Programas Pro-Empleo abren la caja de Pandora en la región de Valparaíso: ¿Se escondería una "segunda planta" municipal?

Cada vez que se discute la continuidad del financiamiento para los programas Pro-Empleo en la región de Valparaíso, el foco suele estar puesto en los miles de trabajadores que dependen de estos cupos para mantener un ingreso. Sin embargo, detrás del debate presupuestario existe otra interrogante que en los últimos días volvió a instalarse con fuerza: ¿se están utilizando estos programas conforme a la normativa para la que fueron creados o, en algunos casos, han terminado escondiendo una forma de reforzar las dotaciones municipales a modo de una "segunda planta"?

La discusión surgió luego que la consejera regional de Valparaíso, Tania Valenzuela, abordara en entrevista con Puranoticia.cl la situación de los beneficiarios que fueron desvinculados en distintas comunas. En ese contexto, rechazó que las labores administrativas desempeñadas por algunos trabajadores fueran el argumento para justificar los despidos y planteó un escenario que abrió un nuevo debate.

PROGRAMAS PRO-EMPLEO

Pero antes de entrar al detalle de esa posible controversia, es necesario entender qué son realmente los programas Pro-Empleo y cuál es el marco bajo el cual funcionan: primero, vale indicar que estos corresponden al Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), una política pública administrada por la Subsecretaría del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

Su objetivo es generar empleos transitorios para personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad laboral, mediante contratos destinados a ejecutar labores de utilidad pública o comunitaria. En otras palabras, se trata de un programa concebido como una herramienta de emergencia para enfrentar períodos de alto desempleo, catástrofes o crisis económicas, y no como un mecanismo permanente de contratación.

Precisamente por esa razón, su diseño apunta a entregar una solución temporal mientras los beneficiarios logran reinsertarse en el mercado laboral formal. De hecho, su auge se dio durante la pandemia del coronavirus y la crisis laboral posterior.

FINANCIAMIENTO

En la mayoría del país, los recursos provienen de la Subsecretaría del Trabajo. Sin embargo, la región de Valparaíso tiene una particularidad. Desde hace varios años, el programa funciona mediante un convenio entre la Subsecretaría del Trabajo y el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, ya que el presupuesto nacional resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los cupos existentes en las 38 comunas.

En la práctica, el Mintrab aporta parte de los recursos y el Gore complementa el financiamiento mediante transferencias aprobadas por el Consejo Regional. De hecho, el pasado 18 de junio el Gore de Valparaíso, a través del Core, aprobó cerca de $4.200 millones para dar continuidad al programa hasta diciembre de este año. Cabe hacer presente que sin ese aporte, cientos de trabajadores perderían su fuente laboral.

LOS CUATRO PIC

Administrativamente, el Programa de Inversión en la Comunidad se divide en cuatro líneas, las cuales se conocen como PIC 1, PIC 2, PIC 3 y PIC 4.

PIC 1: fue la modalidad original del programa. Estuvo orientada a personas desempleadas para desarrollar trabajos comunitarios, siendo ejecutada principalmente por municipios.

PIC 2: corresponde a la modalidad tradicional y actualmente continúa vigente en Valparaíso. Está dirigida a personas desempleadas o con alta vulnerabilidad social y permite la contratación tanto de hombres como de mujeres para desarrollar labores comunitarias y de apoyo a servicios públicos.

PIC 3: fue utilizado para programas específicos o situaciones de emergencia focalizadas. En la actualidad prácticamente no tiene ejecución en la región de Valparaíso.

PIC 4: concentra la mayor cantidad de beneficiarios en la región y está enfocado principalmente en mujeres jefas de hogar, personas con mayores dificultades de inserción laboral y familias en condición de vulnerabilidad.

LABORES A DESEMPEÑAR

Es precisamente en este punto donde comienza la discusión, pues los beneficiarios pueden desempeñar distintas funciones de apoyo en organismos públicos. Entre ellas se encuentran la mantención de áreas verdes, aseo de espacios públicos, limpieza de calles y quebradas, apoyo administrativo, atención de público, colaboración en jardines infantiles y establecimientos educacionales, apoyo a programas sociales, mantención de recintos municipales y labores logísticas durante emergencias.

Es decir, la normativa sí contempla la posibilidad de realizar funciones administrativas. Sin embargo, esas tareas deben cumplir determinadas condiciones.

De acuerdo con el instructivo del programa, las labores administrativas deben tener un objetivo comunitario, es decir, generar un beneficio directo para la población y no transformarse en funciones permanentes propias del funcionamiento habitual de una municipalidad.

Asimismo, estos trabajadores normalmente cumplen labores de apoyo, como atención de público en oficinas comunitarias, registro de información para programas sociales, recepción de documentación u ordenamiento de archivos.

En el caso del PIC 2, cuyo financiamiento proviene del Gobierno Regional, el programa contempla expresamente el financiamiento para tareas administrativas de emergencia.

Por su parte, el PIC 4 permite que mujeres jefas de hogar sean destinadas a oficinas municipales u organismos públicos desarrollando este tipo de funciones, entre otras razones, para resguardar su seguridad laboral.

No obstante, existe una prohibición expresa: los organismos ejecutores no pueden utilizar estos cupos para reemplazar funcionarios de planta o contrata regulados por el Estatuto Administrativo. Y es aquí justamente donde podría instalarse la controversia.

