Contraloría detectó eventuales sobreprecios por más de $3.700 millones en adjudicaciones a San Nicolás SpA, firma representada por Tomás Avilés, quien comenzó a firmar contratos con la Delegación de Valparaíso a los 19 años.
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Una nota publicada por Interferencia difunde que la empresa San Nicolás SpA, representada por el joven de 20 años Tomás Avilés Tillería, recibió $6.725 millones en contratos para trabajos vinculados al megaincendio de Valparaíso, hoy cuestionados por la Contraloría General de la República por eventuales sobreprecios y deficiencias en los controles administrativos.
A raíz de los dos años del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso, Contraloría publicó cinco informes de auditoría que cuestionan el uso de recursos públicos destinados a la emergencia. La entidad más observada es la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso —entonces encabezada por Sofía González (PC), hoy diputada electa— por eventuales sobreprecios y omisiones de control en contratos que superan los $8.900 millones.
Los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, que ya inició una investigación penal.
La principal firma cuestionada es San Nicolás SpA, que recibió $6.725 millones a través de cuatro tratos directos y dos licitaciones para el arriendo de maquinaria y la ejecución de trabajos de despeje y demolición de viviendas afectadas por el incendio.
Según el informe de Contraloría, existirían eventuales sobreprecios por $2.725.987.740, en comparación con valores pagados por la Municipalidad de Quilpué a otra empresa por servicios similares (arriendo de camiones tolva, retroexcavadoras y minicargadores con conductor y combustible). Además, se detectó un posible sobreprecio adicional de $1.036.336.252 en el arriendo de retroexcavadoras y minicargadores bajo condiciones equivalentes.
El organismo también cuestionó la idoneidad de la empresa para ejecutar los trabajos y consignó denuncias de camioneros subcontratados que aseguran no haber recibido pago por sus servicios.
De acuerdo con el último registro público disponible (noviembre de 2023), los únicos accionistas de San Nicolás SpA son Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catalina Jara Briones, de 25.
Avilés figura como representante de la empresa ante la Delegación de Valparaíso y su firma aparece en las resoluciones que regularizaron los contratos millonarios. Con apenas 19 años firmó el primero de ellos, el 18 de julio de 2024, por $465 millones. Posteriormente suscribió otros contratos el 2, 3 y 5 de septiembre; el 14 de octubre; y el 24 de diciembre de 2024, sumando más de $6.700 millones. En todos los documentos también firmó la entonces delegada Sofía González.
Pese a que los accionistas son jóvenes, los documentos iniciales de febrero de 2024 identifican como representante de la empresa a Pedro Briones González, padre de Catalina Jara, quien figura además como gerente general en cotizaciones presentadas a la delegación.
San Nicolás SpA fue constituida en marzo de 2021 por María Briones González, hermana de Pedro Briones, en la comuna de Coronel. En 2022 la propiedad pasó a Wilson Fredy Vergara Mardones y, en 2023, a los actuales accionistas.
Registros judiciales indican que Pedro Briones presentó un recurso de amparo para evitar la aplicación de una tobillera electrónica en el marco de una causa por violencia intrafamiliar. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2024 y la causa figura concluida y bajo reserva.
Interferencia intentó contactar a Briones para obtener su versión, sin obtener respuesta.
En 2024, la Contraloría Regional recibió una denuncia de 13 camioneros que acusaron no haber recibido pago tras ser subcontratados informalmente para la remoción de escombros. Según el informe, los servicios habrían sido prestados a Comercializadora Renova SpA, firma que a su vez fue subcontratada por San Nicolás SpA.
Los denunciantes señalaron que el domicilio declarado por San Nicolás en Concepción correspondía a un estudio contable, lo que, a su juicio, podría configurar un eventual fraude al fisco. Contraloría indicó que la Delegación Presidencial recibió la denuncia en octubre de 2024 y que, pese a una reunión sostenida en noviembre, no se habrían realizado diligencias mínimas para esclarecer los hechos.
La Delegación argumentó que no se presentaron documentos que acreditaran una relación formal entre las empresas y que no se encontró evidencia que vinculara a San Nicolás con Renova.
No obstante, registros públicos muestran vínculos societarios entre Pedro Briones y Cristian Ramos Carrasco, quien fue accionista de Renova SpA y ha actuado como gestor de intereses de esa empresa en reuniones oficiales. Ambos han compartido participación en sociedades como Maquinarias Sur Chile Limitada, Transportes Perfección SpA y Huella Verde SpA.
Además, Contraloría detalla que Renova habría aportado camiones, maquinaria pesada y hasta 15 trabajadores a San Nicolás para la ejecución de los contratos. También se consigna la participación de Maquinarias Temuco Limitada, empresa en la que Pedro Briones fue socio hasta 2018.
Los informes de Contraloría abren cuestionamientos sobre la estructura societaria, los vínculos entre empresas y la eventual existencia de sobreprecios en contratos adjudicados en contexto de emergencia.
Con los antecedentes ya en manos del CDE y del Ministerio Público, el caso podría escalar a responsabilidades administrativas y penales, mientras se esclarece el destino de los recursos destinados a la reconstrucción tras uno de los mayores desastres recientes en la región.
PURANOTICIA
