterios de desvinculación, el Gore aseguró que "desde 2025 funciona una Mesa de Seguimiento Intersectorial del Programa, conformada por el Consejo Regional, la Delegación Presidencial Regional, la Seremi del Trabajo y el Ejecutivo del Gobierno Regional, cuyo funcionamiento ha permitido avanzar en mejoras de fiscalización, logrando acuerdos relevantes para mejorar su gestión, incorporando criterios de priorización y el cumplimiento de las exigencias propias de la normativa que regula dichos programas".

Además, subrayó que "el referido desescalamiento del programa, ejecutado directamente por la Delegación Presidencial, se debía realizar en concordancia a tres criterios acordados por las distintas instituciones que conforman la Mesa, correspondiendo a una priorización por grupo etario, menores de 25 años, incumplimientos detectados y detección de ingresos vía boletas de honorarios, lo que según lo informado por trabajadoras del Pro-Empleo no se estaría cumpliendo".

Finalmente, defendió el rol que ha desempeñado en la continuidad de esta iniciativa, afirmando que "todo lo anterior da cuenta que como Gobierno Regional hemos involucrado todos nuestros recursos, financieros y de personal, en atender y garantizar el cumplimiento, en lo que a nosotros respecta, del mencionado programa".

Con esta declaración, el Gobierno Regional respondió directamente a los cuestionamientos formulados por el delegado Manuel Millones y trasladó el foco de la controversia hacia la ejecución del desescalamiento del programa, asegurando que la Delegación Presidencial no habría respetado los criterios acordados en la mesa intersectorial para definir las desvinculaciones de beneficiarios del Pro-Empleo.

PURANOTICIA