Pescadores trasladan disputa por planta de jibia a Contraloría y acusan al Alcalde de Puchuncaví de retrasar el proyecto

Una nueva e intensa disputa legal y socioambiental se trasladó este lunes a las dependencias de la Contraloría Regional de Valparaíso. Hasta el lugar llegaron representantes de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau —que agrupa a trabajadores de Quintero y Puchuncaví— junto a su abogado, Tomás de Rementería, para presentar una denuncia formal en contra del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales.

El recurso busca frenar lo que los trabajadores consideran una "intervención discrecional" y un retraso injustificado en la entrega del permiso de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM), el cual mantiene paralizada la construcción de una planta procesadora de jibia en la localidad de La Greda.

El proyecto, que contempla una inversión de $1.800 millones provenientes de un acuerdo con la empresa Aguas Pacífico, ha encendido las alarmas en la comunidad de Puchuncaví. Vecinos y organizaciones sociales de La Greda y Campiche acusan que la planta se concibió eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante una consulta de pertinencia aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Los habitantes temen que la instalación de una faenadora de recursos hidrobiológicos en una zona históricamente declarada como de "sacrificio" desate una crisis sanitaria debido a vectores, plagas, riles y la emanación de fuertes olores nauseabundos a escasos metros de la población y de la escuela local.

"NOS ESTÁN ENVIANDO CON CUOTAS’’

Desde la perspectiva de la Federación de Pescadores de Bahía Narau, la planta representa la única vía de escape frente al monopolio de las grandes compradoras y el desplome de los precios de la jibia. Los dirigentes aseguran que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones sectoriales correspondientes, incluyendo las de la Seremi de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el propio SEA.

El abogado Tomás de Rementería criticó la postura del jefe comunal, señalando que la planta posee un tamaño moderado en comparación con otras de la región. "El alcalde aquí hizo declaraciones donde lo que hace es tratar de involucrarse en procesos administrativos que ya están sancionados, tanto con la Seremia de Salud como el Servicio de Evaluación Ambiental, y también involucrarse en el único trámite que falta, que es la dirección de obras municipales", explicó el abogado.

"Lo que nosotros queremos presentar acá es señalar que la Contraloría diga que esto no procede (...) y solicitarle que la Contraloría solicite al alcalde no intervenir en el proceso de evaluación de la dirección de obras municipales, que como sabemos es un proceso reglado, donde lo que analizan es el plano regulador, lo que señalaron los otros organismos regulatorios, y no hay una consideración que pueda ser digamos discrecional sobre si les gusta o no".

Por su parte, Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores de Bahía Narau, enfatizó la urgencia económica que vive el sector artesanal.

"Hoy en día tenemos un problema grave del precio de la jibia, cayó, se desplomó a 400 pesos, terminamos el 2025 con 1.800 pesos, y las plantas en esta zona no dan abasto con nuestra pesca (...) salimos dos días la flota entera y al segundo día nos están mandando con cuotas, nos están mandando con un tercio de la capacidad de nuestras embarcaciones".

Poblete arremetió contra la autoridad local añadiendo que "al alcalde de Puchuncaví le gustan las plantas que contaminan, como Puerto Ventana, que hay varamiento de carbón a menudo en nuestra zona, y ahí hay silencio sepulcral", defendiendo que la planta de jibia generará 40 empleos directos inmediatos.

OFENSIVA MUNICIPAL

Lejos de una mera traba burocrática, las acciones emprendidas por la Municipalidad de Puchuncaví responden a la presión de más de diez organizaciones sociales que exigen plenas garantías antes de que se instale una actividad de carácter industrial en un suelo ya saturado de metales pesados y productos químicos.

Frente a esto, el municipio ha actuado como un órgano fiscalizador del cumplimiento estricto de las normativas. El alcalde Marcos Morales confirmó que la casa edilicia ofició formalmente al SEA, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Obras Públicas para exigir una reevaluación exhaustiva de los permisos otorgados. La autoridad comunal ha sido enfática en que el historial de seis décadas de contaminación en La Greda obliga a ser rigurosos con los impactos de vectores, riles y flujos vehiculares que denuncian los comités de agua potable y las mesas vecinales.

Morales fue categórico al justificar su intervención en defensa de los habitantes de la comuna: “Hay que dejar muy presente que estos son procesos que tienen relación con un proyecto que presenta una federación de pescadores de la bahía (…) y nosotros somos el último eslabón en el proceso”.

“Lo que hicimos es oficiar a las nuevas autoridades para pedir una reevaluación respecto a los antecedentes (…) con una oposición categórica por parte de los dirigentes sociales”, expresó el jefe comunal.

“Uno se debe a la comunidad. La comunidad me ha dicho: ‘que los pescadores hagan su planta, pero ¿por qué no la hacen en Quintero?’ (...) Que se haga en Quintero”.

Sin embargo, para la defensa de los pescadores, esta ofensiva municipal sobrepasa las competencias legales de la autoridad local. El abogado Tomás de Rementería fue explícito al señalar que los permisos sectoriales ya fueron evaluados y visados por profesionales durante dos años, por lo que el municipio no tiene la facultad de revertirlos de manera arbitraria.

"El alcalde aquí hizo declaraciones donde lo que hace es tratar de involucrarse en procesos administrativos que ya están sancionados, tanto con la Seremia de Salud como el Servicio de Evaluación Ambiental, y también involucrarse en el único trámite que falta, que es la dirección de obras municipales, que sabemos que si bien son municipales son autónomas e independientes".

En esa misma línea, el cuerpo jurídico de la federación enfatizó ante la Contraloría que la Dirección de Obras Municipales (DOM) debe actuar bajo un marco estrictamente técnico y reglado, ajeno a las presiones políticas o declaraciones del alcalde.

"Lo que nosotros queremos presentar acá es señalar que la Contraloría diga que esto no procede de declarar a firme los procesos donde ya han otorgado todas las calificaciones industriales, regulatorias, de salud, y que han declarado que esta planta no afecta a los vecinos, y por último, solicitarle (…) al alcalde no intervenir en el proceso de evaluación de la dirección de obras municipales (…) no hay una consideración que pueda ser digamos discrecional sobre si les gusta o no, ellos hay que ver que cumplan la ley solamente".

Con la presentación ante la Contraloría, la batalla por la planta de jibia queda a la espera de un dictamen técnico-jurídico que determine si el municipio está facultado para exigir mayores certezas medioambientales o si debe limitarse estrictamente a visar el permiso de edificación basándose en las resoluciones sectoriales vigentes.

PURANOTICIA