Acción de los hombres de mar busca que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordene a las autoridades regionales a entregar todos los antecedentes de fiscalización y coordinar medidas efectivas para acabar de una vez con este problema en la zona.
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La Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, junto a sus sindicatos asociados, interpuso este viernes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los reiterados episodios de contaminación que afectan a la bahía desde fines de septiembre, y que han provocado más de 200 personas intoxicadas, entre ellas niños y trabajadores de establecimientos educacionales.
La acción judicial, patrocinada por los abogados Enrique Kittsteiner y Felipe Olea, fue presentada en contra de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso; el Delegado Presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres; la Gobernación Regional de Valparaíso; la Seremi de Medioambiente; la Seremi de Salud; y la Superintendencia del Medio Ambiente, por su omisión y falta de medidas eficaces ante una situación que los pescadores califican como un abandono prolongado del Estado.
“Existe una sentencia de la Corte Suprema del año 2018 que sigue sin cumplirse. Esa resolución ordenó a las instituciones someterse a controles y evaluaciones ambientales, pero tenemos la legítima duda de que eso no se esté haciendo o, si se hace, se hace mal. Por eso recurrimos en representación de más de 600 pescadores y de toda la comunidad”, señaló el abogado Enrique Kittsteiner, enfatizando que el recurso busca que la Corte ordene a las autoridades remitir todos los antecedentes, bitácoras y mediciones realizadas desde el 28 de septiembre a la fecha .
En detalle, el recurso busca también que se oficie a más de 15 entidades públicas y privadas, incluyendo a ENAP, Copec, Gasmar, Oxiqim, Bomberos, las municipalidades de Quintero y Puchuncaví, y los centros de salud locales, para determinar qué empresas o instituciones podrían estar detrás de las emisiones tóxicas. En ese sentido, el jurista añadió que “lo que queremos acá es saber qué pasa. Si hay algo que se está haciendo mal, la comunidad tiene el derecho legítimo a conocerlo y a exigir responsabilidades”.
Por su parte, el presidente de la Federación Bahía Narau, Hugo Poblete, expresó su molestia por lo que calificó como un incumplimiento reiterado del Gobierno y de las autoridades regionales: “Esto se arrastra hace más de una década. En 2018 tuvimos más de 2 mil niños intoxicados y firmamos un convenio con el ministro de Economía que no se cumplió en nada. Hoy volvemos a lo mismo, olores a cloro, dolores de cabeza, vómitos, escuelas evacuadas. Nadie hace la pega, y los niños siguen siendo los más afectados”.
En ese sentido, el dirigente acusó que, pese a la gravedad de los hechos, no ha existido presencia efectiva del Delegado Presidencial ni coordinación real entre las instituciones responsables, pues “las autoridades solo aparecen para apagar incendios, no para prevenirlos. Lo que exigimos es que se identifique a las empresas responsables y se tomen medidas drásticas. Esto ya es una violación de derechos humanos” .
Finalmente, la Federación advirtió que los episodios de contaminación no solo afectan la salud de la población, sino también el sustento económico de las familias pesqueras, ya que la bahía se encuentra saturada:“Para nosotros es súper complejo, imagínate, ya van a colocar otra desaladora y hay catorce o quince barcos a diario descargando en la bahía. Así no se puede pescar ni bucear, y si lo haces, la Armada te saca. Estamos completamente invadidos por el parque industrial, y la pesca artesanal ya no tiene espacio para trabajar”, sentenció Poblete.
PURANOTICIA
