Andrés Celis y Andrés Longton, entre otros parlamentarios, oficiaron a la contralora Dorothy Pérez para que se pronuncie acerca de la legalidad de este procedimiento anunciado.
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Diputados de Renovación Nacional (RN) recurrieron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de la expropiación de 100 hectáreas en la megatoma de San Antonio, acción anunciada por el Gobierno.
Los legisladores Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Celis y Andrés Longton oficiaron a la contralora Dorothy Pérez para que se pronuncie “acerca de la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación y cuyo desalojo se hubiere determinado para resolución judicial firme y ejecutoriada”.
En el requerimiento, afirman que la megatoma ha causado “un conjunto amplio de situaciones no deseables que afectan profundamente la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio y de sus comunas aledañas, tales como el tráfico de drogas, otras actividades delictivas, problemas sanitarios derivados de la ausencia de sistemas formales de agua potable y alcantarillado, gran riesgo de emergencias en función de conexiones ilegales al servicio de electricidad o de telecomunicaciones y la ausencia de servicios esenciales como transporte público, salud, aprovisionamiento y educación”.
Agregan que "el Estado ha debido realizar ingentes gastos en atender las necesidades básicas de miles de personas presentes en la toma, acercando los servicios públicos provistos tanto por el nivel municipal como por el central. De igual manera, en materia de seguridad, la toma ha propiciado una alteración considerable de las normales formas de organización y actuación de las Fuerzas Policiales de la comuna y de la región, con objeto de atender las contingencias que su existencia acarrea”.
También recalan que la ocupación “vulnera también el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes ven transformada su conducta al margen del derecho en un acto beneficioso”.
Finalmente, piden a la Contraloría aclarar si el Ministerio de Vivienda puede “recurrir a la expropiación como mecanismo para resolver ocupaciones irregulares en inmuebles cuyo lanzamiento ha sido ordenado por los tribunales de justicia y si tal práctica se ajusta a los principios constitucionales de supremacía constitucional, juridicidad, proporcionalidad, respeto a la función jurisdiccional y prohibición de desviación de poder”.
PURANOTICIA
