Quiroz y Puelma Arquitectos, asociada a emblemáticos proyectos inmobiliarios de la Ciudad Jardín, quedó en el centro del debate debido a un eventual conflicto de interés de parte del titular de la cartera de Hacienda. Todo esto en plena discusión de la Ley Miscelánea.
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En medio de la compleja tramitación de la Ley Miscelánea en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta duros cuestionamientos luego que se conociera públicamente que no transparentó en su Declaración de Intereses y Patrimonio que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, una de las oficinas de arquitectura más influyentes de Viña del Mar.
La situación ha generado debate debido a que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa una serie de medidas económicas orientadas precisamente al rubro inmobiliario y de la construcción, sector donde la firma mantiene una histórica presencia a través de proyectos residenciales, corporativos y comerciales desarrollados en la región de Valparaíso y otras zonas del país.
Entre las iniciativas contempladas en la Ley Miscelánea figuran incentivos tributarios a la inversión inmobiliaria, mecanismos de flexibilización de permisos, exenciones transitorias del IVA para viviendas nuevas y herramientas destinadas a acelerar proyectos de construcción, todo ello en medio del objetivo del Ejecutivo de reactivar la economía y recuperar el empleo en sectores golpeados por la baja actividad económica.
Según consigna El Mostrador, la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos es ampliamente conocida en Viña del Mar por participar en distintos desarrollos inmobiliarios de gran escala. De hecho, uno de los proyectos más emblemáticos vinculados a la firma es el edificio Kandinsky, ubicado en Reñaca y que quedó en el centro de la polémica tras el socavón registrado en el Campo Dunar del sector de Cochoa.
Además, la empresa registra participación en proyectos y concursos asociados a organismos públicos y aparece vinculada a redes de proveedores del Estado, situación que ha elevado las dudas respecto de la necesidad de transparentar posibles vínculos familiares en materias relacionadas con la función pública.
El foco de las críticas apunta específicamente a que el ministro Jorge Quiroz dejó sin completar el apartado denominado «Otras potenciales fuentes de conflicto de intereses» en su Declaración de Intereses y Patrimonio, espacio destinado precisamente a informar situaciones que, aun cuando no constituyan necesariamente una ilegalidad, puedan generar dudas sobre la imparcialidad o afectar la confianza pública.
Pese a las consultas realizadas, el Ministerio de Hacienda no respondió respecto de esta omisión y el secretario de Estado tampoco emitió declaraciones. El caso adquiere especial sensibilidad política debido al momento en que ocurre: la Ley Miscelánea atraviesa uno de sus escenarios más complejos en el Senado, donde el oficialismo aún no tiene asegurados los votos para aprobar varios de sus artículos más relevantes.
El tema fue analizado por Aldo Madariaga, académico y director del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (UDP), quien en conversación con Puranoticia.cl se refirió a las acusaciones contra el ministro Quiroz, abordando la posibilidad de que la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sea una estrategia política para "empatar" la situación.
Al respecto, señaló que “no podría decir si es un diseño planificado de parte del segundo piso de La Moneda o de las asesorías comunicacionales del Gobierno, pero claramente el Gobierno está en una situación compleja de cara a la tramitación en el Senado de la gran reforma, que es la Ley de Reconstrucción Nacional, donde los votos no estarían dando en este momento y la oposición ya ha dicho que no se va a sentar a conversar porque no ha visto espacio de conversación”.
Asimismo, agregó que “desde el mismo Chile Vamos, Renovación Nacional ha tenido una postura bastante crítica, justamente por la actitud de poca tranzar, de poco acuerdo del ministro Quiroz”. En ese sentido, sostuvo que “en ese escenario, además, llega esta acusación de que el ministro Quiroz no habría declarado parte de su patrimonio”.
Madariaga también afirmó que “lo más grave es que tendría un conflicto directo de interés porque si participa en una inmobiliaria que se ha beneficiado de algunas medidas del Gobierno, como son la rebaja del IVA y una serie de eliminaciones de permisos sectoriales para facilitar la construcción, entonces no es solo que no declaró patrimonio, sino que está beneficiándose de las medidas que él mismo impulsa”.
Respecto de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, el académico sostuvo que “esto se ha hecho repetidamente”, explicando que “si tú ves, el tema específico de la acusación, esta no ha encontrado apoyo en ningún sector político ni tampoco técnico. Es decir, economistas del amplio espectro, desde la derecha hasta los consultores financieros, han dicho que esto no se sostiene por ningún lado”.
Además, indicó que “una cosa es que hay una discrepancia, que además estas son cifras que se actualizan porque estos cálculos se hacen con las cifras del momento. Por ejemplo, depende de la cifra de crecimiento que se maneja en ese momento, depende de la cifra de inflación y del dólar de ese momento. Si tú lo haces tres meses después, cuando todas estas cifras cambiaron, es evidente que ese cálculo cambia”.
El director del Doctorado en Ciencias Sociales de la UDP agregó que “eso se puede discutir entre los equipos técnicos sobre qué hacer al respecto, pero plantear una acusación constitucional...”. Asimismo, señaló que “el ministro fue muy categórico y muy duro al referirse a esto, hablando de que faltaba plata, de que faltaban 9.000 millones, que lo dijo de manera bastante dura en una conferencia de prensa”.
Finalmente, sostuvo que “claramente se está mostrando aquí una situación ajena a la discusión de fondo, que tiene que ver con la situación de probidad que afecta al ministro Quiroz y, además, la discusión respecto de la Ley de Reconstrucción, porque recordemos que todavía el Gobierno no ha aclarado cuál va a ser el impacto fiscal de esta ley, y esto lo han dicho desde el FMI hasta el Consejo Fiscal Autónomo y economistas de derecha, es decir, es algo que no se ha resuelto”.
PURANOTICIA
