El Ministerio Publico está solicitando una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio para el juez, además de la obtención de su huella genética para incluirlo en el Registro de Condenados.
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El 19 de enero de 2024, Puranoticia.cl daba cuenta de un verdadero escándalo registrado al interior del gimnasio Sportlife de la comuna de Concón, donde el protagonista era el juez de la República identificado como Alonso Arancibia Rodríguez, de 53 años, quien fue detenido por presuntamente grabar y fotografiar las partes íntimas de mujeres que asistían al recinto de Av. Concón - Reñaca.
Casi tres meses después, el magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar fue formalizado por estas conductas que ofendieron el pudor y las buenas costumbres de las víctimas, hechos constitutivos del delito contemplado en el artículo 161, letra C, del Código Penal, al cual al imputado le corresponde la participación en calidad de autor y en grado de consumado y reiterado.
Y a contar del 28 de mayo, el juez dejará el Poder Judicial pero no porque se haya resuelto su remoción, sino que por un problema médico que arrastra desde hace tiempo y que, de acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, vuelve su salud incompatible con el cargo.
Según explicó su abogada, Ana Carolina Brintrup Bahamonde, su proceso de desvinculación inició como consecuencia de “una discapacidad ocular antigua, previa a los hechos de este procedimiento y que no tienen nada que ver con él. Los antecedentes que maneja esta defensa es que ello le impide realizar sus funciones de manera adecuada y que no es recuperable”.
Luego que se dieran a conocer los hechos, el Poder Judicial inició investigaciones que no desembocaron en su remoción.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó una investigación contra el juez por ausentarse injustificadamente de su trabajo el 5 de enero de 2024, proceso donde se resolvió aplicar una sanción de 4 UTM.
Además, se le abrió un segundo proceso administrativo en el que fue sancionado con la suspensión de funciones por tres meses con goce de medio sueldo, por haber infringido el Código Orgánico de Tribunales, específicamente el que permite castigo para los funcionarios judiciales que con sus acciones hubiesen comprometido “el decoro de su ministerio”, y los Principios de Dignidad e Integridad establecidos en 2007 por la Corte Suprema.
En paralelo, el Ministerio Público interpuso la acusación fiscal ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, buscando llevar a juicio al magistrado. Para ello, ofreció como prueba más de un centener de imágenes extraídas desde el teléfono de Arancibia, junto a la la declaración de cinco víctimas, cuatro testigos y más de una docena de policías que han intervenido en el proceso desde que los hechos fueron denunciados a comienzos de 2024, según consigna radio Biobío.
El fiscal Álvaro Mansilla de la Fiscalía Local de Valparaíso comunicó al tribunal el cierre de la investigación y presentó la acusación en contra del juez.
Al magistrado se le imputan hechos delictivos que ocurrieron entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 en la sede del gimnasio Sportlife.
Durante ese periodo y en al menos en cuatro días distintos, el funcionario judicial “procedió reiteradamente con su teléfono marca Apple modelo iPhone 12 a captar, grabar, filmar y fotografiar los cuerpos, glúteos, genitales y partes íntimas” de varias mujeres, incluida una menor de edad, “con fines de significación sexual y sin su consentimiento”.
El Ministerio Publico está solicitando una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio para el magistrado, además de la obtención de su huella genética para incluirlo en el Registro de Condenados.
Mansilla alistó como prueba testimonial para la audiencia de preparación de juicio oral que se desarrollará el jueves 13 de marzo, un listado que integran 25 personas, cinco son víctimas directas del delito, cuatro son testigos y 16 son funcionarios de la PDI o Carabineros.
También se incluyó como prueba pericial a un subcomisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI de Valparaíso, quien estuvo a cargo de elaborar un informe técnico sobre los archivos extraídos del celular del magistrado.
Respecto al material gráfico, las pruebas son 95 fotografías extraídas de su teléfono donde aparecen sus víctimas, junto a 22 videos captados al interior del gimnasio, además de distintos extractos de las cámaras de seguridad del recinto.
Cabe señalar que través de una declaración, el juez no negó los delitos que se le acusan y ofreció disculpas a las víctimas.
“Sin ánimo de referirme a los hechos materia de la causa, respecto de los cuales por instrucciones de mi defensa he guardado silencio, mi intención durante toda la investigación ha sido manifestarles a las víctimas mis más sinceras disculpas por mi proceder. No sólo eso, sino que como consta de reiteradas entrevistas con el fiscal a cargo de la causa y con la fiscal regional, siempre mi intención ha sido llegar a algún tipo de salida alternativa al procedimiento con reparaciones para las víctimas”, declara.
Agrega que “intención con esta declaración no es otra que manifestar mi persistente compromiso en reparar el daño causado por mi proceder. Con lo señalado en ningún caso quiero eximirme o atenuar mi responsabilidad en los hechos, sino que solamente manifestar mi arrepentimiento y mis disculpas respecto de todas las personas a quienes pueda haber afectado”.
PURANOTICIA
