Según Un Parque para Las Salinas, esta omisión en los fallos no es un hecho aislado ni meramente doctrinario, sino que "configura un patrón institucional reiterado".
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El movimiento Un Parque para Las Salinas ingresó formalmente una carta dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de antecedentes científicos, técnicos y jurídicos, solicitando una revisión profunda de las decisiones judiciales adoptadas entre 2020 y 2025 en el conflicto socioambiental del paño Las Salinas, en Viña del Mar.
La presentación sostiene que, durante más de cinco años, distintos fallos omitieron sistemáticamente la evaluación del riesgo para la salud humana, pese a lo que consideran existencia de evidencia científica robusta sobre exposición crónica a contaminantes cancerígenos y neurotóxicos, derivados de más de 112 años de actividad petroquímica y agroquímica en el sector ubicado en pleno borde costero de la ciudad.
Según el movimiento, esta omisión no es un hecho aislado ni meramente doctrinario, sino que "configura un patrón institucional reiterado, documentado en una revisión sistematizada de procesos judiciales que habría operado mediante una doctrina restrictiva del control jurisdiccional del riesgo sanitario, inhibiendo en la práctica el principio precautorio y la tutela efectiva del derecho a la vida y a la salud".
La carta incorpora, además, antecedentes que describen una red de influencia externa vinculada al denominado «Caso Hermosilla», cuyas "coincidencias temporales, personales y decisionales –según los documentos adjuntos en la misiva– afectan la apariencia de imparcialidad objetiva en resoluciones clave del caso Las Salinas". Estos elementos –advierten– adquieren especial gravedad en un conflicto donde se encuentran comprometidos derechos fundamentales de una población expuesta.
El movimiento subraya que esta estructura decisional "amenaza directamente la acción colectiva por daño ambiental actualmente en tramitación, pudiendo consolidar un precedente histórico de impunidad, en el cual ni siquiera un nivel excepcional de evidencia científica sería suficiente para activar la protección constitucional".
“Lo que está en juego no es solo un proyecto ni un fallo puntual, sino la credibilidad del sistema de justicia ambiental chileno frente a uno de los episodios de contaminación crónica más extensos y documentados del país”, señalaron desde la organización medioambiental viñamarina.
En su presentación, la comunidad solicita al Pleno de la Corte Suprema que revise los fallos y actos administrativos involucrados, exija transparencia sobre los fundamentos científicos utilizados para descartar la evidencia sanitaria y, cuando corresponda, evalúe la adopción de medidas institucionales, correctivas o disciplinarias, incluyendo mecanismos de recusación o inhabilitación.
Asimismo, solicita que las sentencias dictadas bajo condiciones incompatibles con el debido proceso no continúen produciendo efectos jurídicos.
Finalmente, el movimiento aseguró que esta acción no persigue fines políticos ni económicos, sino la restauración del principio precautorio, la protección efectiva de la vida y la salud de la población y la prevención de un quiebre sistémico mayor en la justicia ambiental chilena.
Mientras Un Parque para Las Salinas inicia una nueva ofensiva judicial, la empresa a cargo del proyecto en el paño viñamarino informó recientemente que el proceso de remediación de las primeras 2 hectáreas del territorio donde se emplazaron alguna vez las petroleras permite proyectar futuros usos en este sector de la comuna, ya que recibieron las pruebas que acreditaron el completo saneamiento de esta parte del espacio, acción que ya fue debidamente informada a la autoridad ambiental.
PURANOTICIA
