Tras un proceso de análisis, la administración Ripamonti ordenó la demolición de faenas levantadas en el predio de Av. Jorge Montt, situación por la que la Inmobiliaria Las Salinas respondió de inmediato a través de una demanda civil contra la casa edilicia.
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Durante décadas, el terreno de Las Salinas fue sinónimo de actividad petrolera y, por ende, de contaminación frente al borde costero de Viña del Mar. Años más tarde –y ya sin las bencineras funcionando– ese mismo terreno de 16 hectáreas ha vuelto a situarse en el centro de la controversia, esta vez por una decisión municipal que golpea de lleno a uno de los proyectos urbanos más ambiciosos para la denominada Ciudad Jardín.
Tras un exhaustivo proceso de análisis técnico y jurídico, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti ordenó la demolición de faenas levantadas en el predio de avenida Almirante Jorge Montt, al concluir que no existen permisos ni autorizaciones de edificación vigentes, lo que –a juicio de la Dirección de Obras Municipales (DOM)– vuelve inviable cualquier actuación, conforme a la normativa actual.
El proyecto Las Salinas es impulsado por Inmobiliaria Las Salinas, perteneciente a Empresas Copec (grupo Angelini), y contempla –en una primera etapa– la remediación ambiental de un terreno históricamente contaminado por casi un siglo de operaciones de las antiguas petroleras. Esa fase de limpieza es la antesala de un desarrollo inmobiliario y recreativo que proyecta viviendas, áreas verdes, comercios y otros.
Sin embargo, la iniciativa en el lugar ha estado marcada por la desconfianza de vecinos, organizaciones medioambientales e incluso del propio Municipio, que durante años han exigido que la justicia ambiental y la salud pública se impongan por sobre cualquier proyecto de construcción en dichos terrenos viñamarinos.
El punto de inflexión se produjo luego que el 26 de agosto de 2025, la DOM recibiera un formulario de Declaración Jurada de Obras Preliminares para la instalación de faenas en el predio frente a la playa Los Marineros, documento suscrito mediante firma digital por Ricardo Labarca, en representación de Las Salinas S.A. En el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, se revisó el expediente y se realizó una visita inspectiva al lugar.
En terreno, los funcionarios del organismo constataron la existencia de cierres perimetrales, un transformador, una zona de generadores eléctricos y al menos siete edificaciones de un piso de altura, correspondientes a contenedores habilitados como oficinas, camarines y comedor, sumando cerca de 300 metros cuadrados construidos y habitables. Todo ello, según la DOM, sin contar con los respectivos permisos exigidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Con estos antecedentes, la DOM solicitó, conforme al Art. 148 del citado cuerpo legal, “restituir el imperio del derecho en materia de legislación urbanística, por cuanto las construcciones fiscalizadas no cuentan con el debido permiso o autorización, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, edificaciones destinadas al uso sin la debida recepción municipal”.
Además, se estableció que esto vulneraría el artículo 145 del mismo cuerpo legal, así como "el emplazamiento de edificaciones en área de riesgo sin las respectivas autorizaciones, vulnerando lo establecido en el Plan Regulador y su Ordenanza Local”.
En consecuencia, y en virtud de la normativa urbanística vigente, la Municipalidad de Viña solicitó ordenar la demolición de las estructuras levantadas sin permiso.
La decisión fue respaldada por la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, que mediante una declaración pública sostuvo que “aquí no hay improvisación ni arbitrariedad. Existe un decreto debidamente fundado, detallado y respaldado técnicamente, que establece con claridad los pasos a seguir”.
Desde el Municipio agregaron que “la inmobiliaria pretende saltarse la fila y eludir la normativa vigente, buscando construir sin cumplir con los permisos que exige la ley. Eso no corresponde”. En la misma línea, enfatizaron que “en un Estado de Derecho, las reglas son iguales para todos y se respetan, sin excepciones ni privilegios”.
La reacción de Inmobiliaria Las Salinas no se hizo esperar. A través de sus abogados, la empresa presentó ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar una demanda contra la casa edilicia por el decreto alcaldicio que instruyó, "de manera equívoca y con fundamentos arbitrarios, la demolición de las instalaciones de faena del proyecto frente a Av. Jorge Montt. Una decisión incomprensible que ataca la normal continuidad de un proyecto de regeneración ambiental clave para la ciudad, la región y el país, pues esas instalaciones transitorias son requisito para cualquier obra".
Según la firma, la acción judicial interpuesta ante el Juzgado de Letras de Viña del Mar, "es hoy la única vía disponible para evitar una medida que desconoce el respaldo ambiental, técnico y judicial con que cuenta el proyecto de descontaminación, que se ha ejecutado de manera continua, fiscalizada y conforme a la ley".
Y agregaron que "es absurdo ordenar la demolición de instalaciones provisorias que ya fueron aprobadas para la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental. No es razonable seguir forzando interpretaciones administrativas que terminan impidiendo precisamente aquello que el proyecto busca resolver: la descontaminación del terreno".
"Argumentar que se requiere un permiso de edificación idéntico al de una obra definitiva o proyecto de construcción para una instalación provisoria destinada a la remediación, da cuenta no solo de la desproporción de lo decidido por el Gobierno local, sino de una contradicción evidente: se exige que cuente con un suelo descontaminado a un proyecto que está precisamente trabajando en saneamiento", complementaron.
Acerca de esta nueva acción del Municipio de la Ciudad Jardín, que se suma a otras que ha ejercido previamente, a juicio de la empresa "intenta poner en riesgo una inversión de largo plazo, afecta la continuidad de cientos de empleos directos e indirectos y envía una señal extremadamente negativa para cualquier iniciativa que busque invertir en regeneración urbana y de saneamiento ambiental en Chile".
Desde Las Salinas señalaron también que "lo que ocurre hoy en el terreno, con el empeño majadero de limitar sus avances, es una situación que trasciende a este proyecto. Se trata de una señal preocupante para la inversión, el empleo y la capacidad del país de hacerse cargo de su propio legado ambiental. Con esta acción, el municipio de Viña del Mar demuestra que la permisología sigue siendo una vía para intentar trabar proyectos significativos que se quieren ejecutar hoy en el país".
Finalmente, afirmaron que "seguiremos trabajando mientras insistiremos que prime el derecho y el bienestar de las personas, haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles para resguardar la continuidad de un proyecto legítimo, aprobado y fiscalizado, indispensable para el futuro de Viña del Mar y del país".
Con esta nueva judicialización, el conflicto por el futuro del paño Las Salinas vuelve a instalarse como uno de los debates urbanos y ambientales más relevantes de Viña del Mar, enfrentando la exigencia municipal de cumplir estrictamente la normativa urbanística con la postura de una empresa que asegura contar con respaldo ambiental y judicial para avanzar en la remediación del terreno frente al borde costero comunal.
PURANOTICIA
