Organizaciones sociales de Valparaíso denuncian ante el Ministerio de Vivienda irregularidades en proyecto Parque Barón

El escenario urbano de Valparaíso enfrenta una nueva crisis institucional. A través de una carta formal, con fecha 5 de mayo de 2026, diversas organizaciones sociales, territoriales y ciudadanas han denunciado ante el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, una serie de "vicios graves" y una "grave desviación de fines" en el emblemático proyecto Parque Barón que se ejecuta en el borde costero de la Ciudad Puerto.

El principal punto de conflicto radica en la naturaleza jurídica de la obra. Según el documento, el Permiso de Edificación N° 00271 califica el proyecto como una "Obra Nueva" con destino a "Vivienda". Sin embargo, las organizaciones sostienen que esta categoría es una fachada.

• Contradicción técnica: Mientras el convenio lo define como un "Parque Urbano", el Plan Maestro de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) revela la construcción de explanadas de alto estándar para el acopio de contenedores y tránsito de carga, incluso peligrosa.
• Consecuencia legal: Esta discrepancia "configura una posible falsedad en el destino declarado del proyecto".

La denuncia pone el foco en el financiamiento del Serviu, el cual, según información complementaria, habría utilizado fondos originalmente destinados a la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué.

• Infracción a la Ley N° 19.542: El artículo 20 de dicha ley prohíbe que las empresas portuarias reciban subsidios estatales para sus inversiones. Al usar dinero del SERVIU para habilitar infraestructura funcional al puerto, se estaría frente a una "subvención encubierta a EPV".
• Vulneración de mandato: Se acusa que el SERVIU estaría excediendo su "principio de especialidad", que lo limita exclusivamente al ámbito habitacional y urbano, no industrial o logístico.

El documento expone además que el contrato asociado al proyecto tiene una vigencia de 30 años renovables. Esto contravendría el artículo 14 de la ley portuaria, que restringe a un máximo de 10 años cualquier ocupación ajena a la actividad portuaria por ser una norma de orden público.

Asimismo, las organizaciones alertan sobre una eventual elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Argumentan que, dada la magnitud del proyecto y su vínculo con cargas industriales, el ingreso al SEIA era obligatorio bajo la Ley N° 19.300.

EL LLAMADO A LA PROBIDAD

Para los firmantes, entre los que destacan la Fundación Defendamos la Ciudad, Org. Social San Mateo Libre y la Agrupación de Vecinos por un Borde Libre, lo que está en juego es el estándar ético del Estado:

"Cuando recursos destinados a vivienda y ciudad son utilizados para habilitar infraestructura al servicio de intereses portuarios, se rompe la confianza pública y se desnaturaliza la función del Estado".

SOLICITUDES CONCRETAS AL MINISTRO PODUJE

1. Revisión inmediata de todos los componentes legales y técnicos del proyecto.
2. Instrucción de un sumario administrativo para establecer responsabilidades.
3. Paralización de las obras de manera preventiva.
4. Remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado ante posibles delitos penales.

PURANOTICIA