La presidenta del tribunal de alzada porteño, Silvana Donoso, confirmó este viernes que el pleno acordó solicitar antecedentes a la magistrada, luego de conocerse que habría pagado durante casi 20 años a una abogada externa para elaborar proyectos de sentencias
La Corte de Apelaciones de Valparaíso abrió una primera instancia de revisión de los antecedentes relacionados con la ministra Rosa Aguirre, luego de que se conociera una denuncia sobre el supuesto encargo de redacción de fallos judiciales a una abogada externa al Poder Judicial. La situación fue expuesta por La Tercera, que publicó detalles de una relación laboral que se habría extendido por casi dos décadas.
Tras una sesión extraordinaria del pleno de ministros, la presidenta del tribunal de alzada porteño, Silvana Donoso, informó que se acordó solicitar un informe a la magistrada involucrada en esta denuncia con el objetivo de conocer su versión de los hechos. La autoridad explicó que, hasta ahora, los antecedentes disponibles para la Corte corresponden principalmente a la publicación periodística.
“Se hizo el pleno, se estudiaron los antecedentes que tenemos a la vista, que son muy pocos –es la publicación del diario La Tercera– y decidimos, por lo tanto, lo que debe hacerse (…). Exactamente lo mismo que hacemos en el resto de los casos en que se amerita pedir informe para saber qué pasa", planteó la jueza Donoso.
La presidenta de la Corte de Valparaíso explicó también que los ministros del pleno no pueden desarrollar directamente una investigación sobre el caso, debido a que una eventual participación podría inhabilitarlos para intervenir posteriormente en el procedimiento disciplinario. Por esa razón, primero se recopilará la respuesta de Aguirre y se evaluará junto con los antecedentes que ya se conocen.
“Si da lugar a un sumario y yo estoy pidiendo antecedentes, vamos a inhabilitar a todo el pleno”, explicó Donoso, indicando que por ello van a considerar la publicación y el informe de la jueza involucrada y al contar con “esas dos cosas, puede decidirse una investigación sumaria, o puede archivarse por manifiesta falta de fundamento”.
La decisión, por tanto, todavía no implica la apertura de un sumario ni establece responsabilidades de la ministra Rosa Aguirre. De esta manera, el paso inmediato será recibir y analizar el informe solicitado por la Corte porteña, para determinar si existen fundamentos que justifiquen avanzar hacia una investigación disciplinaria.
Cabe hacer presente que según los antecedentes conocidos hasta el momento, la abogada Damaris Silva sostuvo en una demanda laboral que trabajó durante casi 17 años para Aguirre, elaborando proyectos de sentencias y realizando otras labores. El conflicto terminó en agosto pasado mediante un acuerdo por $17 millones, que incluyó una cláusula de confidencialidad y el desistimiento de la acción judicial.
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