LA "SEGUNDA PLANTA"

Durante una entrevista con Puranoticia.cl, la consejera regional Tania Valenzuela (FA) cuestionó uno de los argumentos utilizados para justificar las recientes desvinculaciones de beneficiarios del programa. Según explicó, si el criterio hubiese sido eliminar únicamente a quienes cumplían labores administrativas, la cantidad de despidos habría sido considerablemente mayor.

En ese contexto sostuvo: "¿Sabes cuántas personas hoy día tienen funciones administrativas en los municipios? Son 400. Si el criterio hubiese sido sacar a las personas que hoy día tienen esta segunda planta, entonces ¿por qué no salen 400 personas?".

Luego, dio a conocer que "en la unidad de Tránsito de uno de los municipios de Marga Marga, que está compuesta por nueve personas, ocho son de Pro-Empleo y ninguno de ellos salió. En Villa Alemana, uno de sus departamentos, que son nueve personas, ocho son de Pro-Empleo".

La expresión "segunda planta" abrió inmediatamente el debate: ¿Puede considerarse que un municipio mantiene una dotación paralela cuando gran parte de un departamento está integrado por trabajadores Pro-Empleo? ¿O se trata simplemente de funcionarios que realizan labores de apoyo permitidas por el programa?

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, también abordó públicamente este tema al defender la continuidad del programa. En esa oportunidad explicó que parte importante de las beneficiarias desarrollan funciones administrativas y sociales en el municipio.

"Tengo 17 de estas mujeres que cumplían funciones sociales en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Estoy hablando de personas que atienden a ciudadanos de Valparaíso, que acuden a las emergencias sociales cada vez que se incendia una casa –que por lo demás eso nos pasa todas las semanas–. Hay mujeres que trabajan en el área de mantención de parques y jardines, en las áreas operativas del Municipio, en las áreas profesionales y administrativas también", sostuvo la jefa comunal.

En la misma línea, cuando el Gobierno Regional aprobó más de $4.200 millones para extender el programa, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, agradeció la decisión y destacó precisamente el trabajo que realizan estos beneficiarios.

En cuanto a los recursos, explicó que "se van a destinar para dar continuidad a estos planes de emergencia, donde estas trabajadoras y trabajadores hacen labores administrativas, en jardines infantiles, en los colegios, en los servicios públicos, en las municipalidades. Por tanto, son un real aporte al desarrollo".

Las declaraciones de las autoridades dejan en evidencia una realidad que nadie discute: los beneficiarios del Pro-Empleo efectivamente realizan labores administrativas. Pero la interrogante no apunta a si ello está permitido, porque el propio programa lo contempla bajo determinadas condiciones; el verdadero debate consiste en determinar si esas funciones siguen siendo un apoyo transitorio a la comunidad o si, en algunos casos, han terminado reemplazando puestos permanentes dentro de las municipalidades, configurando lo que se ha denominado una "segunda planta".

No por casualidad, la propia Contraloría ha planteado la necesidad de introducir cambios al programa y fortalecer los mecanismos de fiscalización, con el propósito de asegurar que cumpla el objetivo para el cual fue creado: constituir un programa de emergencia destinado a apoyar servicios de utilidad comunitaria y no transformarse en un mecanismo permanente para suplir necesidades estructurales de personal.

CRUCE POLÍTICO

La reducción de cerca de $700 millones en el presupuesto destinado al Programa Pro-Empleo obligó a desvincular a más de un centenar de beneficiarios en la región de Valparaíso. Para ello, según se informó, se aplicaron los criterios acordados por una comisión especial, considerando factores como incumplimientos laborales, el Registro Social de Hogares, la emisión de boletas de honorarios y la edad de los trabajadores, priorizando la salida de menores de 25 años.

No obstante, distintas fuentes sostienen que esos criterios no habrían sido suficientes para alcanzar la reducción exigida, por lo que posteriormente se habría optado por disminuir cupos en las comunas con mayor cantidad de beneficiarios, principalmente Valparaíso y Viña del Mar, las ciudades más pobladas de la región.

Esa situación podría abrir un flanco político luego que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, cuestionara que la mayor parte de las desvinculaciones se concentraran precisamente en dos municipios encabezados por alcaldesas del Frente Amplio. Al respecto, sostuvo: "¿Por qué se concentra todo el desescalamiento en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar? En Valparaíso 63 cupos y en Viña del Mar 53. Curioso que se desescale el programa Pro-Empleo en liderazgos de mujeres que hoy día están legítimamente conduciendo los destinos de ambas comunas".

La autoridad regional elegida democráticamente profundizó sus cuestionamientos señalando que "no tengo dudas de que hay un cierto sesgo y tufillo a algo ideológico para la decisión que se toma. ¿Por qué no se desescala en Quilpué? ¿Por qué no se desescala Villa Alemana? ¿Por qué no se desescala en otras comunas?".

Así, el debate sobre el Programa Pro-Empleo ya no solo se concentra en la continuidad de sus recursos o en las funciones que desempeñan sus beneficiarios. También surgen una serie de interrogantes aún sin respuestas: ¿Estamos ocupando bien los planes? ¿Los beneficiarios tienen relación a las afinidades políticas de los municipios? ¿Quién fiscaliza cómo se contrata y si se cumple la norma? ¿Se esconde una segunda planta municipal?  

PURANOTICIA