En junio de 2024, el ministro Carlos Montes señaló en el Congreso que, en ese entonces, a nivel nacional, eran 49 los campamentos con riesgo de desalojo. Hoy ya son 52.
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Un catastro compartido desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) devela que son 52 las ocupaciones ilegales que cuentan con orden de desalojo, tal como ocurre con la megatoma de San Antonio y la toma Lajarilla de Viña del Mar.
En junio de 2024, el ministro Carlos Montes señaló en el Congreso que, en ese entonces, a nivel nacional, eran 49 los campamentos con riesgo de desalojo -actualmente 52-. Entre esos asentamientos se encuentran Dignidad, en La Florida; Cerro 18, en Lo Barnechea; Lajarilla, en Viña del Mar; y Colcura, en Lota.
Entre 2022 y 2024, el número de campamentos aumentó en un 31,1%; esto, porque pasaron de 1.091 a 1.432, según información del Minvu consignada por La Tercera.
Un estudio realizado por Techo Chile y Déficit Cero identificó en el universo de las tomas más de 500 hogares o, bien, más de mil si estaban integrados por más de una unidad territorial. Según la investigación, estos se concentraban en el Norte Grande. En Tarapacá, un 65,5% de los campamentos estaba dentro de esta categoría. Lo seguían Antofagasta (con un 48,4%) y Atacama (con un 41,4%).
En Viña del Mar está la toma El Edén (en Lajarilla). El predio en cuestión es propiedad del empresario José Massú, quien adquirió las parcelas 764 y 766 el año 2012. El fallo de la Corte Suprema que ordena a los ocupantes a hacer abandono del terreno para el martes 4 de marzo, a partir de las 9.00 de la mañana, sostiene que “en la actualidad ambos terrenos permanecen ocupados desde fecha indeterminada”.
A febrero de 2025 se contabilizaban a cerca de 450 personas en la toma, pertenecientes a unas 86 familias. El desalojo estaba programado para este sábado 22 de febrero, sin embargo, el abogado de Massú, Waldo del Villar -tras llegar a un acuerdo con el Municipio de la Ciudad Jardín y Carabineros- solicitó a la Corte de Apelaciones postergar la acción para el 4 de marzo.
En Santiago, en La Florida está el campamento Dignidad, que alberga a más de 750 familias en la Quebrada de Macul. La toma se encuentra ubicada en la ribera del Zanjón de la Aguada y albergaría a personas que habrían llegado durante el estallido social de 2019, pese a los riesgos de inundación que siempre han existido en esa zona.
Este campamento fue afectado por un incendio que consumió más de 50 viviendas en el asentamiento ubicado en Av. Tobalaba. Tras esto, autoridades como el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, indicaron que el desalojo -que se realizaría de forma progresiva- será evaluado por las condiciones tras el siniestro.
Otro caso en la región Metropolitana son las 300 personas que viven en la toma ubicada en el Cerro 18 y las 107 familias que la Municipalidad de Lo Barnechea, desde 2024, busca desalojar al ser una zona de alto riesgo de incendio y remoción de masa. La decisión fue zanjada en marzo de ese año a través de un decreto municipal, donde se prohibió construir cualquier proyecto en la zona debido a su característica de riesgo.
La toma de Colcura, en Lota, es reconocida como un campamento por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), y viven más de 200 familias que empezaron a llegar en el 2019. El terreno es propiedad de la Forestal Arauco, la cual presentó una demanda en contra de 69 personas que la habitan.
El asentamiento que está en cercanías de un humedal es solicitado por la empresa, debido a la ocupación ilegal de terrenos privados que le pertenecen y que solicitan sean abandonados. En una vista a la zona realizada en junio, el ministro Montes dijo que su desalojo dependía de los tribunales. Por otra parte, tanto autoridades como organizaciones de la comuna de Lota solicitan al Ministerio del Medio Ambiente que el sitio se declare como un humedal urbano. Decreto que se espera desde el 2022
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