Estudio del Instituto Libertad advierte que la reconstrucción no fue prioritaria en 18 meses, pese a contar con recursos, instrumentos legales y respaldo político desde el inicio. También dice que el gasto se aceleró recién cuando el rezago se volvió políticamente insostenible.
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Un estudio del Instituto Libertad lanzó duras críticas al proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 que afectó a Viña del Mar y Quilpué, apuntando a un lento avance en la ejecución de recursos y en las soluciones habitacionales para las miles de familias damnificadas, ad portas de cumplirse dos años de la catástrofe.
Según el informe, a agosto de 2025 –18 meses después del siniestro– el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) presentaba una ejecución acumulada de solo 14,6% ($8.340 millones de $57.033 millones). La reconstrucción mostraba un rezago crítico, con bajo avance en subsidios habitacionales y obras de entorno, "evidenciando una falta de prioridad y conducción efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".
El documento también sostiene que la reconstrucción mantiene rezagos críticos en soluciones habitacionales definitivas y obras de entorno, especialmente en los instrumentos más sensibles para las familias damnificadas. No obstante, reconoce que el FET, ejecutado principalmente a través del Serviu, pasó de un escenario de baja ejecución a junio de 2025 (14,6%) a un salto significativo al cierre de noviembre, "lo que refleja una aceleración tardía del gasto, concentrada en la segunda mitad del año".
En cuanto a la ejecución presupuestaria global del FET, se detalla que a noviembre de 2025 el presupuesto vigente total alcanzaba los $57.134 millones, de los cuales se habían ejecutado $29.844 millones, equivalente a un 52,2%. El informe advierte que "este nivel de ejecución marca un quiebre respecto al estancamiento observado durante 2024 y el primer semestre de 2025, cuando más del 85% de los recursos permanecían sin uso efectivo. No obstante, el dato debe leerse con cautela: la aceleración ocurre tardíamente, cuando muchas familias ya han atravesado dos inviernos completos sin soluciones definitivas, lo que erosiona el impacto social del gasto".
En cuanto a la composición de la ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio, se distinguen dos grandes áreas: la primera corresponde a las iniciativas de inversión directa (Subtítulo 31), que cuentan con un presupuesto vigente de $13.289 millones y una ejecución a noviembre de $8.057 millones, lo que equivale a entre un 60% y 65%.
Según el informe, "este es el componente con mejor desempeño relativo, con múltiples proyectos urbanos y de pavimentación que entran en fases avanzadas de ejecución, especialmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué". Según el catastro de inversión pública, la región concentra el 100% del FET en inversión, con un 64,8% de ejecución efectiva, destacando obras como el mejoramiento del Paseo Los Héroes (77,8%), plaza Los Pasionistas (75,8%), Vialidad Manuel Bustos (76,1%).
Distinta es la situación de las transferencias de capital destinadas a subsidios habitacionales (Subtítulo 33), que representan el mayor volumen de recursos del fondo. Este ítem posee un presupuesto vigente de $43.382 millones, con una ejecución –a noviembre– de $21.502 millones, equivalente a un 49,6%. El economista advierte que "aquí se concentran los principales cuellos de botella sociales, pese al aumento en la ejecución", detallando una marcada disparidad entre programas.
En ese desglose, el Sistema Integrado de Subsidios registra $8.842 millones ejecutados de un total de $10.085 millones, con ejecución cercana al 88%, mientras que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda alcanza solo 40%, con $12.623 millones ejecutados de $31.425 millones. En tanto, el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios exhibe el mayor rezago, con $37 millones ejecutados de $1.872 millones (2%).
"El aumento agregado esconde una ejecución muy desigual. Los subsidios más simples avanzan, pero las soluciones definitivas y el mejoramiento de barrios siguen rezagados, afectando directamente la calidad de vida cotidiana", reza el estudio.
En la comparación temporal de la ejecución del FET, se muestra un avance tardío. Al cierre de 2024, la ejecución alcanzaba apenas cerca de un 5%, cifra que subió a 14,6% en junio de 2025 y que recién en noviembre del mismo año llegó al 52,2%, evidenciando una fuerte concentración del gasto en la segunda mitad del período analizado. Según el estudio, "el patrón es claro: la reconstrucción no fue prioritaria en los primeros 18 meses, y solo se acelera cuando el rezago se vuelve políticamente insostenible".
