Cynthia Pérez, abogada querellante en esta causa, presentó solicitudes formales de reapertura ante la Fiscalía de Quintero y la Fiscalía Regional en dos causas penales por homicidio y obstrucción a la investigación, ambas cerradas tras las decisiones de no perseverar.
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A más de tres años de la muerte de la joven abogada Valentina González Heresmann, un caso que desde sus inicios dejó preguntas abiertas y un fuerte impacto público en la región de Valparaíso, la causa vuelve a tensionar al sistema judicial. Esto, luego que la Fiscalía resolviera no perseverar en la investigación penal por su deceso ocurrido en el motel El Duende, en Quintero, y que ahora una nueva arista judicial empujara a la parte querellante a solicitar formalmente la reapertura de las indagatorias.
La abogada y amiga de la víctima, Cynthia Pérez, confirmó que ya inició las respectivas acciones ante el Ministerio Público para que se revise nuevamente el caso.
Pero antes de detallar esto, vale recordar el contexto de los hechos: Valentina González salió la noche del 29 de julio de 2022 junto a amigos para disfrutar de un local nocturno. Tras permanecer algunas horas en el lugar, se retiró en compañía de otras dos personas, con quienes se trasladó hasta el motel El Duende. Durante la mañana del 30 de julio, personal del recinto alertó a los servicios de emergencia luego de no obtener respuesta desde la habitación, constatándose posteriormente su fallecimiento.
Según los antecedentes recabados en la investigación, personal de Carabineros verificó inicialmente que la joven se encontraba sin vida en el jacuzzi de la habitación. El Servicio Médico Legal (SML) determinó posteriormente que la causa de muerte correspondía a una asfixia por inmersión, sin que los peritajes lograran acreditar la participación de terceros. Tras más de dos años de diligencias, la Fiscalía resolvió no perseverar en la causa, al no reunirse elementos suficientes para sostener una imputación penal.
A raíz de esa decisión, la abogada querellante presentó solicitudes formales de reapertura de investigación ante el Ministerio Público en dos causas penales: una por el delito de homicidio y otra por obstrucción a la investigación, ambas seguidas por la muerte de Valentina y cerradas previamente mediante la decisión de no perseverar.
El nuevo antecedente que sustenta esta petición –según explicó Pérez– es que “ha recaído una sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado en contra de Felipe Aquiles Olivares Ossio, por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga, conforme al artículo 4 de la Ley 20.000, por hechos ocurridos en el mismo contexto temporal y espacial en que se produjo el fallecimiento de Valentina”. Olivares era una de las personas que ingresó al motel junto a la joven abogada.
En ese sentido, la profesional sostuvo que “este antecedente penal es nuevo, objetivo y acreditado judicialmente, y no fue ponderado al momento en que se adoptaron las decisiones de no perseverar. En mi opinión jurídica, altera sustancialmente el marco fáctico y jurídico bajo el cual fueron evaluados los antecedentes de ambas causas, lo que hace necesaria una revisión objetiva y completa de las investigaciones, conforme al principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público”.
Asimismo, agregó que la condena por microtráfico “constituye un antecedente relevante que debe ser considerado, tanto en la investigación por homicidio, para reevaluar las circunstancias en que se produjo la muerte; como en la investigación por obstrucción a la investigación, al aportar un móvil penal concreto para analizar eventuales conductas destinadas a entorpecer o desviar la acción investigativa”.
Las presentaciones fueron ingresadas por las vías institucionales, tanto ante la Fiscalía local de Quintero como mediante una solicitud de revisión jerárquica ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, acompañando los antecedentes judiciales pertinentes y solicitando diligencias específicas derivadas de esta nueva condena de Olivares.
Finalmente, Cynthia Pérez afirmó que “me mantendré atenta a la respuesta del Ministerio Público y, de ser necesario, ejerceré todas las acciones legales que contempla el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de resguardar los derechos de la víctima y de su familia, y también asegurar que los hechos sean investigados con la debida exhaustividad, seriedad y objetividad”.
Con esta ofensiva legal, el caso de Valentina González Heresmann vuelve a instalarse en la agenda judicial y pública, reabriendo el debate sobre las circunstancias de su muerte y el alcance de las decisiones adoptadas hasta ahora por el Ministerio Público.
PURANOTICIA
