El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de las críticas de un grupo de diputados de Renovación Nacional, defendiendo la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde se encuentra instalada la megatoma de Cerro Centinela
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En una declaración pública, el ministerio sostuvo que la potestad expropiatoria "se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios", recordando que la Constitución —en su artículo 19 N° 24— autoriza este tipo de acciones siempre que exista utilidad pública o interés nacional.
“Esta autorización implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación. Este elemento debe estar presente al dictarse el acto expropiatorio y mantenerse hasta su cumplimiento”, señaló la cartera.
Respecto a la toma en Cerro Centinela, el Minvu reafirmó que se trata de “una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del año 2024”. En ese contexto, recordó que el Serviu posee facultades legales para expropiar terrenos que permitan implementar programas habitacionales.
Asimismo, el ministerio enfatizó que una sentencia judicial que ordena el desalojo “debe cumplirse”, pero precisó que aquello “no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable”.
En su declaración, el Minvu desestimó que la expropiación busque entorpecer el desalojo dictado por los tribunales, tal como han sugerido algunos parlamentarios. Por el contrario, indicaron que la adquisición del terreno permitirá ejecutar un plan habitacional que incluso podría integrar a otras familias, y constituye una vía institucional para cumplir con el fallo judicial.
“El Gobierno ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ha informado que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras”, precisaron.
Finalmente, la cartera subrayó que la megatoma de San Antonio representa un caso “excepcional”, tanto por su tamaño como por la densidad de familias involucradas, lo que obliga a buscar soluciones integrales y respetuosas de los derechos de todas las partes.
“El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional, en el marco de la legalidad”, concluyó el Minvu.
PURANOTICIA
