Mientras el Minvu expresó que el valor propuesto por los propietarios "no es financiable ni sostenible en el tiempo por las familias", la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. indicó que procederán a "solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo".
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció este miércoles el fracaso de la Comisión Técnica creada para buscar una salida que evitara el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde habitan más de 10 mil personas en 215 hectáreas.
Según la cartera, tras 17 sesiones, el proceso no logró los resultados esperados debido a la diferencia en la tasación de los terrenos y a la postura inflexible de los propietarios, quienes llegaron a triplicar el valor estimado por el propio ministerio.
Con este escenario, la amenaza de un desalojo judicial –ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema– vuelve a situar en la incertidumbre a las 4.136 familias que conforman este megacampamento instalado en el cerro Centinela, de las cuales un 30% son niños, niñas y adolescentes.
Desde la Secretaría de Estado aseguraron que, de todas formas, seguirán disponibles para viabilizar la compra del terreno por medio de cooperativas de vivienda, pero hicieron un llamado a los propietarios del mismo a reconocer el trabajo realizado y abrirse a un acuerdo que permita evitar una crisis humanitaria en la comuna.
La megatoma de San Antonio comenzó a poblarse en octubre del año 2019, en pleno estallido social, y hoy se extiende a 215 hectáreas. Según el catastro realizado por Minvu el año 2024, en el asentamiento viven 10.251 personas, en 4.136 hogares. De la población total, 3.146 son niños, niñas y adolescentes (30%); 923 personas adultas mayores (9%); y 649 habitantes del cerro tienen algún tipo de discapacidad (6.3%). En relación con los indicadores de vulnerabilidad, el 65% de la población catastrada pertenece al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares.
Acogiendo un recurso de protección interpuesto por los propietarios del terreno en el cerro Centinela, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del inmueble, resolución que fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema.
Pero para evitar un desalojo de tamaña magnitud, lo que podría causar una verdadera crisis humanitaria, el Minvu se involucró activamente y ayudó a construir una solución, en la cual se plantea que sean las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, las compradoras del terreno. Esto no obsta a que, una vez regularizada la tenencia del suelo por parte de las familias involucradas, el Estado –y en particular el Minvu– se haga partícipe de las acciones necesarias para dotar al sector de urbanización y equipamiento urbano, que beneficie a las familias y a la comuna San Antonio en general, en el marco regular de sus programas habitacionales.
Así es como el 24 de febrero de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los propietarios del terreno firmaron un protocolo de acuerdo, bajo el cual se constituyó una Comisión Técnica que reportaría sobre el precio, condiciones y garantías para la posible venta del terreno. Ésta se constituyó el 22 de abril, sesionó en 17 ocasiones y levantó actas de cada encuentro. La cartera sostuvo que desde el inicio se establecieron reglas de funcionamiento, acuerdos de confidencialidad y un pacto de integridad, que fueron respetados.
En este rol de resguardo técnico para dar seguridad y rigor a las condiciones acordadas, el Minvu recordó que la Comisión Técnica "no era una mesa de negociación”, sino que debía comunicar a las partes el acuerdo técnico al que se arribe de buena fe, sobre eventuales condiciones de venta del terreno. Esto, debido a que los órganos de la Administración del Estado se rigen por el principio de juridicidad y no por la autonomía de la voluntad como regla que prima en derecho privado.
Pero tras 17 sesiones de la instancia, la cartera del ministro Carlos Montes reconoció que "los resultados no fueron los esperados" y que los principales obstáculos pasaron por "la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas quienes han abordado esta operación como 'una compraventa más'.
Esto lo complementaron señalando que "los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos, conforme al principio de libertad de contratación, pero una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida".
Con relación a la diferencia en la tasación, expusieron que "el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu – en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias".
De hecho, precisaron que el valor ofertado por los propietarios del terreno triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, situación que obstaculizó cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. "Nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado, sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso", agregaron en la cartera.
La contraparte, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. informó que este miércoles 3 de septiembre "hemos dado por terminada nuestra participación en la mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto".
En ese sentido, desde la empresa que representa a los dueños del terreno explicaron que la decisión se adopta considerando que "no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento ni cuál será la garantía financiera para esta operación".
De igual forma, la inmobiliaria aseguró que "hemos reducido el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, accediendo finalmente al valor propuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno".
Asimismo, confirmaron el principal temor de los pobladores: "En los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo", indicaron, junto a afirmar que "lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos 6 años intentando –por diversos medios– recuperar nuestro terreno o, en su defecto, llegar a acuerdo que permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado".
Pese al duro revés, desde el Minvu recordaron que entre sus acciones realizadas en el proceso estuvieron el compromiso –dentro de sus competencias– de factibilizar el mecanismo de financiamiento y articular a las entidades públicas y privadas para ello, solicitando a Banco Estado definiciones para desarrollar una propuesta de financiamiento mediante crédito y realizando reuniones periódicas de trabajo.
También destacaron que en todo este tiempo se trabajó para desarrollar las bases de un modelo y marco institucional que, cumpliendo con la legalidad y el respaldo requerido en los acotados plazos, permitiera factibilizar la venta de los terrenos a las familias, organizadas en las cooperativas cerradas de vivienda.
Además, resaltaron que el trabajo junto a las familias y los órganos de la administración del Estado incumbentes, ha permitido alcanzar "progresos significativos", con el 90% de las familias de la megatoma formalizadas dentro de cooperativas de vivienda.
Pero sin perjuicio de todo esto, desde la Secretaría de Estado aseguraron que siguen "a disposición de seguir trabajando para factibilizar la adquisición de los terrenos por parte de las familias" e hicieron un llamado a los propietarios a "reconocer el trabajo realizado y trabajar en destrabar los nudos que impidieron avanzar en los acuerdos".
Con el quiebre definitivo del proceso, el futuro del campamento más grande del país queda al borde del abismo. Mientras el Minvu insiste en que aún existen alternativas para evitar un desalojo masivo, la inmobiliaria ya anticipa la solicitud de cumplimiento de la orden judicial. En medio de esa tensión, más de 10 mil personas viven la cuenta regresiva entre la esperanza de una salida negociada y el temor a un operativo que, lamentablemente, podría desatar una emergencia humanitaria sin precedentes.
PURANOTICIA
