Masivos despidos en Pro-Empleo de Valparaíso y Viña del Mar desatan nueva pugna entre Mundaca y Millones: "Los delegados sobran"

Las desvinculaciones de un grupo de beneficiarios y beneficiarias del Programa Inversión en la Comunidad (PIC), más conocido como Pro-Empleo, abrieron un nuevo flanco de conflicto entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones. Y es que durante esta semana, decenas de trabajadores de las líneas PIC 2 y PIC 4 fueron notificados –mediante correo electrónico– de que no continuarían en la iniciativa financiada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y coordinada por la Delegación Presidencial, situación que generó una ola de críticas por la forma en que se ejecutó el proceso.

La reducción de cupos responde al desescalamiento del programa derivado de los recortes presupuestarios que ha enfrentado el Gobierno Regional de Valparaíso durante la administración del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, existían criterios previamente acordados en la Mesa de Seguimiento y Fiscalización para definir qué beneficiarios dejarían de formar parte del programa, los que consideraban incumplimientos laborales, emisión de boletas de honorarios y antecedentes del Registro Social de Hogares. No obstante, las autoridades regionales acusan que dichos acuerdos no fueron respetados por los organismos ejecutores.

Uno de los puntos que más molestia provocó fue que la mayor parte de las desvinculaciones se concentró en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, ambas administradas por alcaldesas del Frente Amplio (FA), situación que derivó en cuestionamientos por un eventual sesgo en la aplicación de la medida.

Frente a este escenario, el gobernador regional Rodrigo Mundaca recordó que el programa había sido financiado durante todo el primer semestre y que su continuidad para la segunda mitad del año contemplaba un proceso de desescalamiento sustentado en criterios previamente definidos, relacionados con la edad de los beneficiarios, incumplimientos y la emisión de boletas de honorarios.

Sin embargo, cuestionó duramente la forma en que se ejecutó el proceso, afirmando que "es de una inequidad y una injusticia brutal. Primero porque nos enteramos ayer o antes de ayer sobre esta decisión que se toma. Segundo, porque hemos preguntado y no nos han respondido. Tercero, oficiamos a Gustavo Rosénde Salazar, que es el subsecretario del Trabajo, para que nos explique por qué se toma esta decisión".

SESGO IDEOLÓGICO

Posteriormente, el gobernador elevó el tono de sus críticas al asegurar que en cuarto lugar estaban las suspicacias: "¿Por qué se concentra todo el desescalamiento en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar? En Valparaíso 63 cupos y en Viña del Mar 53. Curioso que se desescale el programa Pro-Empleo en liderazgos de mujeres que hoy día están legítimamente conduciendo los destinos de ambas comunas. Pero curioso también, y no tengo dudas de que hay un cierto sesgo y tufillo a algo ideológico para la decisión que se toma. ¿Por qué no se desescala en Quilpué? ¿Por qué no se desescala Villa Alemana? ¿Por qué no se desescala en otras comunas?".

Respecto del rol de la Delegación Presidencial Regional, Mundaca afirmó que la alcaldesa Camila Nieto lleva más de un día solicitando explicaciones sin obtener respuesta y sostuvo que las autoridades designadas por el Gobierno deben enfrentar públicamente este tipo de decisiones y asumir las responsabilidades que les corresponden, especialmente cuando afectan a cientos de familias de la región.

"Aquí las organizaciones que no son serias son las que se esconden, que no dan la cara, que no le responden a la autoridad electa democráticamente como es la alcaldesa Nieto y que se esconden precisamente para no asumir la responsabilidad que tienen. Por eso hemos dicho tantas veces y lo vuelvo a repetir: que en el proceso de descentralización los delegados regionales presidenciales sobran, dificultan la descentralización y, por tanto, como dificultan la descentralización, sigue siendo esta una demanda pendiente", sostuvo la autoridad regional.

Finalmente, Mundaca sostuvo que si la Delegación Presidencial de Valparaíso insiste en que no tiene responsabilidad sobre las decisiones adoptadas por las organizaciones ejecutoras, entonces deberá explicar quién ejerce el control y quién imparte las instrucciones en el territorio, asegurando que tanto él como la alcaldesa Nieto no permitirán que se eludan las responsabilidades institucionales.

