Una vez concluida la instancia legislativa, se dio a conocer el informe con sus conclusiones, donde los diputados apuntaron a una serie de inconvenientes en el marco del proceso posterior a la tragedia del megaincendio del 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
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Una vez concluida la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la instancia encargada de fiscalizar los actos de los organismos públicos en el proceso emitió su informe con 17 conclusiones sobre la información recabada en estos tres meses de trabajo, donde pasaron diferentes autoridades locales, regionales y nacionales.
Antes de detallar las conclusiones, vale recordar que esta verdadera tragedia vivida los días 2 y 3 de febrero de 2024 dejó 138 víctimas fatales y destruyó un total de 4.609 casas. Por este motivo, la gran interrogante que se hizo durante la instancia legislativa tenía que ver justamente con las cifras que dejaba el proceso de reconstrucción.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reportó que a la fecha hay 91 viviendas que han sido entregadas y 114 inmuebles que han sido terminados. Vale explicar que, por "entregada" se entienden las que cuentan con recepción de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y subsidio pagado. En cambio, las "terminadas" son una obra física al 100% concluida y/o habitable, pero con tramitación pendiente, muchas de ellas ingresada a las DOM o al Serviu, y esperando su tramitación para aplicar el subsidio.
Asimismo, hay 876 viviendas en ejecución (32% respecto a los subsidios asignados). De ellas, 764 casas registran entre un 0% y un 25% de avance; 27 viviendas llevan entre 25% y 50% de progreso; 42 inmuebles entre 50% a 75%; y 43 edificaciones entre 75% y 99%.
Como una de las primeras conclusiones a las que arribaron los parlamentarios que conformaron la CEI de la reconstrucción, se menciona el sentimiento de abandono ante la nula respuesta del Gobierno, indicando al respecto que "resulta injustificable que, a 18 meses de ocurrido el incendio y con dos inviernos entremedio, la enorme mayoría de las víctimas no cuente con una solución habitacional efectiva".
Luego, se dio cuenta en la instancia de un avance insuficiente frente a la magnitud del daño, afirmando que existen "subsidios nominados y obras en curso que distan de las necesidades reales que requieren las víctimas del megaincendio".
También se hizo hincapié en las actuaciones del Minvu en la aplicación de facultades que le concede la ley para facilitar la reconstrucción, indicando que "la respuesta del Estado no puede excluir personas y familias damnificadas bajo el pretexto de exigencias propias de una política habitacional, sino que debe propender a solucionar los efectos de la catástrofe con la mayor rapidez y eficacia posible".
La ejecución y compromiso del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) rezagado fue otro de los puntos incluidos en las conclusiones del informe, señalando que la lentitud de la reconstrucción "no se trata de un problema presupuestario", ya que se otorgaron $800 mil millones para ser ejecutados a través del Serviu de Valparaíso pero, al ritmo de avance del proceso, dichos recursos –que legalmente expiran el próximo año– no se alcanzarán a ejecutar, pese a estar disponibles desde hace más de un año.
Los diputados también apuntaron a una mala gestión de la administración tanto en el nivel central como regional, exponiendo una serie de problemas: 829 casas inscritas a nombre del Serviu y no de sus propietarios; confusión y tardanza en materia de autorización de demoliciones; lento proceso de vinculación (asignación de proyectos y entidades patrocinantes a cada familia); poca oferta de entidades patrocinantes y una falta de supervisión de Serviu; falta de continuidad en la gestión debido a salida de funcionarios clave; y brechas entre el discurso y las metas oficiales del Minvu.
En base a estos problemas, también se presentó como conclusión la inexplicable respuesta ante casos de damnificados con más de una vivienda, ya que, por ejemplo, en el caso de familias copropietarias de un “cuatripareo” si uno de los copropietarios tiene una segunda casa, retrasa la solución para los otros tres hogares.
También se apuntó a la ausencia de políticas de expropiaciones para la reconstrucción, recordando que en emergencias anteriores se legisló para permitir que el Estado expropie propiedades al valor de mercado previo a la catástrofe, con el objeto de resarcir a los damnificados, quienes pueden disponer de esos recursos para edificar en otro lugar, y permitir al Estado disponer de esos terrenos para la reconstrucción.
