Diputada Barchiesi denuncia que mientras la Seremi de Obras Públicas asegura que el inmueble cumple la normativa, la Seremi de Salud detectó serias deficiencias sanitarias, por lo que los funcionarios tendrán que continuar sus labores en la modalidad teletrabajo.
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Las respuestas a un oficio de fiscalización enviado por la diputada Chiara Barchiesi a las Seremis de Obras Públicas y de Salud han develado una grave situación de posible negligencia administrativa y perjuicio fiscal en la región de Valparaíso.
En específico, la parlamentaria del Partido Republicano solicitó información detallada respecto a las condiciones sanitarias y de seguridad del edificio ubicado en calle Cochrane 751, en Valparaíso, donde actualmente funcionan diversas unidades del MOP.
Cabe recordar que a fines de 2023, tras el amago de incendio en un ascensor del edificio Esmeralda, donde operan organismos como el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, el inmueble debió ser desalojado por la mayoría de servicios públicos.
Así es como el Ministerio de Obras Públicas –en su bajada regional– se trasladó al edificio que en su momento utilizó la empresa Esval que, a su vez, se mudó a Viña del Mar. Esto encendió las alarmas de Barchiesi que en marzo pasado alertó de un posible conflicto de intereses, ya que el MOP se encarga justamente de fiscalizar a Esval.
De hecho, en aquella oportunidad, la parlamentaria del Distrito 6 pidió a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre dicho contrato de arriendo por 1.450 UF mensuales. El problema radica en que a los dos meses de haberse trasladado los funcionarios de la Seremi de Obras Públicas, Esval vendió el edificio a la inmobiliaria Laguna Funding Ltda, dejando al MOP como arrendatario de esta compañía.
Bajo este contexto, la diputada Barchiesi ofició tanto a la Seremi de Obras Públicas como a la de Salud para que le informaran detalles acerca de las condiciones sanitarias y de seguridad del edificio que siguen arrendando por 1.450 UF mensuales.
En sus respuestas, ambas instituciones entregaron versiones totalmente opuestas: La Seremi MOP aseguró que el inmueble "cumple con las normativas del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas".
Por su parte, la Seremi de Salud, tras una inspección realizada el 21 de abril pasado, concluyó que el edificio que hoy ocupa Obras Públicas en Valparaíso presenta múltiples deficiencias que vulneran el Decreto Supremo 594/1999 del Ministerio de Salud. Es más, la Autoridad Sanitaria incluso dio inicio a un sumario sanitario.
"Existen deficiencias sanitarias relativas a seguridad en dichas instalaciones, tales como que en la fiscalización no se acreditó la existencia de matriz de riesgo; (...) en vías de evacuación falta señalética y los pasillos de tránsito no tienen luces de emergencia; el edificio no cuenta con red húmeda; cableado sin protección; montacarga sin mantención; desniveles; equipo electrógeno sin mantención, entre otras deficiencias, por lo que se dio inicio a sumario sanitario, el que se encuentra en tramitación", respondió la Seremi de Salud al oficio presentado por la legisladora.
Y por si no fuera suficiente, la Autoridad Sanitaria también verificó en su fiscalización que cinco baños del edificio se encuentran fuera de servicio y que varios elementos de seguridad básica están inoperativos o simplemente no existen.
En el siguiente cuadro comparativo se logran apreciar las diferentes respuestas entregadas por los Ministerios a las mismas preguntas de la diputada Barchiesi:
Tras comparar las respuestas enviadas por las Seremis de Obras Públicas y de Salud, la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que "esto es gravísimo. El MOP presentó una versión totalmente edulcorada, mientras la Seremi de Salud confirma que el edificio no cumple con requisitos mínimos de seguridad. ¿Quién autorizó el traslado de funcionarios a un lugar que pone en riesgo su salud y su integridad?".
De igual forma, la parlamentaria se refirió a la alerta levantada en marzo en torno el edificio, considerando que fue arrendado por el Estado a Esval, empresa que justamente es fiscalizada por el propio Ministerio de Obras Públicas, por una suma mensual de 1.450 UF. Y es que –vale recordar– solo a dos meses del contrato, la sanitaria Esval vendió el inmueble a una inmobiliaria, la que actualmente percibe el arriendo.
Y acá la situación promete escalar nuevamente, ya los funcionarios de OO.PP. deberán abandonar el edificio a partir del lunes 23 de junio debido a sus fallas estructurales.
“Además de un conflicto de interés evidente, hoy el Estado sigue pagando por un edificio inhabitable. ¿Quién está pagando las reparaciones? Esto amerita una auditoría urgente y la revisión completa de todos los contratos de arriendo suscritos por el MOP en la región”, comentó la parlamentaria del Partido Republicano.
Cabe señalar que por el hecho ya se presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de este contrato.
La legisladora también anunció nuevas acciones, entre ellas, solicitar una investigación administrativa al Ministerio de Obras Públicas, oficiar a la Cámara para invitar al ex seremi de OO.PP., Yanino Riquelme, (hoy delegado presidencial regional) a la Comisión de Obras Públicas y, además, evaluar una denuncia ante la Contraloría General de la República por presunto incumplimiento del deber de cuidado.
“El Estado no puede seguir funcionando sobre la base de improvisaciones, opacidad y acomodos entre autoridades y privados. Alguien debe responder políticamente, porque no solo se comprometió la salud de los trabajadores, sino que también se dañó y se sigue dañando gravemente el patrimonio fiscal”, concluyó Barchiesi tras dar cuenta de la gravedad del asunto denunciado.
PURANOTICIA
