Agrupaciones ciudadanas de Valparaíso anuncian que, tras la votación de este próximo martes 3 de marzo en la Coeva, recurrirán a instancias judiciales, donde argumentarán vicios de procedimiento y uso de antecedentes desactualizados en la evaluación.
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Luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Valparaíso recomendara la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto «Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)», impulsado por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) desde 2019, la iniciativa dio un nuevo paso en su tramitación.
Esto, al concluir que cumple con la normativa ambiental vigente y que contempla medidas de mitigación y compensación acordes a los impactos identificados, ingresando así a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, instancia que deberá votar el proyecto el 3 de marzo.
Pese a ello, agrupaciones ciudadanas que aseguran conocer la legislación ambiental y administrativa, manifestaron su preocupación técnica frente al ICE del proyecto, dando cuenta de presuntas falencias que "comprometen la integridad del territorio" y "configuran vicios esenciales de procedimiento según la normativa vigente".
Así, «San Mateo Libre», «Fundación Defendamos la Ciudad, Regional Valparaíso», «Borde Costero Libre» y «Vecinos Organizados Borde Costero de Valparaíso» expusieron que "la reciente renuncia de la directora regional del SEA, Paola la Rocca, parece ser el síntoma evidente de una gestión que ha optado por la ligereza técnica".
Los opositores al proyecto sostienen que existiría un incumplimiento del artículo 9 bis de la Ley 19.300, que exige que el ICE contenga los “pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia”, señalando que su omisión constituye un “vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental”. A su juicio, el ICE de TCVAL desestimó observaciones de la Gobernación Marítima, Subpesca y el Gobierno Regional, bajo el argumento de que no se ajustaban a lo ordenado por el Segundo Tribunal Ambiental, interpretación que consideran errónea, ya que retrotraer los estudios no permitiría omitir pronunciamientos técnicos vigentes sobre riesgos actuales.
Como segundo argumento, sostienen que el proyecto se estaría evaluando con una línea de base obsoleta, pese a que el artículo 2° literal l) de la Ley 19.300 exige que esta describa detalladamente las condiciones ambientales previas a su ejecución. Indican que Subpesca advirtió la falta de nuevos antecedentes oceanográficos desde 2014 y que la Gobernación Marítima solicitó actualizar la caracterización de sedimentos para el dragado, considerando el tiempo transcurrido. A su juicio, el SEA desestimó estas advertencias, permitiendo una evaluación basada en datos antiguos y subvalorando eventuales impactos asociados al cambio climático y al aumento de marejadas.
En un tercer punto, plantean deficiencias en materia de compatibilidad territorial, citando el artículo 9° ter de la Ley 19.300, que obliga a solicitar el pronunciamiento del Gobierno Regional y los municipios sobre esta materia. Señalan que el propio ICE reconoce que inicialmente ni el Gore ni el Municipio se pronunciaron al respecto y que, luego, el Gore pidió aclarar la ubicación exacta de la cantera Fundo Los Perales respecto del límite urbano y exigir el Certificado de Informaciones Previas. Sin embargo, acusan que el SEA calificó estas observaciones como "materias no consideradas", lo que –a su juicio– deja incertidumbre sobre la ocupación de suelo rural con fines industriales.
En un cuarto y quinto punto, los opositores advierten una eventual reducción de la protección patrimonial, señalando que el Consejo de Monumentos Nacionales denunció durante el proceso que el titular no incorporó una línea de base independiente y exhaustiva para el Patrimonio Cultural, tratándolo únicamente como un atributo visual del paisaje. Asimismo, sostienen que la reciente renuncia de Paola la Rocca en el SEA regional evidenciaría la fragilidad técnica del proceso, al existir –a su juicio– presión por visar un documento que habría bloqueado observaciones técnicas legítimas.
En representación de la Fundación Defendamos la Ciudad, Regional Valparaíso, su director, Jorge Bustos, conversó con Puranoticia.cl respecto a lo que ocurrirá este 3 de marzo en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) donde se votará el proyecto.
"Se va a aprobar, sin duda alguna. Luego eso se va al Tribunal Ambiental, que tiene fallos administrativos insuperables, es decir, primero vamos a alegar el tema del Acuerdo por Valparaíso que en términos jurídicos, el Estado tiene organismos que son contralores o fiscalizadores. Esos organismos fueron parte del acuerdo, por lo tanto, se pierde la imparcialidad y la mirada objetiva sobre el el proyecto", comenzó indicando.
Luego aseguró que en el Tribunal Ambiental "se caerá por la jurisprudencia que existe y por la misma ley 19.300. Si están trabajando con los datos de hace casi 12 años. En estos 10 años hay cambio climático y no está claro de dónde van a sacar las piedras para construir esa mole que quieren instalar justo frente al barrio más patrimonial y donde hay más inversión sobre el tema turístico y lo que más vende es la vista. Y justo ahí la van a colocar cinco grúas de 90 metros, que son 13 pisos".
De esta manera, el proyecto TCVAL quedará ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, cuyos integrantes deberán pronunciarse este martes 3 de marzo en una votación clave para su continuidad. Mientras el Servicio de Evaluación Ambiental ya recomendó su aprobación, las organizaciones ciudadanas anticipan que, de concretarse el visto bueno, recurrirán nuevamente a instancias judiciales, abriendo un nuevo capítulo en la extensa controversia que rodea la ampliación portuaria en la Ciudad Puerto.
PURANOTICIA
