Candidato a Diputado por el Distrito 6 sostuvo que "lo que está ocurriendo con la autorización sanitaria es un ejemplo burdo de cómo el centralismo asfixia a las regiones".
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Un reciente análisis de los procedimientos de Autorización Sanitaria para la instalación de salas de procedimientos de atención abierta, amparados por el Decreto N° 283 del Ministerio de Salud, revela una profunda disparidad regulatoria entre la región Metropolitana y la región de Valparaíso.
Y es que mientras la Metropolitana exige solo 18 requisitos formales, las comunas de la Quinta Región deben cumplir con 36 requisitos, duplicando la carga burocrática y actuando como una barrera estructural contra el emprendimiento y el acceso a nuevos servicios de salud.
A juicio del candidato a Diputado por el Distrito 6, Manuel Millones, esta "permisología de doble costura" es un freno al desarrollo, desincentivando la inversión en zonas que claman por dinamización económica.
"Lo que está ocurriendo con la autorización sanitaria es un ejemplo burdo de cómo el centralismo asfixia a las regiones. No es un tema de resguardo sanitario, es un exceso de celo burocrático que nos pone a competir con desventaja estructural", comentó el histórico ex Consejero Regional (Core) de Valparaíso.
El mismo trámite que habilita un centro médico u odontológico exige criterios radicalmente distintos, dependiendo de si el formulario se ingresa en Santiago o en comunas como Viña del Mar o Quilpué.
"El Estado, que promueve la descentralización con una mano, nos golpea con la burocracia con la otra. Para la instalación de una sala de procedimientos ambulatoria, en la región Metropolitana solo se exigen 18 requisitos, pero cuando el emprendedor quiere invertir en Villa Alemana, La Calera o San Felipe, el sistema lo castiga con un protocolo de 36 requisitos", detalló, enfatizando que se exige el 200% de la carga administrativa sin ninguna justificación clínica o epidemiológica que lo sustente.
El candidato Millones enfatizó que esta "doble costura regulatoria" no solo afecta a los inversionistas privados en salud, sino también a la capacidad del sector público. "Un Cesfam en Limache o un centro privado en Los Andes deben cumplir con la misma carga documental desproporcionada. Esto encarece los proyectos, retrasa la apertura y, en última instancia, reduce el acceso a servicios de calidad para nuestros vecinos", agregó.
Esta duplicación de la carga administrativa implica mayores costos de gestión, alarga los plazos de apertura y, en la práctica, reduce la capacidad de emprendedores regionales para competir en igualdad de condiciones con sus pares de Santiago.
"No es razonable que un centro de salud en Quillota o Viña del Mar deba cumplir requisitos que no se exigen en la capital, o que se le soliciten convenios y certificaciones adicionales que no son parte de la matriz metropolitana", destacó.
Millones finalizó con un llamado de que "es urgente que el Ministerio de Salud y la Seremi de Valparaíso terminen con esta discrecionalidad. La retórica pro-regiones requiere coherencia normativa. Vamos a impulsar la fiscalización y la homogenización de los criterios para que emprender en salud en el Distrito 6 sea tan factible como lo es en la capital".
PURANOTICIA
