El tribunal dictó la máxima cautelar tras acreditar delitos como asociación delictiva y lavado de activos, mientras que una imputada quedó con arraigo nacional y un noveno detenido, formalizado por receptación, enfrentará medidas de menor intensidad.
En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo la audiencia de formalización de los integrantes de la banda acusada de perpetrar, en julio de 2025, el robo de más de $6.150 millones desde la bóveda del Banco Itaú, ubicado en la emblemática calle Prat. El hecho es considerado el robo de mayor cuantía registrado en la historia de la región.
Tras la exposición de los antecedentes por parte del Ministerio Público, el tribunal decretó prisión preventiva para siete de los nueve principales imputados, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La resolución se conoció durante una investigación desarrollada por la PDI, cuyo operativo contempló la irrupción simultánea en 11 inmuebles de las regiones Metropolitana y de Los Lagos. Las diligencias permitieron desarticular la estructura criminal investigada por los delitos de robo, asociación delictiva, fraude informático y lavado de activos.
Entre quienes quedaron en prisión preventiva se encuentra un profesional informático que prestaba servicios de seguridad para la sucursal bancaria, quien habría cumplido un rol clave para vulnerar los sistemas del recinto desde el interior.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, la organización habría utilizado un acceso remoto para desactivar los mecanismos de seguridad del banco. Según información de Radio Bío Bío, durante la audiencia se estableció que siete de los nueve principales imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que el resto de los acusados quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad. Así lo explicó el fiscal Elizardo Tapia:
"Logramos determinar que hubo un acceso remoto al sistema de seguridad del banco que desactivó los mecanismos de seguridad que permitían alertar en caso de alguna manipulación en la caja fuerte y sustracción de dinero".
La investigación de la PDI permitió posteriormente ubicar en el domicilio del trabajador evidencia que lo vincularía directamente con la planificación y ejecución del millonario robo.
El fiscal Tapia detalló que el funcionario habría ingresado de manera remota a los sistemas de seguridad durante el fin de semana en que se produjo la sustracción del dinero: "Esta es una persona que se conectó por VPN en el fin de semana que ocurrió la desactivación de los sistemas de seguridad y, además, hay que tener presente que desde el banco se sustrajeron los dos DVR, que son aquellos los aparatos donde se registran los incidentes, las grabaciones de las cámaras de seguridad".
Uno de los principales hallazgos se produjo precisamente durante el allanamiento de la vivienda del técnico, donde fueron encontrados dos dispositivos DVR pertenecientes al Banco Itaú de Valparaíso. El persecutor confirmó el hallazgo: "El domicilio de este funcionario informático se encontraron dos DVR que pertenecen precisamente a Itaú Valparaíso".
A esto se sumó la incautación de un pendrive que contenía un mapeo detallado de los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del recinto, antecedente que reforzaría la hipótesis de que la banda realizó labores de inteligencia antes de concretar el robo.
En cuanto a la situación procesal de los imputados, siete de los nueve principales acusados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. La decisión fue adoptada por el tribunal debido al peligro que, según se estableció en audiencia, representarían para la seguridad de la sociedad.
De acuerdo con información dada a conocer por Radio Bío Bío, el tribunal consideró la gravedad de los hechos y los antecedentes presentados por el Ministerio Público para decretar la máxima medida cautelar para estos siete imputados.
No obstante, no todos los acusados quedaron bajo prisión preventiva. Una de las imputadas, quien habría sido mencionada durante escuchas telefónicas, quedó sujeta a arraigo nacional, en virtud de las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal.
Respecto de su situación, el fiscal Elizardo Tapia aclaró: "El tribunal consideró que su participación no revestía la gravedad suficiente como para fijar la prisión preventiva".
Por otra parte, un noveno integrante de la agrupación fue formalizado por un hecho distinto, luego de ser detenido en flagrancia por el delito de receptación tras ser encontrado en posesión de un vehículo que mantenía encargo por robo. El imputado quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad.
El procedimiento policial dejó además un importante número de especies incautadas, entre ellas nueve vehículos, un camión tolva, armas de fuego, droga y dos inmuebles que estarían vinculados al incremento patrimonial injustificado de integrantes de la organización.

La investigación continúa con el objetivo de establecer el grado de responsabilidad individual de cada uno de los acusados y determinar el destino de los más de $6.150 millones sustraídos desde la bóveda del Banco Itaú.
La justicia fijó el respectivo plazo de investigación, mientras el Ministerio Público y la PDI mantienen las diligencias destinadas a reconstruir la totalidad de la operación y establecer el paradero final del millonario botín.
PURANOTICIA