En materia de evaluación de la gestión pública, el informe del Instituto Libertad plantea que, si bien el Gobierno hoy puede exhibir cifras de ejecución superiores a las observadas a mediados de 2025, ello no lo exime de responsabilidad por una demora de carácter estructural en el proceso de reconstrucción.
En ese sentido, se identifican fallas de oportunidad, con una ejecución que llega tarde para miles de familias que debieron enfrentar extensos períodos de precariedad; un déficit de liderazgo y coordinación, al no activarse con urgencia instrumentos que ya estaban disponibles; y una reconstrucción asimétrica, donde el avance ha sido más rápido en obras visibles que en soluciones habitacionales definitivas.
Bajo este diagnóstico, el estudio concluye que "la promesa de una 'reconstrucción con dignidad' se cumple parcialmente en cifras, pero tarde en impacto social. La aceleración del gasto en el último tramo del período no compensa el desgaste acumulado en confianza, bienestar y cohesión social", apuntando a que el rezago inicial sigue teniendo efectos profundos en la vida cotidiana de las familias damnificadas.
Finalmente, el informe concluye que la trayectoria de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio "revela una falla estructural en la gestión del proceso de reconstrucción por parte del Minvu", sosteniendo que la aceleración observada durante el segundo semestre de 2025 "no logra compensar el daño social acumulado por más de un año de lentitud, improvisación y falta de conducción estratégica".
Desde una perspectiva de política pública, subrayan que el principal déficit no fue de carácter financiero, sino institucional. En ese sentido, advierte que "el Minvu contó desde un inicio con recursos extraordinarios, instrumentos legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea de Estado", agregando que la excesiva burocracia, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas exigibles de ejecución, "derivaron en un proceso errático, donde el gasto se activó solo cuando el rezago se volvió insostenible”.
En cuanto a la evaluación del diseño de la política implementada, el informe afirma que la principal falla radicó en que "se aplicaron los criterios y exigencias propias de la postulación habitual al subsidio habitacional, que responde a una lógica muy distinta de la reposición de viviendas producto de una catástrofe", profundizando así las demoras y dificultades enfrentadas por las familias damnificadas.
La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso salió a responder al informe elaborado por el Instituto Libertad sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 y la ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), cuestionando con dureza sus conclusiones y poniendo en duda su carácter técnico.
La seremi Belén Paredes manifestó que resulta preocupante su falta de rigurosidad, señalando que "más que un informe técnico o investigativo, el documento se asemeja a una opinión política respecto de un proceso altamente complejo, utilizando conceptos valorativos, propios del debate público, pero insuficientes cuando se pretende construir un análisis con pretensión técnica o científica".
La autoridad regional sostuvo además que el estudio presenta debilidades metodológicas relevantes, lo que –a su juicio– "se vuelve especialmente problemático cuando el informe aborda materias normativas y jurídicas sin explicitar sus fundamentos", poniendo como ejemplo la crítica a las inhabilidades para acceder a subsidios habitacionales. Según indicó, el informe omite que dichas restricciones responden a un marco legal vigente y no a decisiones discrecionales.
En defensa de la gestión del Minvu, la seremi explicó que la magnitud de la catástrofe obligó a realizar cambios normativos excepcionales, incluyendo modificaciones legales, un decreto supremo y resoluciones especiales, todas dentro de los márgenes del Estado de Derecho. "Es por esto que el alza de los números no se produce por una coyuntura política, sino porque se fue gestando un escenario para que los números crecieran", dijo Paredes, destacando el aumento sostenido en la entrega de subsidios y en la ejecución de viviendas durante 2025 y comienzos de 2026.
Finalmente, respecto del análisis presupuestario del FET, afirmó que el informe incurre en errores conceptuales al confundir distintas etapas de la ejecución del gasto público. Según sostuvo, "se mezclan las nociones de compromiso, gasto e inversión efectiva, lo que conduce a conclusiones erradas", subrayando que la entrega de subsidios no implica la construcción inmediata de viviendas y que los plazos observados son consistentes con reconstrucciones anteriores. Así, concluyó que el documento "puede entenderse como una opinión legítima dentro del debate público, pero no como un informe técnico riguroso", aunque reconoció que "compartimos la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reconstrucción".
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