EXIGEN RECTIFICAR MEDIDA

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que "no puedo quedarme callada ante esta situación de injusticia, una situación que afecta a mujeres que sostienen sus hogares, la alimentación diaria de sus hijos y de sus hijas, algunas además que tienen problemas de salud y diferentes problemáticas que las hacen ser beneficiarias de este programa Pro-Empleo. Las han desvinculado de un día para otro y ante esta injusticia no me voy a quedar callada. Le exijo al delegado presidencial que entregue la información oficial, que no ha llegado a mí como alcaldesa".

Asimismo, indicó que también exigirá que cada uno de los casos sea revisado de manera individual, que se transparenten los criterios utilizados para adoptar las desvinculaciones y que, en adelante, este tipo de decisiones sean comunicadas con la debida anticipación tanto al Municipio de Valparaíso como a las familias afectadas, considerando que las beneficiarias del Pro-Empleo presentan múltiples necesidades y requieren tiempo para reorganizar su situación laboral y familiar.

En esa línea, subrayó que "hoy día Valparaíso necesita espacios laborales y esos espacios laborales no siempre están a la mano. Se llenan la boca hablando de seguridad, de comercio ambulante, del desorden en las calles, pero cuando tenemos oportunidades laborales le cierran la puerta a las mujeres de Valparaíso. Con tasas de desempleo en nuestra región que siguen bordeando las tasas históricas, deciden tomar esta medida".

La militante del FA también cuestionó que las desvinculaciones se hayan concentrado precisamente en Valparaíso y Viña del Mar, afirmando que "una cosa es el desescalamiento del programa y otra cosa muy distinta es concentrar las desvinculaciones en los Municipios de Valparaíso y de Viña del Mar. Me parece que esto es una medida que tiene que ser explicada y que tiene que ser tratada con total transparencia. Esa es la solicitud y la exigencia que junto a estas mujeres y yo como alcaldesa y autoridad comunal, le vengo a exigir al delegado presidencial y a los programas ejecutores y a la Subsecretaría del Trabajo".

Cabe hacer presente que las trabajadoras afectadas cumplían funciones en distintas reparticiones municipales. Entre ellas había personal destinado a labores sociales en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), equipos que atienden emergencias derivadas de incendios, trabajadoras de Mantención de Parques y Jardines, además de personal administrativo y profesional de la casa edilicia porteña.

ROL DE LAS ONG

A las críticas también se sumó la consejera regional (core) Tania Valenzuela, quien cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso expresando que "de manera discrecional y fuera de los plazos establecidos, las ONG notificaron a diferentes beneficiarias la no renovación de sus funciones, sin contar con el seguimiento debido por parte del encargado regional del programa".

Asimismo, planteó que "es del todo irresponsable delegar a las ONG la desvinculación de cientos de personas, donde además aparece un claro sesgo al concentrar estas acciones solo en dos comunas de toda la región (Valparaíso y Viña del Mar), quedando en evidencia el nulo control que hoy tiene la Delegación sobre estos recursos".

Desde los propios trabajadores también manifestaron su preocupación por las consecuencias sociales de la medida. La presidenta del Sindicato Pro-Empleo PIC 2 y PIC 4 de Valparaíso, María Inés Marín, expresó que "esta desvinculación que se hizo ha sido muy angustiosa para los trabajadores y trabajadoras que componemos el programa, donde no son 63 personas, son 63 familias que en el mes de julio no van a poder llevar sus recursos a sus hogares, donde hay muchas personas que son adultas con algunas condiciones y es necesario poder reincorporar a estos trabajadores y trabajadoras".

Mientras las autoridades regionales exigen explicaciones formales y la revisión de cada una de las desvinculaciones, el conflicto continúa escalando y suma presión sobre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, encabezada por Manuel Millones, que hasta ahora concentra gran parte de los cuestionamientos por la forma en que se implementó el desescalamiento del programa Pro-Empleo y por la falta de respuestas frente a las críticas formuladas por alcaldes, consejeros regionales, el Gobierno Regional y las propias trabajadoras afectadas.

PURANOTICIA