Un informe de 129 páginas del órgano contralor expone desorden financiero, fallas en el control interno y eventuales responsabilidades administrativas en el Municipio de Valparaíso entre enero y septiembre de 2024, vale decir, en plena gestión de la «Alcaldía Ciudadana».
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Luego de quedar fuera de la Cámara de Diputados tras perder la Elección Parlamentaria de noviembre, Jorge Sharp Fajardo enfrenta ahora un escenario aún más adverso, luego que la Contraloría General de la República detectara una serie de graves irregularidades cometidas durante su administración en la Municipalidad de Valparaíso, antecedentes que quedaron plasmados en un informe al que accedió Puranoticia.cl, y que podrían marcar un punto de inflexión definitivo en su trayectoria política.
«Informe Final N° 151-2025» lleva por nombre el documento de 129 páginas, el que da cuenta de la auditoría y el examen de cuentas a los gastos ejecutados, al estado de las transferencias y al uso de recursos públicos de la casa edilicia porteña en el período comprendido entre enero y septiembre de 2024, vale decir, durante la administración del denominado proyecto de «Alcaldía Ciudadana», cuyos gastos asociados a cuentas presupuestarias ascendieron a $ 29.023 millones ($29.023.009.829).
Bajo este contexto, uno de los principales hallazgos de la investigación desarrollada por la Contraloría General da cuenta que el saldo contable de la cuenta «Deudores por rendición de cuentas» bordea los 18 mil millones de pesos ($17.965.143.939), sin que la Municipalidad de Valparaíso haya acreditado las acciones para exigir las rendiciones de cuenta o efectuado los correspondientes ajustes contables.
Esta situación contraviene la resolución N° 30, de 2015, que previene que las unidades operativas otorgantes serán responsables de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o entidades del sector privado y proceder a su revisión. Por este motivo, se instruyó a la casa edilicia porteña que instruya el grado de avance de las acciones y ajustes que lleven a cabo para evitar la reiteración de estos hechos.
En materia financiera también se verificó que los procesos conciliatorios al 30 de septiembre de 2024, de algunas cuentas corrientes, presentaban 242 cheques caducados, por 1.138 millones de pesos ($1.138.778.273), giros o cargos bancarios no contabilizados, por 13.704 millones de pesos ($13.704.500.172), «Depósitos o cargos contabilizados por la municipalidad y no registrados por el banco», por 2.521 millones de pesos ($2.521.002.327) y «Depósitos o abonos del banco no contabilizados por el municipio», por 6.361 millones de pesos ($6.361.419.595).
Sobre este hallazo, la Contraloría estableció que corresponde que la entidad comunal informe los ajustes pertinentes para aclarar dichas partidas en conciliación, lo cual deberá ser validado en 60 días hábiles, desde el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
A estas observaciones de carácter financiero se suman una serie de anomalías detectadas por la Contraloría, que involucrarían directamente al círculo cercano del ex alcalde Jorge Sharp, afectando a exfuncionarios municipales que formaron parte de su administración, entre ellos Carla Meyer, Tania Madriaga y Daniel Ramírez.
Así es como se verificó que Carla Meyer Arancibia, exdirectora de Desarrollo Comunitario (Dideco) y excandidata a Alcaldesa de Valparaíso, junto a los funcionarios Tania Madriaga Flores y Daniel Ramírez Ponce, presentaron modificaciones en el sistema del Reloj Control respecto de sus marcajes de asistencia, sin que dicho accionar estuviese justificado, situación que no se ajusta a la ley N° 18.883.
Debido a esta situación, el Municipio porteño deberá adoptar las medidas pertinentes para que tales situaciones no se reiteren en el futuro, sin perjuicio de aclarar tales discrepancias o, en su defecto, solicitar las restituciones de los montos percibidos de forma errónea por parte de los mencionados exservidores públicos.
También se determinaron atrasos en el registro de asistencia de Carla Meyer, de 57 horas y 40 minutos, por lo que el Municipio de la Ciudad Puerto tendrá que aclarar dichas ausencias o, en su defecto, solicite la restitución de los montos percibidos erróneamente por la exfuncionaria municipal, junto con acreditar la efectividad de dicho reintegro, lo cual deberá ser respaldado mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo.
