La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra la Delegación Presidencial Provincial y la delegada del Minvu para la megatoma.
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El conflicto por los desalojos en el Cerro Centinela, en la denominada megatoma de San Antonio, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que tres comités sociales presentaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La acción fue dirigida contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y contra Gloria Maira, delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, acusando presuntas actuaciones ilegales y arbitrarias en el proceso de desalojo.
En el escrito, los recurrentes sostienen que 2.143 familias han sufrido afectaciones físicas y psíquicas, además de denunciar vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.
La abogada Dafne Aránguez, representante de los comités, argumentó que el recurso se fundamenta en las consecuencias que habrían generado las actuaciones administrativas, incluyendo —según afirmó— la negativa a entregar información detallada sobre los procedimientos ejecutados.
El documento también describe presuntas irregularidades en el proceso iniciado en enero de 2026, tales como demoliciones anticipadas, falta de claridad respecto a reubicaciones y ausencia de apoyo suficiente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
En la ampliación del recurso, los comités solicitaron la suspensión inmediata del desalojo, el cese de eventuales actos de hostigamiento y la adopción de medidas cautelares, además de subsidios de arriendo por un período mínimo de dos años para 120 socios directamente afectados.
En paralelo, el vocero del Movimiento Pobladores Organizados se refirió a una querella por estafa presentada contra el ministro Carlos Montes, indicando que, pese a haber sido declarada inadmisible, se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
Por su parte, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio señaló que toda persona tiene derecho a recurrir a los tribunales de justicia y aseguró que las actuaciones realizadas se ajustan a lo ordenado por los órganos jurisdiccionales, mientras el caso queda ahora en manos de la justicia.
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