La salida de una relacionadora pública, acompañada de una carta dirigida al Concejo Municipal, abrió un delicado debate sobre el clima laboral. Mientras la exfuncionaria denuncia reiterados episodios de maltrato y abuso de poder, autoridades y concejales entregan versiones y explican los pasos que se han seguido ante la gravedad de los hechos.
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Una nueva controversia golpea al municipio de Algarrobo. Eileen Barrera, quien se desempeñaba como relacionadora pública de la Ilustre Municipalidad, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable, decisión que fue acompañada por una carta formal enviada al alcalde y a todos los concejales de la comuna, en la que denuncia maltrato laboral y abuso de poder al interior de la institución.
En el documento, Barrera explica que su salida responde a una “profunda reflexión personal y profesional”, motivada por situaciones reiteradas que —según señala— habrían sido ejercidas principalmente por la administradora municipal, Carolina Sangüesa, y avaladas por la autoridad comunal encabezada por el alcalde Marco Antonio González. La exfuncionaria sostiene que estos hechos generaron un ambiente laboral incompatible con el respeto y la dignidad que deben regir el servicio público, afectando gravemente su integridad personal, emocional y profesional, y volviendo imposible la continuidad de sus funciones.
Pese a la gravedad de los antecedentes expuestos en la carta, la situación no fue abordada públicamente durante el Concejo Municipal, debido a que el documento fue filtrado en redes sociales; mismo día que salían de una reunión en el municipio.
Consultada por la acusación, la administradora municipal Carolina Sangüesa rechazó los señalamientos y afirmó que el origen del conflicto estaría relacionado con una solicitud de aumento salarial que, según explicó, no fue autorizada ni concretada. “Yo no me manejo ante amenazas ni chantajes mediante una carta. La plata es pública y no puedo acceder a aumentos sin fundamento. Eso sería abrir las puertas a la corrupción”, señaló.
Sangüesa sostuvo además que la carta no constituye una denuncia formal, al no detallar fechas, hechos ni pruebas concretas de maltrato, y recalcó que cualquier acusación de esta naturaleza debe seguir los canales y protocolos establecidos. “La honra la tenemos todos. No se puede presionar a una autoridad con acusaciones de este calibre sin sustento”, agregó, enfatizando que rechaza categóricamente haber incurrido en abuso de poder.
Desde el Concejo Municipal, las concejalas Paloma Escobedo y Carol Polet Velázquez entregaron su versión, asegurando que, si bien el tema no fue expuesto públicamente en la sesión, sí se activaron gestiones internas desde el primer momento.
La concejala Paloma Escobedo explicó que, tras recibir la carta, se contactaron de inmediato con la exfuncionaria y sostuvieron reuniones con el alcalde y la administradora municipal. “Son temas extremadamente sensibles. No es llegar y hacer una publicación. Hay que cuidar a la persona afectada y también ser responsables, porque una denuncia mal llevada puede terminar siendo desestimada y perjudicarla”, señalaron. Añadió que se ofreció acompañamiento a Barrera para activar el protocolo correspondiente bajo la Ley Karin, aunque la exfuncionaria optó por realizar el proceso de manera particular.
En la misma línea, la concejala Carol Polet indicó que la renuncia se produjo antes de que existiera una denuncia formal, lo que complejizó el abordaje inmediato del caso. “La asesoramos para que pudiera denunciar por Ley Karin, porque ella misma nos señalaba que el maltrato era reiterativo. Estos temas requieren reunir antecedentes y actuar con mucha responsabilidad humana y profesional”, afirmó.
Velázquez agregó que actualmente se encuentran evaluando la recopilación de más antecedentes y no descartó futuras acciones formales. “Como concejala y como algarrobina me frustra profundamente que ocurran estas situaciones. No pueden pasar con nuestros funcionarios municipales y no podemos normalizarlas”, expresó.
El caso de Eileen Barrera deja en evidencia la complejidad de abordar denuncias de maltrato laboral en instituciones públicas, donde confluyen responsabilidades administrativas, protocolos legales y la necesidad de resguardar tanto a las personas denunciantes como a las denunciadas. Mientras no exista una denuncia formal en los organismos correspondientes, la situación se mantiene en un terreno de alta sensibilidad, marcado por versiones contrapuestas y un debate que sigue abierto en la comuna de Algarrobo.
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