Casi 90 familias salieron este martes del lugar, tras una orden judicial, pero ya habían presentado una acción ante la justicia viñamarina contando cómo se habría gestado la supuesta venta y permiso para usar los terrenos, apuntando a un hombre que les habría cobrado hasta $2 millones para no ser desalojados, situación que terminó no cumpliéndose.
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La mañana de este martes 4 de marzo, cerca de 90 familias fueron desalojadas de la toma El Edén, en Lajarilla, asentamiento ubicado en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar. Si bien, su salida fue pacífica –escoltados por Carabineros- y no se produjo ningún enfrentamiento entre con los pobladores, estos reclamaron insistentemente en la responsabilidad del dueño del predio, José Massú, acusándolo de haberlos estafado al haberles vendido el terreno, dejándolos incluso construir sus viviendas y cuidarles las parcelas aledañas; y también contra Carlos Donaire, quien les habría hecho el cobro de más de $2 millones por familia.
En el marco de este operativo ordenado y ratificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras un recurso interpuesto por Massú, todo estuvo en calma hasta que llegó al lugar el dueño del terreno. Fue en ese momento en que las personas que estaban hablando con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, comenzaron a reclamar a viva voz, acusándolo de “estafador”. Luego, al ser consultados por la prensa, dieron más detalles: "Llegó el dueño y nos regaló los terrenos. Si nos hubiera dicho que venía Carabineros, nos hubiéramos ido. Él nos pidió que le cuidemos las otras parcelas y nosotros nos confiamos", dijo uno de los pobladores. "Llegó aquí y dijo yo les regalo estos terrenos. Incluso hay fotos", dijo otra mujer.
Sin embargo, estos reclamos no son aislados. Los vecinos, representados por el abogado Gustavo Burgos, presentaron hace algunos días una querella criminal por los delitos de apropiación indebida y de estafa contra José Massú y contra quienes resulten responsables.
En el escrito, ingresado al Juzgado de Garantía de Viña del Mar el pasado 20 de febrero, y admitido a tramitación el 24 del mismo mes, se cuenta cómo se gestó lo que acusan. “Con fecha 19 febrero de 2022, empujadas por impostergables necesidades sociales junto a un grupo de 50 familias nos instalamos —a instancias de un sujeto llamado Juan— en un predio eriazo, carente de toda forma de delimitación en el que había un vertedero de escombros y basura. En el mismo nos instalamos con toldos y carpas, dedicándonos a limpiar el lugar y hacer movimiento de tierra de forma de habilitarlo para construir nuestras viviendas”, comienzan describiendo los pobladores de la toma Lajarilla en la querella penal.
Cuatro días después –agrega la querella– el 23 de febrero al mediodía, “concurrió al lugar el querellado, Sr. José Massú, acompañado de unas seis personas encargadas aparentemente de su seguridad. En esos momentos nos encontrábamos trabajando en el lugar, se presentó como el dueño del lugar y luego de un diálogo nos indicó expresamente que “si están aquí les autorizo para ocupar, espero que no pasen de este lugar (señalado por un palo) y les pido que se encarguen de que otras personas no ocupen las otras parcelas”. Al día siguiente, 24 de febrero, construyó una pandereta que limita al fondo de la parcela”.
Días después –según relata la acción judicial– “uno de los sujetos que acompañaba al querellado, de nombre Carlos Donaire, se presentó realizando cobros a las familias ocupantes, en pago por la ocupación del predio. Los pagos efectuados con el correr del tiempo superaron los dos millones de pesos por parte de cada grupo familiar, considerando que a partir de ese momento la cantidad de familias ocupantes se duplicó, alcanzando en la actualidad 86 familias, dentro de ellos un centenar de menores de edad y varias decenas de adultos mayores y discapacitados”.
En ese momento –precisan– “los ocupantes nos sentimos seguros y motivados para realizar contratación de maquinaria pesada que se encargara de limpiar el lugar, apisonarlo, construir calles y realizar todas las instalaciones necesarias para la habitabilidad del lugar. Debemos hacer presente que la mayor parte de las familias ocupantes somos inmigrantes de origen venezolano, peruano y haitiano —algunos de ellos con muy pocos meses en el país— por lo que al querellado le resultó fácil inducirnos al error”; sin embargo, “contrariando lo acordado, el querellado, con fecha 18 de marzo de 2022, menos de un mes después de habernos autorizado, dedujo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección” en contra de uno de los ocupantes, Patricio Peñaloza, reclamando la restitución del inmueble.
“A esa fecha, las 50 familias estábamos intensamente trabajado en la mejora y cuidado del lugar y —atento a las características del proceso de protección— tuvimos un conocimiento muy tardío, un año después, de la existencia de una orden de desalojo en nuestra contra. La conducta desplegada por el querellado, en orden a autorizarnos para ocupar el lugar, a cambio de la limpieza y cuidado del mismo, para luego de unos días después, presentar un recurso de protección reclamando la restitución del inmueble en cuestión, constituye un engaño en perjuicio de las comparecientes y las restantes familias ocupantes. El querellado se aprovechó de la notoria necesidad e ignorancia de las comparecientes, consecuencia de nuestra precariedad social y condición de inmigrantes, desconocedoras de las normas que regulan —entre otras— la forma en que se efectúan las operaciones de venta de inmuebles”, acusan.
Sobre lo mismo, afirmaron que “nos indujo a pensar que los pagos efectuados al Sr. Carlos Donaire comprometían al querellado y nos aseguraban la permanencia en el lugar. Sin embargo, a la fecha de la presentación de esta querella nos encontramos afectadas por una orden de desalojo pronunciada en un procedimiento en el que no hemos tenido la posibilidad siquiera de ser oídas, vulnerando nuestro constitucional derecho al debido proceso”.
PURANOTICIA