En materia de redes sociales, se evidenció que en las cuentas personales de X, Instagram y Facebook, el exalcalde Jorge Sharp, y la exDideco Carla Meyer, difundieron diversas actividades de la candidatura alcaldicia de la propia Meyer, en sus horarios laborales, situación que no se condice con lo señalado por Contraloría, por lo que el Municipio deberá velar para que la autoridad se abstenga de incurrir en la práctica descrita, por cuanto ello implicaría una eventual vulneración a las normas establecidas.
Contraloría constató que en algunas dependencias municipales se utilizan libros manuales para el control de registro de asistencia, por lo que se tendrá que adoptar una solución tecnológica automatizada orientada al registro y gestión del control horario que garantice la integridad y confiabilidad de la información que allí se contenga, con el fin de dar cumplimiento cierto de la jornada de trabajo de cada funcionario de las unidades cuestionadas, e implementar lo dispuesto en el oficio de 22 de julio de 2025.
Asimismo, se comprobó la existencia de cinco funcionarios con licencia médica que mantenían registro en el control de asistencia, motivo por el cual el Municipio deberá aclarar tales situaciones o, en su defecto, realizar los descuentos que correspondan a dichos trabajadores, lo que deberá comunicarse oficialmente ante el órgano de control.
De igual forma, se constató el atraso en la culminación de 40 procedimientos disciplinarios, de hasta 1 año y 8 meses aproximadamente, por lo que la Municipalidad deberá dar término a ellos, informando de aquello en el plazo y modalidad indicada.
Para el proyecto «Cerros de cueca», la Contraloría determinó que en su contratación se utilizó la causal de trato directo, pero sin que consten los argumentos de requerir, única y exclusivamente a los proveedores convenidos, en desmedro de otros que pudieran desarrollar servicios de similares características. Frente a esto, se le instruyó al Municipio que adopte las medidas necesarias para ajustarse a lo señalado en los dictámenes.
Para la celebración de Año Nuevo en el Mar 2024, se constató que para su realización, el servicio de arriendo de baños químicos se efectuó mediante la causal de trato directo, sin perjuicio de no tratarse de una urgencia, ya que dicho evento se realiza año a año, por lo que era previsible contar con ese servicio. Asimismo, se constató la convención del servicio de transporte de Denisse Rosenthal, a efectuar su show en ese evento, bajo ninguna de las modalidades establecidas en las normas reseñadas.
Para el Festival Popular Porteño 2024, sobre las adquisiciones asociadas a una empresa de seguridad, sin justificarse su urgencia, toda vez que era previsible su contratación; y la de un show de 31 Minutos a la empresa Producciones Aplaplac SpA, sin indicarse la duración del show ni el detalle de las prestaciones que justificaran el precio convenido, el Municipio deberá tomar las precauciones para evitar su reiteración.
Finalmente se constató que los pagos al servidor a honorarios, Marcelo Yansen, por $16.579.708, contaban con informes de actividades de respaldos realizados de manera genérica, y que algunos de ellos tenían fechas anteriores al término del mes que justificaban sus labores, motivo por el que el Municipio de Valparaíso tendrá que aportar los antecedentes que permitan validar que efectivamente el citado personero realizó sus funciones o, en su defecto, solicitar el reintegro de los montos pagados.
Consultada la casa edilicia de la Ciudad Puerto por los resultados de la investigación, señalaron que "el pasado 31 de diciembre se recibió el informe definitivo de la Contraloría General de la República, acerca de irregularidades en materia de compras públicas correspondientes a la administración anterior. En ese contexto, el Municipio se encuentra dentro del plazo legal para informar al órgano contralor el inicio de los procesos disciplinarios que correspondan, plazo que es de 15 días hábiles contados desde la recepción del informe, conforme a la normativa vigente".
Cabe hacer presente que por todas las irregularidades antes descritas, la Contraloría estableció que la Municipalidad de Valparaíso deberá iniciar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas. Además, considerando los hechos descritos, se enviará al Ministerio Público copia del presente informe, para conocimiento y fines pertinentes.
PURANOTICIA
