El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las declaraciones realizadas por el fiscal nacional Ángel Valencia durante su presentación ante la Comisión Parlamentaria Bicameral del Parlamento Italiano, instancia en la que abordó la realidad actual del crimen organizado en Chile y el rol estratégico que cumplen los puertos nacionales en redes internacionales de narcotráfico.
En esa exposición, Valencia calificó a los puertos de Valparaíso y San Antonio como “nodos críticos”, advirtiendo que forman parte de circuitos logísticos utilizados por organizaciones criminales transnacionales. Entre las rutas identificadas, mencionó la conexión Valparaíso–Rotterdam, en Países Bajos —el puerto más grande de Europa—, lo que evidencia la inserción de terminales chilenos en dinámicas globales de tráfico de drogas.
El fiscal explicó que este fenómeno responde a una transformación en las dinámicas del narcotráfico internacional, donde las organizaciones aprovechan el alto volumen del comercio exterior, la complejidad de la fiscalización portuaria y la amplia conectividad de los puertos chilenos. En ese contexto, alertó sobre el tráfico de MDMA o éxtasis desde puertos como Amberes, Rotterdam y Zeebrugge hacia San Antonio, Valparaíso e incluso Iquique, además de una bidireccionalidad en los flujos: exportación de cocaína desde el Cono Sur hacia Europa y reingreso de drogas sintéticas hacia Sudamérica.
Asimismo, entre las conclusiones expuestas ante el Parlamento Italiano, Valencia mencionó la contaminación de contenedores en puertos chilenos y la coordinación con proveedores regionales de cocaína, especialmente desde Perú.
Consultado por estos antecedentes durante una visita a Viña del Mar, el ministro Cordero contextualizó que los dichos del fiscal se enmarcan en una exposición sobre las medidas que ha adoptado el Estado de Chile frente al crimen organizado. En esa línea, reconoció que “efectivamente San Antonio y Valparaíso son dos puertos de especial preocupación, entre otras cosas para evitar que nuestra infraestructura portuaria sea utilizada como mecanismo de paso”.
El secretario de Estado añadió que existen antecedentes de hechos ocurridos en años anteriores, lo que ha motivado un refuerzo de los controles. “Los procesos de fiscalización y de intervención en los puertos por parte tanto de Aduanas como de la Policía Marítima se han intensificado”, sostuvo, junto con precisar que el Ministerio Público mantiene investigaciones en desarrollo en la zona.
Además, indicó que, en coordinación con la fiscal regional, se ha implementado “un plan estratégico que está vinculado también a un desarrollo con Aduanas y en coordinación con el Ministerio de Seguridad para la gestión de contenedores”, evitando entregar mayores detalles por tratarse de materias estratégicas.
Desde Puerto San Antonio, en tanto, pusieron el acento en la capacidad estructural y operativa del recinto logístico. La gerente general subrogante, Consuelo Cánaves, informó que durante la temporada 2025-2026 se exportaron más de 16.500 contenedores, destacando cifras históricas en envíos de cerezas.
Finalmente, Cordero subrayó que la preocupación por la infraestructura portuaria no se limita a estos dos terminales. “La razón fundamental por qué preocuparnos de la infraestructura portuaria, no solo estos dos puertos, es desincentivar y directamente evitar que sea utilizada como infraestructura para paso no solo de droga, sino que cualquier otro tipo de comercio ilícito”, concluyó.
