Mientras el ministro Carlos Montes aseguró que "siempre hay plan B, pero no lo vamos a decir", la delegada Sofía González planteó que "estamos siguiendo una serie de estrategias que permitan encontrar alguna alternativa de habitabilidad de viviendas para las familias".
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Un duro revés sufrió la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso luego que la Corte de Apelaciones decidiera rechazar el «Téngase presente» ingresado el pasado 30 de octubre para aplazar un año el desalojo de la megatoma de San Antonio.
Cabe recordar que son cerca de 4 mil las familias que viven en este espacio tomado irregularmente en el cerro Centinela, correspondiente a unas 10 mil personas.
El fallo del tribunal de alzada porteño sostiene que "sin perjuicio de tener presente lo expuesto en el escrito, no ha lugar a lo solicitado por improcedente".
Acerca de lo expuesto por la justicia, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, indicó que comenzará conversaciones "con los distintos ministerios involucrados, en particular el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para lo cual estamos siguiendo una serie de estrategias que permitan encontrar alguna alternativa de habitabilidad de viviendas para las familias".
La decisión adoptada por la Corte de Apelaciones representa también un duro revés para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que esperaba contar con más tiempo para definir una estrategia que permita solucionar este grave problema.
El ministro Carlos Montes explicó que "lo primero, teníamos que poner de acuerdo a las personas que estaban ahí sobre lo que querían y qué no querían, y en eso hemos estado trabajando. Respecto a los dueños, ellos tienen sus derechos y pueden ejercerlos. El problema es que tendrían que dar la orden de desalojo y para ello supone un conjunto de requisitos y hoy todos los antecedentes indican que eso no tiene la viabilidad que se supone, porque no es sacar a 10 mil personas, 4 mil familias, no es algo fácil. Suponemos que los propietarios van a pensar muy bien lo que hacen".
De igual forma, sostuvo que "siempre hay plan B, pero no lo vamos a decir. Lo que queremos es que esperamos que la Corte acoja esto. Esto lo habíamos hablado antes a nivel de la Corte Suprema, porque esta es una decisión de la Corte Suprema. Frente a esta decisión, la implicancia y complejidad que tenía, y eso lo hicimos ver después de reunirnos con Carabineros y la PDI, para ver la viabilidad que tenía hacer esto".
Cabe hacer presente que el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones –y posteriormente ratificado por la Corte Suprema– comprende los predios «Hijuela - Llolleo» y «Parcela Catorce», ubicados en San Antonio y Cartagena, respectivamente.
PURANOTICIA