Otro punto tiene que ver con la baja ejecución presupuestaria, donde los parlamentarios apuntaron a una "defectuosa conducción política y técnica desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo". Y es que, si bien, observaron un avance respecto al primer trimestre de 2025 -donde la ejecución apenas alcanzaba un 5,6%-, el salto a 14,6 % al cierre del segundo trimestre sigue siendo calificado como insuficiente en orden al carácter de urgencia que exige una catástrofe de la magnitud del megaincendio.
Los diputados también manifestaron una preocupante situación de los subsidios habitacionales, donde el Fondo Solidario de Elección de Vivienda apenas ha ejecutado un 8,4% de su presupuesto anual, lo que a juicio de la instancia legislativa "refleja una lentitud incompatible con el objetivo de entregar viviendas en un plazo razonable".
En la misma materia, dieron a conocer la existencia de subprogramas con ejecución crítica: el Fondo Solidario de Elección de Vivienda ha ejecutado $2.640 millones de $31.425 millones (8,4%); el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, apenas tiene $35 millones ejecutados de $1.872 millones (1,9%); mientras que el Sistema Integrado de Subsidios tiene $2.132 millones ejecutados de $10.085 millones (21,1%).
Otro aspecto cuestionado por los parlamentarios es la falta de claridad sobre las cifras oficiales. "Habiéndose vulnerado de sobremanera los derechos de las personas afectadas por los incendios, es imperativo que al menos exista claridad respecto de las cifras oficiales y que, a su vez, estas se funden en antecedentes serios, como lo es la certificación de la empresa sanitaria respectiva, requisito excluyente para que la Dirección de Obras apruebe la recepción de obra y se entreguen las viviendas".
La gravísima proliferación de problemas de salud mental fue otro punto abordado en las conclusiones emanadas por la Comisión Especial Investigadora, donde señalaron que "la negligencia del Estado ha significado que la tragedia no haya terminado con la reducción definitiva del incendio, sino que se mantenga viva hasta hoy".
En un tópico similar, se apuntó a una institucionalidad y alta vulnerabilidad psicológica, ya que a más de 18 meses del megaincendio, las familias afectadas siguen
denunciando un abandono persistente en torno a los programas de salud mental. Y es que las propias víctimas relataron la ausencia de apoyo suficiente, lo que se suma a un alarmante 33% de prevalencia de ideación suicida entre los damnificados.
Las altas tasas de estrés postraumático y consecuencias prolongadas fue otro eje analizado, donde se indica que entre 20% y 30% de la población afectada por un desastre puede presentar síntomas de estrés postraumático, con peaks superiores al 50% en los primeros tres meses. También se recordó que en la comisión investigadora se advirtió que muchos damnificados muestran una tríada de manifestaciones psicológicas, como ansiedad, depresión e ideaciones suicidas, registrándose aproximadamente 40% con síntomas ansiosos o depresivos y un preocupante 33% con ideaciones suicidas.
Las últimas tres conclusiones apuntan a grupos particularmente vulnerables, coo mujeres, niños, adultos mayores y personas con consumo problemático de sustancias; al énfasis en redes de apoyo social y resiliencia, recordando que las redes comunitarias y familiares han sido el principal sostén frente al trauma; y, finalmente, acciones preventivas tempranas y atención prolongada, insistiendo en que la salud mental ha sido relegada frente a la urgencia habitacional y económica de los damnificados.
A partir de todas estas conclusiones, la CEI de la reconstrucción solicitó al Gobierno que en seis meses cuente con un estado efectivo de avance en materia de reconstrucción que comprenda al menos al 70% de las viviendas proyectadas; que promueva un plan para abordar los problemas de salud mental; prioridad legislativa al proyecto de ley que establece la Ley Integral de Salud Mental; crear un instrumento independiente para gestionar cualquier proceso de reconstrucción a través del Serviu u otra institución.
PURANOTICIA
