Polémica por concesión de parquímetros en Quilpué: Concejala González cuestiona acuerdo judicial que beneficiaría a privado

Antes de abordar la revisión del contrato de parquímetros, la concejala de Quilpué, Laura González, salió al paso de las versiones que apuntaban a que habría hecho llorar a la alcaldesa Carolina Corti durante una sesión del Concejo Municipal. La edil aclaró en Puranoticia.cl que no estuvo presente cuando la jefa comunal expuso ante el concejo un delicado problema de salud familiar, debido a que en ese momento se encontraba fuera de la sala.

"Es efectivo que la alcaldesa estaba en ese minuto pasando por una situación personal delicada, pero en el momento en que ella comunica esto en el consejo municipal (…) yo no estaba presente en la sala. Yo estaba en la terraza del consejo municipal sin escuchar nada de lo que estaba ocurriendo adentro".

Una vez aclarada la polémica inicial, la concejala centró su atención en la problemática de fondo: la concesión de estacionamientos que desde 2014 mantiene el municipio con la empresa Estacionar S.A., cuyo contrato tiene una vigencia de 16 años y se extiende hasta 2030. Durante la administración de la exalcaldesa Valeria Melipillán, la Municipalidad de Quilpué cursó decretos de multas por cerca de $135 millones a la concesionaria, debido a diversos incumplimientos.

En respuesta a estas sanciones, la empresa presentó una demanda de nulidad de derecho público, argumentando prescripción e irregularidades en las multas. A ello sumó una acción de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, mediante la cual exigía cerca de $3.000 millones, argumentando una supuesta falta de servicio en la fiscalización de evasores y vehículos mal estacionados.

ACUERDO CON LA CONCESIONARIA

La controversia escaló luego de conocerse que, el pasado 27 de febrero de 2026, la Municipalidad de Quilpué, representada por su directora jurídica, Ximena Olivares Serpa, suscribió un contrato de transacción en la causa C-1844 2024, del Primer Juzgado de Letras de Quilpué.

El acuerdo no solo dejó sin efecto la deuda de $135 millones correspondiente a las multas cursadas a la empresa, sino que además estableció la destinación de inspectores municipales con dedicación exclusiva para apoyar el cobro a los infractores de la empresa privada.

"Para empezar a fiscalizar vamos a dejar dos inspectores municipales con dedicación exclusiva y así lo dice el contrato de transacción (...) a mí eso ya me suena raro (...) cómo vas a hacer una especie de brazo de cobro forzoso para el negocio de un privado".

A esto se suma, según advirtió la concejala, una modificación a la cláusula séptima de la transacción, que altera el cálculo de la participación municipal mensual. De acuerdo con su cuestionamiento, si la fiscalización municipal no alcanza a cursar infracciones a más del 10% del total de infractores reportados por la propia empresa, se aplica un recorte que impacta directamente en los ingresos de la comuna.

"Del universo de infractores del cien por ciento, si yo no logro fiscalizar el diez por ciento se rebaja la participación (...) ¿Y quién nos da a nosotros municipalidad el dato de cuántos infractores hay? La misma empresa’’.

IMPACTO ECONÓMICO

Frente al argumento de que la transacción habría permitido evitar un juicio por cerca de $3.000 millones, González cuestionó que el municipio haya alcanzado un acuerdo antes de llegar a la etapa probatoria. Además, manifestó sus dudas respecto de la existencia de informes técnicos de la Dirección de Tránsito o Seguridad Pública que acreditaran la supuesta falta de servicio planteada por la concesionaria.

"Eso de que nos estamos ahorrando tres mil millones no es real, yo tengo mis serias dudas de que efectivamente nosotros estábamos en incumplimiento. Yo creo que nosotros sí realizábamos fiscalizaciones en el periodo que la empresa alega que no se realizó".

En esa misma línea, cuestionó que el municipio haya cerrado el acuerdo antes de conocer qué antecedentes probatorios podía presentar la empresa para respaldar sus acusaciones.

"Llegamos a un acuerdo antes del periodo probatorio. Nosotros no tenemos idea qué prueba tenía la empresa para acreditar lo que estaba diciendo (...) Es difícil acreditar que no fiscalizó, pero para nosotros es fácil acreditar que sí fiscalizamos".

Con el objetivo de transparentar las condiciones en que se negoció y suscribió el acuerdo, González confirmó que ingresó oficios a las unidades municipales correspondientes para revisar el sustento jurídico de la transacción y contrastar el impacto económico que el acuerdo tendría para las arcas de Quilpué.

"Necesito y me gustaría saber cuánto dinero recibíamos por participación municipal mensual antes del acuerdo, y cuánto estábamos recibiendo hoy después de esta transacción".

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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