Luego que gendarmes denunciaran que la empresa a cargo demoliera muros estructurales y luego abandonara los trabajos, la diputada Barchiesi ofició a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para que expliquen el cierre operativo del penal aconcagüino.
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El Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe atraviesa una situación crítica luego que un trabajo de remozamiento que no habría sido ejecutado de manera adecuada en los baños obligara a declarar inhabitable la unidad penal.
La situación fue advertida luego de una serie de denuncias que habrían realizado funcionarios de Gendarmería, quienes alertaron sobre el estado de las instalaciones.
Las obras, que fueron licitadas por un monto superior a $37 millones ($37.808.872), quedaron inconclusas luego de que la empresa a cargo, Constructora y Servicios Berroeta SpA, abandonara el proyecto. Esta paralización dejó sin condiciones mínimas de funcionamiento a una infraestructura clave para la rutina diaria del penal.
A raíz de estas deficiencias, los 350 internos que actualmente cumplen condena en el recinto aconcagüino deberán ser trasladados a otros establecimientos, mientras se ejecutan las obras correctivas necesarias. El objetivo es permitir la intervención completa de los baños y recuperar condiciones adecuadas para el funcionamiento del centro.
En específico, la Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso adjudicó en octubre la licitación para reparar los baños internos colectivos N° 2, 3, 9 y 10 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe. Sin embargo, los gendarmes señalaron que en plena ejecución de obras, la empresa demolió muros estructurales y luego abandonó los trabajos, situación que terminó en un informe de ingeniería estructural que declaró el recinto inhabitable y en el traslado exprés de los internos a otros penales.
Frente a esto, la diputada Chiara Barchiesi anunció una ofensiva fiscalizadora contra Gendarmería y el Ministerio de Justicia por el cierre operativo de esta cárcel que funciona hace años en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.
"En plena crisis carcelaria, cuando el crimen organizado está desbordado y necesitamos cada plaza penitenciaria, el Estado termina cerrando una cárcel por una obra mal gestionada. Aquí alguien tiene que hacerse responsable: la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, y también el Ministerio de Justicia", sostuvo.
La parlamentaria del Partido Republicano también cuestionó el comunicado oficial de Gendarmería, que se limita a hablar de “obras de mantención” y de la necesidad de redestinar temporalmente a los internos, afirmando que el texto "es escueto y complaciente: no explica qué pasó con la licitación por más de $37 millones, no dice nada sobre el abandono de la obra, no identifica a los responsables internos de supervisar estos trabajos y no informa plazos ni plan real para rehabilitar la cárcel de San Felipe. La ciudadanía merece transparencia, no comunicados vacíos".
Por ello se ingresó un oficio de fiscalización al Ministerio de Justicia, solicitando todos los antecedentes de la licitación, la identificación de los funcionarios encargados de la supervisión, el estado del contrato, el monto y la ejecución de la boleta de garantía, la aplicación de multas por incumplimiento y copia íntegra del informe de inhabitabilidad, junto con la identificación del profesional que lo emitió y los criterios técnicos de ingeniería de cálculo estructural que derivaron en esta medida.
Paralelamente, Barchiesi ingresará una presentación a la Contraloría General de la República, para que el organismo revise la juridicidad del proceso licitatorio, el cumplimiento de punitorios y garantías, y determine responsabilidades administrativas.
“No sólo se afecta a los internos, también se golpea a gendarmes y funcionarios, que ahora tendrían que ser trasladados a comunas lejanas mientras sus familias siguen viviendo en Aconcagua. Este es un ejemplo de mala gestión, falta de planificación y desprecio por quienes sostienen el sistema penitenciario día a día", dijo.
Finalmente, la representante del Distrito 6 del interior de Valparaíso no descartó solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para que se aborde esta situación. "Para que la ciudadanía conozca en detalle qué se hizo con los recursos y por qué se llegó al extremo de cerrar una cárcel completa en una región que ya enfrenta serios problemas de seguridad y déficit de infraestructura penitenciaria", comunicó.
PURANOTICIA
